{"id":1080,"date":"2026-02-20T07:54:58","date_gmt":"2026-02-20T12:54:58","guid":{"rendered":"https:\/\/balancelegal.co\/?p=1080"},"modified":"2026-02-20T07:54:58","modified_gmt":"2026-02-20T12:54:58","slug":"38-tributario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/balancelegal.co\/?p=1080","title":{"rendered":"38-TRIBUTARIO"},"content":{"rendered":"\n

Depreciaci\u00f3n acelerada por obsolescencia: cuando la DIAN pierde la discusi\u00f3n probatoria<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La depreciaci\u00f3n acelerada por obsolescencia es una de las figuras m\u00e1s delicadas del impuesto sobre la renta. Bien utilizada, permite reflejar con fidelidad la realidad econ\u00f3mica de una empresa; mal entendida, se convierte en un foco permanente de fiscalizaci\u00f3n, rechazo de p\u00e9rdidas y sanciones.<\/p>\n\n\n\n

La sentencia de la Secci\u00f3n Cuarta del Consejo de Estado<\/strong>, proferida el 13 de noviembre de 2025 dentro del proceso promovido por Yara Industrial Colombia S.A.S.<\/strong> contra la DIAN<\/strong>, marca un punto de inflexi\u00f3n: no toda obsolescencia exige destrucci\u00f3n del activo, ni toda depreciaci\u00f3n acelerada puede rechazarse imponiendo tarifas probatorias inexistentes.<\/p>\n\n\n\n

Este fallo no solo corrige una lectura restrictiva de la Administraci\u00f3n, sino que redefine los l\u00edmites probatorios en materia de depreciaci\u00f3n por cambios econ\u00f3micos y jur\u00eddicos sobrevinientes.<\/p>\n\n\n\n

Desarrollo<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El caso se origin\u00f3 en la declaraci\u00f3n del impuesto sobre la renta del a\u00f1o gravable 2013, en la cual Yara Industrial Colombia S.A.S. registr\u00f3 una p\u00e9rdida fiscal derivada, entre otros factores, de la depreciaci\u00f3n acelerada de activos vinculados a un contrato de coproducci\u00f3n de explosivos suscrito con Indumil<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Tras la terminaci\u00f3n unilateral del contrato en noviembre de 2013 \u2014por inviabilidad econ\u00f3mica\u2014 la compa\u00f1\u00eda aceler\u00f3 la depreciaci\u00f3n de los activos restantes, alegando su obsolescencia. La DIAN desconoci\u00f3 la deducci\u00f3n, redujo la p\u00e9rdida l\u00edquida y aplic\u00f3 sanci\u00f3n por disminuci\u00f3n de p\u00e9rdidas, bajo tres premisas principales:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Que la obsolescencia solo se configura por desgaste f\u00edsico, vida \u00fatil agotada o imposibilidad t\u00e9cnica.<\/li>\n\n\n\n
  2. Que la terminaci\u00f3n de un contrato no genera obsolescencia fiscal.<\/li>\n\n\n\n
  3. Que, al no existir un acta formal de baja o destrucci\u00f3n de los bienes, la depreciaci\u00f3n acelerada era improcedente.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acogi\u00f3 esta postura en primera instancia. Sin embargo, el Consejo de Estado revoc\u00f3 de manera estructural ese razonamiento.<\/p>\n\n\n\n

    La Sala fue categ\u00f3rica al recordar que el art\u00edculo 129 del Estatuto Tributario define la obsolescencia en sentido amplio<\/strong>, incluyendo la inutilidad que pueda preverse como resultado de cambios en circunstancias econ\u00f3micas o jur\u00eddicas<\/strong>, no \u00fanicamente f\u00edsicas o t\u00e9cnicas. La obsolescencia, precis\u00f3 la sentencia, no se agota en el bien en s\u00ed mismo<\/strong>, sino que puede provenir de factores externos que lo vuelven in\u00fatil para la actividad productora de renta.<\/p>\n\n\n\n

    Uno de los puntos m\u00e1s relevantes del fallo es el rechazo expreso a la imposici\u00f3n de una tarifa legal probatoria. El Consejo de Estado reiter\u00f3 que ni el Estatuto Tributario ni la reglamentaci\u00f3n exigen un \u00fanico medio de prueba para acreditar la obsolescencia. Por el contrario, rige el principio de libertad probatoria, siempre que se demuestre de forma clara y evidente la necesidad de abandonar el activo antes del vencimiento de su vida \u00fatil.<\/p>\n\n\n\n

    En el caso concreto, la Sala encontr\u00f3 plenamente acreditados los hechos relevantes: la destinaci\u00f3n exclusiva de los activos al contrato de coproducci\u00f3n, la inviabilidad econ\u00f3mica del negocio, la terminaci\u00f3n del acuerdo en 2013, la entrega material de la planta, el registro contable de la baja, las certificaciones del revisor fiscal y el estudio t\u00e9cnico que explicaba la inutilidad s\u00fabita de los bienes. Ninguno de estos elementos, analizados de manera integral, fue desvirtuado por la DIAN.<\/p>\n\n\n\n

