Sentencia del 4 de septiembre de 2025 \u2014 Radicaci\u00f3n 15001-23-33-000-2022-00090-01 (29490)
Ponente: Luis Antonio Rodr\u00edguez Monta\u00f1o
Secci\u00f3n: Cuarta \u2013 Consejo de Estado
Actor: William Hernando Su\u00e1rez S\u00e1nchez
Demandado: Municipio de Sogamoso<\/p>\n\n\n\n
El Consejo de Estado, Secci\u00f3n Cuarta, en sentencia del 4 de septiembre de 2025, reafirm\u00f3 la competencia de los concejos municipales para fijar tarifas diferenciales en el impuesto de alumbrado p\u00fablico, al confirmar la legalidad del art\u00edculo 201 del Acuerdo 032 de 2016 expedido por el Concejo Municipal de Sogamoso. La decisi\u00f3n consolida la jurisprudencia sobre la autonom\u00eda fiscal de las entidades territoriales, la razonabilidad de las tarifas y la validez del cobro del impuesto a usuarios rurales cuando se benefician, de manera real o potencial, del servicio de alumbrado p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
El ciudadano William Hernando Su\u00e1rez S\u00e1nchez demand\u00f3 la nulidad del art\u00edculo 201 del Acuerdo 032 de 2016, que fij\u00f3 las tarifas del impuesto de alumbrado p\u00fablico en Sogamoso, argumentando que el cobro deb\u00eda limitarse a las zonas urbanas y centros poblados, excluyendo las zonas rurales sin luminarias. Afirm\u00f3 que el Concejo Municipal excedi\u00f3 su competencia al establecer tarifas con porcentajes, cobros fijos y mecanismos no autorizados por la ley. El Tribunal Administrativo de Boyac\u00e1 neg\u00f3 las pretensiones, al considerar que el Concejo s\u00ed estaba facultado para definir los elementos del tributo y que las tarifas diferenciales eran compatibles con los principios de equidad y progresividad tributaria. El demandante apel\u00f3, insistiendo en la ilegalidad del cobro por porcentajes, en el abuso de la posici\u00f3n dominante de la alcald\u00eda y en la falta de separaci\u00f3n de cobros en la facturaci\u00f3n del servicio p\u00fablico domiciliario.<\/p>\n\n\n\n
La Secci\u00f3n Cuarta delimit\u00f3 el estudio al an\u00e1lisis de si el Concejo de Sogamoso estaba facultado para fijar tarifas diferenciales en el impuesto de alumbrado p\u00fablico. Record\u00f3 que los art\u00edculos 287, 300-4 y 313-4 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagran la autonom\u00eda territorial para administrar sus recursos y establecer tributos locales dentro de los l\u00edmites legales. Citando las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, reiter\u00f3 que estas normas autorizaron a los concejos municipales para crear el impuesto de alumbrado p\u00fablico y determinar sus elementos esenciales, siempre en concordancia con el servicio gravado. Asimismo, el art\u00edculo 349 de la Ley 1819 de 2016 dispone que los municipios pueden adoptar el impuesto de alumbrado p\u00fablico, definir el hecho generador \u2014el beneficio por la prestaci\u00f3n del servicio\u2014 y fijar la base gravable y las tarifas bajo los principios de progresividad, equidad y eficiencia. La Sala record\u00f3 su sentencia de unificaci\u00f3n del 6 de noviembre de 2019 (Exp. 23103), en la cual estableci\u00f3 que las tarifas del impuesto pueden ser fijas, proporcionales o progresivas, siempre que sean razonables y proporcionales respecto del costo real del servicio. Adem\u00e1s, precis\u00f3 que la carga de probar la desproporci\u00f3n o irrazonabilidad recae sobre el contribuyente.<\/p>\n\n\n\n
El art\u00edculo 201 del Acuerdo 032 de 2016 contempl\u00f3 dos grupos de tarifas: residenciales, con valores fijos mensuales entre 1.734 y 19.079 pesos seg\u00fan el estrato y tarifas de 2.000 y 15.430 pesos para sectores rurales y condominios rurales; y comerciales, industriales y de servicios, con porcentajes entre el 5% y el 25% del consumo mensual de energ\u00eda el\u00e9ctrica. Para el Consejo de Estado, dicho esquema no vulnera la ley ni los principios constitucionales. Por el contrario, refleja una aplicaci\u00f3n leg\u00edtima del principio de capacidad contributiva, en tanto las condiciones econ\u00f3micas de los usuarios residenciales, rurales o comerciales justifican un tratamiento diferenciado. La Sala reiter\u00f3 que las tarifas diferenciales son compatibles con la progresividad tributaria y que el contribuyente debe probar la falta de razonabilidad o proporcionalidad, lo cual no ocurri\u00f3 en este proceso.<\/p>\n\n\n\n
El Consejo de Estado confirm\u00f3 la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyac\u00e1, concluyendo que: el Concejo de Sogamoso s\u00ed ten\u00eda competencia legal para fijar tarifas diferenciales del impuesto de alumbrado p\u00fablico; las tarifas establecidas en el Acuerdo 032 de 2016 no vulneran los principios de igualdad ni equidad; y no se acredit\u00f3 prueba alguna que desvirtuara la presunci\u00f3n de legalidad de la norma. Por ello, se neg\u00f3 la nulidad del art\u00edculo 201 del Acuerdo 032 de 2016 y se mantuvo en firme el marco tarifario del municipio.<\/p>\n\n\n\n
La sentencia reafirma que los municipios pueden establecer tarifas fijas o proporcionales en el impuesto de alumbrado p\u00fablico, conforme a la capacidad econ\u00f3mica de los contribuyentes y al costo del servicio. El Consejo de Estado consolid\u00f3 as\u00ed una doctrina clara: la autonom\u00eda tributaria municipal incluye la facultad de fijar tarifas diferenciales, siempre que sean razonables, proporcionales y est\u00e9n sustentadas en la metodolog\u00eda establecida por la CREG.<\/p>\n\n\n\n
Art\u00edculos 287, 300-4, 313-4 y 338 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; Ley 97 de 1913; Ley 84 de 1915; Ley 142 de 1994; Ley 143 de 1994; Decreto 2424 de 2006; Resoluci\u00f3n 043 de 1995 CREG; Ley 1150 de 2007 (art. 29); Ley 1819 de 2016 (art. 349); art\u00edculos 320 y 328 del CGP; art\u00edculo 188 del CPACA; Sentencia de Unificaci\u00f3n 6 de noviembre de 2019 (Exp. 23103).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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