Contribuci\u00f3n adicional SSPD 2020 y efectos erga omnes de la nulidad del acto general: alcance definitivo del precedente para prestadores de servicios p\u00fablicos<\/p>\n\n\n\n
Introducci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n
La litigiosidad en torno a la contribuci\u00f3n adicional creada por el art\u00edculo 314 de la Ley 1955 de 2019 contin\u00faa consolidando uno de los cap\u00edtulos m\u00e1s relevantes del derecho tributario de los servicios p\u00fablicos domiciliarios. A pesar de los pronunciamientos de constitucionalidad con efectos diferidos, el verdadero punto de quiebre se ha situado en la legalidad de los actos administrativos generales que desarrollaron la base gravable del tributo.<\/p>\n\n\n\n
La sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso adelantado por la Empresa de Energ\u00eda de Pereira S.A. ESP contra la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios reafirma, con contundencia t\u00e9cnica, los efectos inmediatos, generales y erga omnes de la nulidad de los actos administrativos generales y su impacto directo sobre las liquidaciones individuales a\u00fan discutidas en sede judicial.<\/p>\n\n\n\n
Desarrollo<\/p>\n\n\n\n
La controversia se origin\u00f3 en la Liquidaci\u00f3n Adicional SSPD 20205340068396 del 21 de septiembre de 2020, mediante la cual la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios determin\u00f3 a cargo de la Empresa de Energ\u00eda de Pereira S.A. ESP la contribuci\u00f3n adicional correspondiente al a\u00f1o 2020, con fundamento en los art\u00edculos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 y en la Resoluci\u00f3n SSPD 20201000033335 del 20 de agosto de 2020.<\/p>\n\n\n\n
La demandante cuestion\u00f3 la legalidad de los actos, entre otros cargos, por la p\u00e9rdida de fuerza ejecutoria del acto general que defin\u00eda la base gravable, la inexistencia de una situaci\u00f3n jur\u00eddica consolidada y la vulneraci\u00f3n del principio de irretroactividad tributaria, toda vez que la contribuci\u00f3n se determin\u00f3 con base en costos y gastos del a\u00f1o 2019, coincidente con la entrada en vigencia de la Ley 1955.<\/p>\n\n\n\n
Aunque la Superintendencia sostuvo que las sentencias de la Corte Constitucional hab\u00edan preservado los efectos de la contribuci\u00f3n para la vigencia 2020 por tratarse de situaciones jur\u00eddicas consolidadas, el Consejo de Estado abord\u00f3 el problema desde un \u00e1ngulo decisivo: la anulaci\u00f3n del art\u00edculo 2 de la Resoluci\u00f3n SSPD 20201000033335 de 2020.<\/p>\n\n\n\n
La Sala record\u00f3 que, mediante sentencia del 26 de junio de 2024, esta Secci\u00f3n declar\u00f3 la nulidad del citado art\u00edculo por vulnerar el principio de irretroactividad tributaria, al fijar la base gravable del a\u00f1o 2020 con fundamento en informaci\u00f3n financiera del mismo a\u00f1o en que entr\u00f3 a regir la Ley 1955 de 2019. Este acto general, anulado con efectos erga omnes, constitu\u00eda el soporte normativo indispensable de las liquidaciones particulares.<\/p>\n\n\n\n
Bajo esta premisa, el Consejo de Estado reiter\u00f3 que la nulidad de un acto administrativo general produce efectos inmediatos sobre todas las situaciones jur\u00eddicas no consolidadas, esto es, aquellas que a\u00fan se encuentran en discusi\u00f3n administrativa o judicial. En el caso concreto, la liquidaci\u00f3n de la contribuci\u00f3n adicional de la Empresa de Energ\u00eda de Pereira no hab\u00eda adquirido firmeza, por lo que deb\u00eda decaer junto con el acto general que le serv\u00eda de fundamento.<\/p>\n\n\n\n
La Sala fue categ\u00f3rica al se\u00f1alar que la anulaci\u00f3n del art\u00edculo 2 de la Resoluci\u00f3n SSPD 20201000033335 no constitu\u00eda un vicio parcial o irrelevante, sino que afectaba directamente la determinaci\u00f3n del elemento esencial de la obligaci\u00f3n tributaria: la base gravable. En consecuencia, confirm\u00f3 la nulidad de los actos particulares demandados y declar\u00f3 que la empresa no estaba obligada a pagar la contribuci\u00f3n adicional correspondiente al a\u00f1o 2020.<\/p>\n\n\n\n
Fuente jurisprudencial: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Cuarta, sentencia del 23 de octubre de 2025, Rad. 25000-23-37-000-2022-00343-01 (30140), M.P. Wilson Ramos Gir\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Ense\u00f1anzas estrat\u00e9gicas para profesionales<\/p>\n\n\n\n
Esta providencia consolida ense\u00f1anzas de enorme valor estrat\u00e9gico. En primer lugar, reafirma que la discusi\u00f3n sobre situaciones jur\u00eddicas consolidadas no puede abstraerse de la legalidad del acto administrativo general que concreta los elementos del tributo.<\/p>\n\n\n\n
En segundo t\u00e9rmino, fortalece la estrategia procesal consistente en atacar los actos generales que sirven de soporte a las liquidaciones individuales, pues su nulidad irradia efectos inmediatos sobre todos los actos particulares a\u00fan controvertidos.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, la sentencia precisa que la preservaci\u00f3n temporal de una norma legal declarada inexequible no subsana los vicios de legalidad de los actos administrativos que la desarrollan, cuando estos vulneran principios constitucionales como la irretroactividad tributaria.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, el fallo aporta seguridad jur\u00eddica al reiterar que los efectos erga omnes de la nulidad de los actos generales no pueden relativizarse bajo argumentos de conveniencia fiscal o sostenibilidad financiera de la administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Conclusi\u00f3n<\/p>\n\n\n\n
La sentencia 30140 de 2025 del Consejo de Estado se erige como un precedente definitivo en materia de contribuci\u00f3n adicional de la SSPD. Su valor no radica \u00fanicamente en la anulaci\u00f3n de una liquidaci\u00f3n espec\u00edfica, sino en la claridad con la que delimita los efectos jur\u00eddicos de la nulidad de los actos administrativos generales.<\/p>\n\n\n\n
Para los profesionales del derecho tributario y de los servicios p\u00fablicos, este fallo confirma que la defensa t\u00e9cnica eficaz exige una lectura integral del sistema normativo y jurisprudencial, donde el control de legalidad de los actos generales se convierte en una herramienta central para la protecci\u00f3n de los derechos de los contribuyentes.
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