Introducci\u00f3n
La sentencia de segunda instancia proferida el 23 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Secci\u00f3n Cuarta, en el caso de Doblev\u00eda Comunicaciones S.A. contra el Distrito Tur\u00edstico y Cultural de Cartagena de Indias, constituye un precedente determinante en materia de Impuesto de Industria y Comercio. El fallo aborda con rigor t\u00e9cnico uno de los conflictos m\u00e1s recurrentes en la tributaci\u00f3n territorial: la doble imposici\u00f3n derivada del desconocimiento de ingresos obtenidos en otras jurisdicciones municipales y la indebida exigencia probatoria por parte de las administraciones locales.<\/p>\n\n\n\n
Desarrollo
El conflicto se origin\u00f3 a partir de la declaraci\u00f3n del ICA correspondiente al a\u00f1o gravable 2014, en la cual Doblev\u00eda Comunicaciones S.A. report\u00f3 ingresos obtenidos en distintas jurisdicciones municipales, incluidos Medell\u00edn, Bogot\u00e1, Cali y Pereira. La Secretar\u00eda de Hacienda de Cartagena, al adelantar la fiscalizaci\u00f3n, desconoci\u00f3 una parte significativa de los ingresos declarados como extraterritoriales, bajo el argumento de que el contribuyente no hab\u00eda probado adecuadamente el pago del impuesto en otras ciudades, particularmente en Medell\u00edn.
Como consecuencia de esa valoraci\u00f3n restrictiva de la prueba, la administraci\u00f3n adicion\u00f3 dichos ingresos a la base gravable del impuesto en Cartagena, increment\u00f3 de forma sustancial el tributo a cargo e impuso una sanci\u00f3n por inexactitud del 160 %. Aunque en sede de reconsideraci\u00f3n se aceptaron parcialmente algunos ingresos declarados en otras jurisdicciones, se mantuvo el rechazo de los ingresos correspondientes a Medell\u00edn.
El Consejo de Estado confirm\u00f3 la nulidad parcial de los actos administrativos y fue enf\u00e1tico en recordar que no existe una tarifa legal de prueba para acreditar la territorialidad del ICA. La Sala precis\u00f3 que la declaraci\u00f3n presentada en otro municipio no es el \u00fanico medio probatorio admisible y que la administraci\u00f3n est\u00e1 obligada a valorar de manera conjunta todos los elementos aportados por el contribuyente.
En el caso concreto, se demostr\u00f3 que los ingresos declarados en Medell\u00edn coincid\u00edan plenamente con los certificados del revisor fiscal y con la informaci\u00f3n contable de la sociedad, sin que la administraci\u00f3n distrital aportara prueba alguna que permitiera concluir que dichos ingresos se hubieran generado en la jurisdicci\u00f3n de Cartagena. El rechazo de la prueba, basado exclusivamente en la ausencia de sellos formales en la declaraci\u00f3n presentada en Medell\u00edn, fue considerado insuficiente y contrario a los principios que rigen la valoraci\u00f3n probatoria en materia tributaria.
Adicionalmente, la Sala descart\u00f3 que la falta de respuesta al requerimiento especial pudiera justificar, por s\u00ed sola, la adici\u00f3n de ingresos a la base gravable y la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n. Destac\u00f3 que, aun cuando el contribuyente no respondi\u00f3 oportunamente, aport\u00f3 pruebas id\u00f3neas en sede de reconsideraci\u00f3n que fueron incluso valoradas parcialmente por la propia administraci\u00f3n, lo que desvirt\u00faa cualquier presunci\u00f3n autom\u00e1tica de inexactitud.<\/p>\n\n\n\n
Ense\u00f1anzas que deja la sentencia
Esta providencia deja lecciones esenciales para la pr\u00e1ctica del derecho tributario territorial. En primer lugar, reafirma que las entidades territoriales no pueden desconocer ingresos extraterritoriales mediante interpretaciones r\u00edgidas o formalistas de la prueba. La acreditaci\u00f3n del hecho generador del ICA admite m\u00faltiples medios probatorios y exige una valoraci\u00f3n integral.
En segundo t\u00e9rmino, la sentencia advierte sobre los riesgos de configurar escenarios de doble tributaci\u00f3n municipal. La adici\u00f3n de ingresos ya gravados en otra jurisdicci\u00f3n, sin prueba de que se hayan generado localmente, vulnera los principios de justicia tributaria y territorialidad.
Finalmente, el fallo consolida una l\u00ednea protectora del derecho de defensa del contribuyente, al recordar que la sanci\u00f3n por inexactitud no puede fundarse en presunciones autom\u00e1ticas ni en la sola inactividad inicial frente a un requerimiento, cuando existen pruebas posteriores que desvirt\u00faan las glosas formuladas.<\/p>\n\n\n\n
Conclusi\u00f3n
La sentencia del 23 de octubre de 2025 en el caso Doblev\u00eda Comunicaciones S.A. se erige como un precedente clave para delimitar el alcance del poder tributario de los municipios en materia de ICA. Para los profesionales del derecho tributario, el fallo confirma que la defensa frente a ajustes territoriales indebidos debe centrarse en la prueba integral de la extraterritorialidad de los ingresos y en la exigencia de una valoraci\u00f3n probatoria razonada por parte de la administraci\u00f3n. Se trata de una decisi\u00f3n que fortalece la seguridad jur\u00eddica y ofrece herramientas concretas para contener pr\u00e1cticas fiscales que conducen a la doble imposici\u00f3n municipal.
Fuente: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Cuarta, sentencia del 23 de octubre de 2025, Rad. 13001-23-33-000-2019-00322-01 (29868).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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