{"id":187,"date":"2025-09-18T10:51:43","date_gmt":"2025-09-18T15:51:43","guid":{"rendered":"https:\/\/balancelegal.co\/?page_id=187"},"modified":"2026-05-20T16:22:18","modified_gmt":"2026-05-20T21:22:18","slug":"actualidad-judicial","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/balancelegal.co\/?page_id=187","title":{"rendered":"ACTUALIDAD"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

El caso<\/h2>\n\n\n\n

– Demanda: Inversiones Techcolombia reclam\u00f3 la indemnizaci\u00f3n de un seguro multirriesgo empresarial.
– Defensa: Seguros Bol\u00edvar se neg\u00f3 a pagar, alegando incumplimientos del asegurado.
– Decisi\u00f3n de la Corte: La aseguradora deb\u00eda pagar, porque el asegurado acredit\u00f3 los tres requisitos del art. 1077 C.Co.: contrato, siniestro y cuant\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

El caso que encendi\u00f3 la discusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

El pronunciamiento surgi\u00f3 a partir de un conflicto entre una empresa y una entidad financiera vigilada. La sociedad acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero, pero los jueces rechazaron el caso argumentando que esa v\u00eda solo estaba habilitada para personas naturales.<\/p>\n\n\n\n

La Corte Suprema decidi\u00f3 intervenir y corregir esa interpretaci\u00f3n, al considerar que cerraba injustificadamente el acceso a la justicia.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

– El trabajador falleci\u00f3 afiliado a la ARL Positiva S.A.
– Sus padres reclamaron la pensi\u00f3n de sobrevivientes (art. 47 Ley 100 de 1993, mod. art. 13 Ley 797 de 2003; art. 11 Ley 776 de 2002).
– La ARL neg\u00f3 el derecho, alegando falta de dependencia econ\u00f3mica.
– El proceso lleg\u00f3 a la Corte, que concluy\u00f3 que s\u00ed hab\u00eda dependencia, pues los aportes del hijo eran necesarios para el m\u00ednimo vital de sus padres.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

El demandante, Fredys Lozano Garc\u00eda, fue vinculado entre 2012 y 2016 mediante contratos de prestaci\u00f3n de servicios, pero en la realidad desempe\u00f1aba funciones propias de un trabajador oficial: cumpl\u00eda horario, recib\u00eda \u00f3rdenes directas, utilizaba elementos de la entidad y desarrollaba actividades permanentes en el \u00e1rea de salud del proyecto INPEC.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

El caso tuvo como protagonista al ciudadano Cristian Alexis D\u00edaz, a quien la DIAN pretend\u00eda declarar responsable subsidiario de deudas fiscales originadas en una empresa que ya hab\u00eda desaparecido jur\u00eddicamente. El alto tribunal record\u00f3 que no es posible derivar responsabilidad de actos expedidos contra un sujeto inexistente, porque la obligaci\u00f3n tributaria exige la existencia de un sujeto pasivo v\u00e1lido.

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"Senior<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante el Concepto con radicado 2025ER0067630, se pronunci\u00f3 en 2025 sobre una consulta relacionada con la cesi\u00f3n gratuita de bienes fiscales. La entidad precis\u00f3 que estos actos no requieren autorizaci\u00f3n de los concejos municipales, pues se rigen por un procedimiento especial establecido en la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 523 de 2021. La aclaraci\u00f3n tiene impacto directo en la gesti\u00f3n de predios ocupados y en la pol\u00edtica de vivienda digna en el pa\u00eds<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"Diverse<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

