An\u00e1lisis para profesionales: legitimaci\u00f3n por activa, correcta interpretaci\u00f3n de la Ley 1328 de 2009 y riesgos de confundir reg\u00edmenes de consumo.<\/em><\/p>\n\n\n\n La sentencia SC1718-2025 de la Corte Suprema de Justicia constituye un precedente de enorme valor para la litigaci\u00f3n en materia financiera. No solo por el sentido de la decisi\u00f3n, sino por la forma en que corrige un error metodol\u00f3gico frecuente: trasladar al consumidor financiero criterios propios del Estatuto General del Consumidor. El caso se origin\u00f3 en una acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero promovida por las sociedades integrantes del Consorcio Vivienda para todos San Crist\u00f3bal contra Alianza Fiduciaria S.A., con ocasi\u00f3n del incumplimiento alegado de un contrato de fiducia mercantil inmobiliaria. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia bajo el argumento de que las demandantes no eran consumidoras financieras, por cuanto el negocio fiduciario estaba ligado intr\u00ednsecamente a su objeto social y no satisfac\u00eda una necesidad ajena o final. La Corte fue enf\u00e1tica en se\u00f1alar que el concepto de consumidor financiero est\u00e1 definido de manera expresa en la Ley 1328 de 2009 y no admite restricciones adicionales creadas por interpretaci\u00f3n. Al constatar la indebida interpretaci\u00f3n del literal d) del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 1328, la Corte cas\u00f3 la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, confirm\u00f3 el fallo de primer grado que hab\u00eda reconocido la legitimaci\u00f3n del Consorcio como consumidor financiero. De la SC1718-2025 se desprenden varias ense\u00f1anzas pr\u00e1cticas: La SC1718-2025 redefine con precisi\u00f3n los contornos del consumidor financiero en Colombia. Para el profesional del Derecho, el mensaje es inequ\u00edvoco: la Ley 1328 consagra un r\u00e9gimen aut\u00f3nomo, amplio y protector, que no puede ser restringido mediante la importaci\u00f3n de criterios propios de otros estatutos. Fuente: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, sentencia SC1718-2025, rad. 11001-31-99-003-2022-02013-01, 15 de agosto de 2025.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La empresa como consumidor financiero: errores estrat\u00e9gicos y lecciones procesales de la SC1718-2025 An\u00e1lisis para profesionales: legitimaci\u00f3n por activa, correcta interpretaci\u00f3n de la Ley 1328 de 2009 y riesgos de confundir reg\u00edmenes de consumo. 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Para el abogado litigante y el asesor empresarial, este fallo ofrece una hoja de ruta clara sobre c\u00f3mo estructurar la legitimaci\u00f3n por activa de personas jur\u00eddicas frente a entidades vigiladas, y sobre los riesgos procesales de una lectura restrictiva que no tiene respaldo legal.<\/p>\n\n\n\n1. El n\u00facleo del litigio: legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de consumidor financiero<\/h2>\n\n\n\n
La discusi\u00f3n no gir\u00f3 en torno a la existencia del contrato ni a la calidad de entidad vigilada de la fiduciaria, sino a la legitimaci\u00f3n por activa: si una empresa que act\u00faa dentro de su actividad econ\u00f3mica puede o no ser considerada consumidora financiera.<\/p>\n\n\n\n2. El yerro del Tribunal: una interpretaci\u00f3n finalista donde la ley no la exige<\/h2>\n\n\n\n
La Corte Suprema identific\u00f3 all\u00ed un error de interpretaci\u00f3n normativa: el Tribunal import\u00f3 al r\u00e9gimen financiero un criterio propio de la Ley 1480 de 2011, exigiendo la condici\u00f3n de destinatario final como requisito de acceso a la acci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n3. La correcci\u00f3n de la Corte: autonom\u00eda conceptual del r\u00e9gimen de la Ley 1328<\/h2>\n\n\n\n
Bajo este r\u00e9gimen, consumidor financiero es todo cliente, usuario o cliente potencial de una entidad vigilada. A su vez, cliente es la persona natural o jur\u00eddica que establece relaciones contractuales o legales para el suministro de productos o servicios financieros.
Desde esta \u00f3ptica, resulta irrelevante que el servicio se contrate dentro del giro ordinario del negocio o que el cliente tenga experiencia t\u00e9cnica o capacidad econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n4. Impacto procesal: la Corte CASA y confirma la sentencia de primera instancia<\/h2>\n\n\n\n
Este punto es estrat\u00e9gico: la Corte no solo fija doctrina, sino que restablece el acceso efectivo a la jurisdicci\u00f3n especializada, corrigiendo una barrera artificial que habr\u00eda vaciado de contenido la acci\u00f3n de protecci\u00f3n para m\u00faltiples actores empresariales.<\/p>\n\n\n\n5. Lecciones estrat\u00e9gicas para la pr\u00e1ctica profesional<\/h2>\n\n\n\n
\u2022 En la estructuraci\u00f3n de demandas ante la Superintendencia Financiera, la legitimaci\u00f3n debe anclarse directamente en la Ley 1328, evitando debates innecesarios sobre destinaci\u00f3n final.
\u2022 Frente a defensas basadas en la profesionalidad del cliente, el precedente permite neutralizar ese argumento como jur\u00eddicamente impertinente.
\u2022 En apelaci\u00f3n y casaci\u00f3n, el fallo ofrece un ejemplo claro de error de derecho por indebida interpretaci\u00f3n normativa, \u00fatil para estructurar cargos s\u00f3lidos.
En s\u00edntesis, este precedente fortalece la posici\u00f3n del empresario frente a bancos y fiduciarias, al reafirmar que la protecci\u00f3n financiera no se pierde por el solo hecho de actuar como empresa.<\/p>\n\n\n\nConclusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n
Este fallo no solo corrige un error puntual del Tribunal, sino que se erige como una herramienta estrat\u00e9gica para la defensa de empresas frente a entidades financieras, asegurando el acceso real y efectivo a los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el legislador.<\/p>\n\n\n\n