    Especial importancia tuvo el an\u00e1lisis del usufructo<\/strong>. La Sala record\u00f3 que el art\u00edculo 127 del Estatuto Tributario reconoce expresamente al usufructuario como beneficiario de la deducci\u00f3n por depreciaci\u00f3n. En este caso, Yara conservaba el derecho de uso y goce sobre los activos hasta la terminaci\u00f3n del contrato, lo que legitimaba plenamente la depreciaci\u00f3n y su aceleraci\u00f3n cuando se configur\u00f3 la obsolescencia.<\/p>\n\n\n\n

    Asimismo, el Consejo de Estado desmont\u00f3 la tesis seg\u00fan la cual la cl\u00e1usula contractual obligaba a transferir autom\u00e1ticamente los saldos por depreciar a Indumil. La sentencia aclar\u00f3 que dicha transferencia estaba condicionada a un acuerdo posterior entre las partes, el cual no se acredit\u00f3 para el a\u00f1o gravable 2013. En consecuencia, no exist\u00eda fundamento para exigir el cese inmediato del reconocimiento contable y fiscal de la depreciaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    Consecuencias pr\u00e1cticas para empresas y asesores tributarios<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Esta sentencia tiene efectos profundos en la planeaci\u00f3n fiscal y en la defensa de los contribuyentes. En primer lugar, confirma que la obsolescencia no es un concepto t\u00e9cnico restringido<\/strong>, sino una categor\u00eda econ\u00f3mica y jur\u00eddica que debe analizarse a la luz de la realidad del negocio.<\/p>\n\n\n\n

    En segundo lugar, fortalece la posici\u00f3n probatoria del contribuyente: estudios t\u00e9cnicos, certificaciones de revisor fiscal, estados financieros, notas contables y trazabilidad contractual, analizados en conjunto, son suficientes<\/strong> para acreditar la obsolescencia, sin que la Administraci\u00f3n pueda exigir formalidades no previstas en la ley.<\/p>\n\n\n\n

    Desde el punto de vista sancionatorio, el fallo tambi\u00e9n es contundente. Al reconocer la procedencia de la depreciaci\u00f3n acelerada, la Sala descarta la configuraci\u00f3n del hecho sancionable, recordando que cuando existe sustento probatorio y razonabilidad jur\u00eddica, no hay lugar a sanci\u00f3n por disminuci\u00f3n de p\u00e9rdidas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    Para empresarios, este precedente env\u00eda un mensaje claro: las decisiones econ\u00f3micas dif\u00edciles \u2014como terminar un contrato inviable\u2014 no pueden traducirse autom\u00e1ticamente en castigos fiscales si est\u00e1n debidamente soportadas. Para el profesional tributario, la sentencia es una hoja de ruta sobre c\u00f3mo estructurar y defender una depreciaci\u00f3n por obsolescencia con rigor t\u00e9cnico.<\/p>\n\n\n\n

    Cierre<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    El caso Yara Industrial Colombia S.A.S. demuestra que la discusi\u00f3n sobre depreciaci\u00f3n acelerada no se gana con formalismos, sino con comprensi\u00f3n econ\u00f3mica del negocio y solidez probatoria. La obsolescencia no siempre se oxida, ni siempre se destruye: a veces simplemente deja de tener sentido.<\/p>\n\n\n\n

    Este fallo del Consejo de Estado reafirma que, en materia tributaria, la realidad econ\u00f3mica prevalece sobre interpretaciones restrictivas, y que el poder fiscalizador tiene l\u00edmites claros cuando la prueba es consistente, coherente y honesta. En depreciaci\u00f3n, como en todo el derecho tributario, la forma importa, pero la sustancia manda<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Depreciaci\u00f3n acelerada por obsolescencia: cuando la DIAN pierde la discusi\u00f3n probatoria Introducci\u00f3n La depreciaci\u00f3n acelerada por obsolescencia es una de las figuras m\u00e1s delicadas del impuesto sobre la renta. Bien utilizada, permite reflejar con fidelidad la realidad econ\u00f3mica de una empresa; mal entendida, se convierte en un foco permanente de fiscalizaci\u00f3n, rechazo de p\u00e9rdidas y<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-1080","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias"],"uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false,"newsx-150x100":false,"newsx-330x220":false,"newsx-420x280":false,"newsx-510x340":false,"newsx-640x480":false,"newsx-670x370":false,"newsx-860x570":false,"newsx-1000x750":false,"newsx-1200x600":false},"uagb_author_info":{"display_name":"Luis Jimenez","author_link":"https:\/\/balancelegal.co\/?author=2"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Depreciaci\u00f3n acelerada por obsolescencia: cuando la DIAN pierde la discusi\u00f3n probatoria Introducci\u00f3n La depreciaci\u00f3n acelerada por obsolescencia es una de las figuras m\u00e1s delicadas del impuesto sobre la renta. Bien utilizada, permite reflejar con fidelidad la realidad econ\u00f3mica de una empresa; mal entendida, se convierte en un foco permanente de fiscalizaci\u00f3n, rechazo de p\u00e9rdidas y","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1080","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1080"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1080\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1081,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1080\/revisions\/1081"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1080"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1080"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1080"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}