– La importadora Disan Colombia S.A. trajo al pa\u00eds el producto Clortetraciclina 20%, declar\u00e1ndolo como medicamento veterinario bajo la subpartida 2941.30.20.00.
– La DIAN, en 2018, reclasific\u00f3 el producto como premezcla alimenticia para animales (2309.90.90.00), con arancel del 68% e IVA del 5%, adem\u00e1s de sanci\u00f3n del 10% por supuesta omisi\u00f3n de tributos.
– Tras varios a\u00f1os de litigio, el Consejo de Estado confirm\u00f3 que el producto debe mantenerse como medicamento veterinario y no como alimento.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"Three<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Pero \u00bfpuede ese v\u00ednculo afectivo convertirse autom\u00e1ticamente en un reconocimiento legal de filiaci\u00f3n? La Corte Suprema de Justicia acaba de dar una respuesta clara y contundente.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"Group<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

El caso lleg\u00f3 a la Corte luego de que una mujer demandara para que se declarara que una menor no era hija de su hermano fallecido. Seg\u00fan su versi\u00f3n, el reconocimiento se habr\u00eda hecho cuando \u00e9l ya no estaba en plenas condiciones mentales y, adem\u00e1s, no exist\u00eda un v\u00ednculo biol\u00f3gico real.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"dogs,<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

La controversia surgi\u00f3 en un contrato que se ejecutaba de manera continua en el tiempo. Una de las partes dej\u00f3 de cumplir sus obligaciones y, pese a ello, pretend\u00eda apoyarse en una cl\u00e1usula resolutoria expresa para dar por terminado el contrato y obtener beneficios econ\u00f3micos.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"Couple<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

La sentencia SC1718-2025 de la Corte Suprema de Justicia marca un punto de quiebre. El alto tribunal confirm\u00f3 que las empresas tambi\u00e9n son consumidores financieros y que no pierden esa protecci\u00f3n por el solo hecho de actuar dentro de su actividad econ\u00f3mica<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"Four<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

El fallo record\u00f3 que el derecho a la salud es fundamental en Colombia (arts. 48 y 49 C.P.), y que su protecci\u00f3n se conecta con la dignidad humana. Esto significa que cualquier falla m\u00e9dica que comprometa la vida o la integridad puede generar responsabilidad para la entidad de salud.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"people,<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

– Da\u00f1o emergente (art. 1613 C.C.): todos los gastos m\u00e9dicos, hospitalarios, terapias, medicamentos, pr\u00f3tesis, transporte y atenci\u00f3n especializada.
– Lucro cesante (art. 1614 C.C.): los ingresos que la v\u00edctima deja de percibir en el futuro debido a su condici\u00f3n. En este caso, la Corte reconoci\u00f3 que la ni\u00f1a nunca podr\u00e1 generar ingresos por su invalidez.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"people,<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

La controversia surgi\u00f3 por la construcci\u00f3n de un proyecto vial de inter\u00e9s nacional. La Agencia Nacional de Infraestructura solicit\u00f3 la expropiaci\u00f3n de parte de un predio perteneciente a una empresa privada. Aunque la propietaria no se opuso a entregar el terreno, s\u00ed cuestion\u00f3 el valor de la indemnizaci\u00f3n reconocida por el Estado.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"train,<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

El fallo, proferido en 2025, marca una pauta relevante para jueces, abogados y ciudadanos, al establecer un equilibrio entre el respeto a la ley y la necesidad de evitar injusticias patrimoniales.

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"Three<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

1. Los actos administrativos estaban debidamente motivados, ajustados a las normas y a la jurisprudencia vigente. 
2. No hubo violaci\u00f3n al debido proceso, pues la UGPP s\u00ed valor\u00f3 las pruebas. 
3. La sanci\u00f3n por inexactitud fue correcta, con fundamento en el art\u00edculo 179 de la Ley 1607 de 2012. 

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"Smiling<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

El proceso tuvo origen en un accidente de tr\u00e1nsito entre una camioneta y una motocicleta, en el que los ocupantes de la moto demandaron al conductor del veh\u00edculo y a la aseguradora Allianz Seguros S.A. solicitando indemnizaci\u00f3n de perjuicios.

En primera instancia se profiri\u00f3 condena solidaria, decisi\u00f3n que fue confirmada en segunda instancia. Los demandados acudieron entonces al recurso extraordinario de revisi\u00f3n, bajo la causal octava del art\u00edculo 355 CGP, alegando nulidad.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"downtown,<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

ASPLABEL hab\u00eda declarado p\u00e9rdidas en 2015, pero la DIAN, con base en la informaci\u00f3n reportada por Pepsico, adicion\u00f3 m\u00e1s de $5.000 millones en ingresos, rechaz\u00f3 gastos y costos, desconoci\u00f3 la condici\u00f3n de r\u00e9gimen especial de la entidad e impuso sanci\u00f3n por inexactitud.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"A<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

El proceso se origin\u00f3 en la demanda de nulidad por simulaci\u00f3n de varios contratos que, seg\u00fan los actores, encubr\u00edan operaciones inexistentes. La controversia se centr\u00f3 en la valoraci\u00f3n que hizo el Tribunal de pruebas documentales, testimoniales y confesionales.

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"Flat<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

La DIAN precis\u00f3 que:
– Estos contribuyentes s\u00ed pod\u00edan acogerse al SIMPLE en 2023, en virtud de la Sentencia C-540 de 2023, que revivi\u00f3 la norma que los habilitaba.
– La ausencia en el listado de la Resoluci\u00f3n 000203 de 2024 no impide el reconocimiento, porque dicho listado tiene car\u00e1cter informativo y no constitutivo de derechos.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"Busy<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Corte Suprema ordena indemnizaci\u00f3n por negligencia m\u00e9dica que dej\u00f3 inv\u00e1lida a una menor<\/strong>. La decisi\u00f3n marca un precedente trascendental en la defensa del derecho fundamental a la salud y refuerza la obligaci\u00f3n de las EPS e IPS de garantizar una atenci\u00f3n m\u00e9dica adecuada, oportuna y conforme a los est\u00e1ndares cient\u00edficos<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"old<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

El alto tribunal concluy\u00f3 que los actos fueron expedidos por una autoridad sin competencia funcional, lo que los hace nulos de pleno derecho, incluso si la empresa incumpli\u00f3 materialmente la obligaci\u00f3n de declarar.


<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"traditional,<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

– Primera instancia: el Juzgado neg\u00f3 las pretensiones, considerando que no hubo dolo ni culpa del banco.
– Tribunal de Medell\u00edn: revoc\u00f3 la decisi\u00f3n y conden\u00f3 a Bancolombia a pagar $6.700 millones, bajo el argumento de que prosperar las excepciones implicaba presunci\u00f3n de culpa del ejecutante<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"Picturesque<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Tras fracasar los intentos de casaci\u00f3n, Humberto Arias Bejarano, vinculado como litisconsorte cuasinecesario, acudi\u00f3 al recurso de revisi\u00f3n. Aleg\u00f3 que hab\u00eda surgido un documento clave: un poder otorgado a Hinestrosa Mej\u00eda, anexo a la escritura, que supuestamente demostraba la validez del negocio.

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"Silhouette<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

El comercio electr\u00f3nico se ha convertido en una de las formas m\u00e1s comunes de adquirir bienes y servicios. Sin embargo, tambi\u00e9n ha aumentado el riesgo de fraudes, incumplimientos y productos que no corresponden a lo ofrecido.
Por esta raz\u00f3n, el Estatuto del Consumidor colombiano (Ley 1480 de 2011, art\u00edculo 51) establece el derecho a la Reversi\u00f3n del Pago, una herramienta clave para proteger al comprador cuando realiza pagos con tarjetas de cr\u00e9dito, d\u00e9bito o mediante sistemas de pago electr\u00f3nico<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"Vibrant<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

En cualquier relaci\u00f3n de consumo, la informaci\u00f3n es poder. Para que exista un mercado justo, los consumidores deben contar con datos claros, suficientes y verificables acerca de los bienes y servicios que adquieren. Por ello, el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011, art\u00edculos 23 a 27) consagra el Derecho a la Informaci\u00f3n, imponiendo a productores y proveedores la obligaci\u00f3n de suministrar mensajes veraces y comprensibles.
Este derecho no solo garantiza la libre elecci\u00f3n, sino que protege al consumidor de pr\u00e1cticas enga\u00f1osas y lo empodera para tomar decisiones responsables.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"Sunlit<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

1. Tiempo de espera
– El tribunal arbitral orden\u00f3 que los conductores recibieran el 70% del valor de la hora cuando se vieran obligados a detenerse por causas ajenas a su voluntad.
– La empresa alegaba que esto modificaba la jornada laboral, pero la Corte concluy\u00f3 que se trataba de un beneficio adicional y no de una alteraci\u00f3n del tiempo de trabajo<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"munich,<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

La Corte determin\u00f3 que hubo culpa m\u00e9dica al apartarse de la lex artis, es decir, las reglas de la buena pr\u00e1ctica m\u00e9dica. Los profesionales de salud no actuaron con la diligencia exigida y omitieron medidas que pudieron evitar el da\u00f1o<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"farmer,<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

La controversia tuvo origen en un proceso de nulidad absoluta de un contrato de compraventa de derechos herenciales. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Cali declar\u00f3 nulo el negocio jur\u00eddico por falta de consentimiento, al concluir que la persona que intervino en la operaci\u00f3n no contaba con un poder v\u00e1lido para celebrar la compraventa.

<\/p>\n\n\n\n

\"Capture<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

El caso que lleg\u00f3 a la Corte

La decisi\u00f3n se origin\u00f3 en un proceso de responsabilidad civil extracontractual relacionado con los da\u00f1os causados a un inmueble por la construcci\u00f3n de un edificio. En dicho proceso, dos de los demandados fueron condenados al pago de perjuicios materiales y morales.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"justice,<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

La controversia se origin\u00f3 en un proceso reivindicatorio sobre el predio rural \u201cEl Choc\u00f3\u201d, ubicado en el municipio de Tenjo. Uno de los involucrados hab\u00eda adquirido en remate judicial una cuota ideal del inmueble, correspondiente al 33,33 % del derecho de dominio.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"Elegant<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

La Corte Constitucional profiri\u00f3 la Sentencia SU-277 de 2025, que marc\u00f3 un antes y un despu\u00e9s en la supervisi\u00f3n del sistema de salud en Colombia.
En ella, la Sala Plena ampar\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso de EPS Sanitas y sus accionistas, al dejar sin efectos la intervenci\u00f3n forzosa administrativa ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud.

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"planning,<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante concepto jur\u00eddico emitido (radicado 2025ER0076627), respondi\u00f3 a una serie de consultas sobre arrendamientos y propiedad horizontal. El documento aclara que el canon de arrendamiento y la cuota de administraci\u00f3n son obligaciones distintas, reguladas por leyes diferentes, y explica c\u00f3mo deben manejarse sus incrementos y responsabilidades de pago<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"gavel,<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

En un fallo hist\u00f3rico, la Corte Constitucional record\u00f3 que el acceso a la justicia no puede estar condicionado a formalismos extremos. La Sentencia SU-204 de 2025 resolvi\u00f3 un caso en el que se hab\u00eda negado la reparaci\u00f3n directa a la familia de una v\u00edctima por no aportar a tiempo los registros civiles que acreditaban su parentesco. La Corte dej\u00f3 sin efectos la decisi\u00f3n del Consejo de Estado y abri\u00f3 la puerta a que los jueces decreten pruebas de oficio y flexibilicen la carga probatoria en situaciones que comprometen derechos fundamentales.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"taxes,<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

La Sentencia T-228 de 2025 de la Corte Constitucional de Colombia se ha convertido en un referente ineludible para el derecho comercial y el mercado de seguros de vida. Este fallo analiza la figura de la reticencia \u2014regulada en el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio\u2014 y establece nuevos l\u00edmites para las aseguradoras que intentan negar el pago de p\u00f3lizas por omisi\u00f3n o inexactitud en la declaraci\u00f3n del asegurado.
El pronunciamiento marca un antes y un despu\u00e9s en la protecci\u00f3n al consumidor financiero, en la garant\u00eda del derecho a la vivienda digna y en la forma en que deben interpretarse los contratos de seguro en Colombia.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/h2>\n\n\n\n
\"coin,<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Consejo de Estado anula liquidaci\u00f3n de la DIAN por renta 2012 a favor de FADESA de Colombia S.A.S.<\/h2>\n\n\n\n

El Consejo de Estado, Secci\u00f3n Cuarta, en sentencia del 24 de julio de 2025 (Rad. 13001-23-33-000-2016-01027-01, Exp. 29870, ponencia de Luis Antonio Rodr\u00edguez Monta\u00f1o), declar\u00f3 la nulidad de la liquidaci\u00f3n oficial de revisi\u00f3n emitida por la DIAN contra FADESA de Colombia S.A.S., correspondiente al impuesto de renta del a\u00f1o gravable 2012.


<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"Hand<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Corte Suprema precisa exigibilidad de obligaciones en contratos de joint venture inmobiliarios<\/h1>\n\n\n\n

Introducci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

El sector inmobiliario colombiano suele estructurar proyectos mediante contratos de joint venture, que combinan capital, predios y gesti\u00f3n empresarial. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, en la sentencia SC593-2025 (Rad. 05001-31-03-020-2021-00127-01), analiz\u00f3 un caso sobre la construcci\u00f3n de un complejo hotelero en Medell\u00edn y fij\u00f3 una regla de gran impacto: no puede alegarse incumplimiento de una obligaci\u00f3n mientras el plazo contractual para cumplirla siga vigente<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"shaking<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Cl\u00e1usulas Abusivas en los Contratos de Consumo: lo que debes evitar<\/h1>\n\n\n\n

Introducci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

Al momento de firmar un contrato, muchos consumidores aceptan condiciones sin leer o sin comprender su alcance. Esta pr\u00e1ctica, com\u00fan en contratos de adhesi\u00f3n como los de telefon\u00eda, servicios financieros o p\u00f3lizas de seguros, puede esconder disposiciones que limitan injustificadamente los derechos del consumidor.
El Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011, art\u00edculos 42 a 44) regula las llamadas cl\u00e1usulas abusivas, defini\u00e9ndolas y prohibiendo aquellas que generan un desequilibrio injustificado entre las partes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El caso – Demanda: Inversiones Techcolombia reclam\u00f3 la indemnizaci\u00f3n de un seguro multirriesgo empresarial.– Defensa: Seguros Bol\u00edvar se neg\u00f3 a pagar, alegando incumplimientos del asegurado.– Decisi\u00f3n de la Corte: La aseguradora deb\u00eda pagar, porque el asegurado acredit\u00f3 los tres requisitos del art. 1077 C.Co.: contrato, siniestro y cuant\u00eda. El caso que encendi\u00f3 la discusi\u00f3n El<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"class_list":["post-187","page","type-page","status-publish","hentry"],"uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false,"newsx-150x100":false,"newsx-330x220":false,"newsx-420x280":false,"newsx-510x340":false,"newsx-640x480":false,"newsx-670x370":false,"newsx-860x570":false,"newsx-1000x750":false,"newsx-1200x600":false},"uagb_author_info":{"display_name":"Luis Jimenez","author_link":"https:\/\/balancelegal.co\/?author=2"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"El caso – Demanda: Inversiones Techcolombia reclam\u00f3 la indemnizaci\u00f3n de un seguro multirriesgo empresarial.– Defensa: Seguros Bol\u00edvar se neg\u00f3 a pagar, alegando incumplimientos del asegurado.– Decisi\u00f3n de la Corte: La aseguradora deb\u00eda pagar, porque el asegurado acredit\u00f3 los tres requisitos del art. 1077 C.Co.: contrato, siniestro y cuant\u00eda. El caso que encendi\u00f3 la discusi\u00f3n El","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/187","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=187"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/187\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1772,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/187\/revisions\/1772"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=187"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}