En una reciente sentencia del Consejo de Estado, Secci\u00f3n Cuarta, del 24 de julio de 2025 (radicado 66001-23-33-000-2022-00151-01), la alta corte analiz\u00f3 un caso que toca el coraz\u00f3n de la fiscalizaci\u00f3n tributaria: cu\u00e1ndo los ingresos deben considerarse propios del contribuyente y cu\u00e1ndo corresponden a ingresos recibidos para terceros. La decisi\u00f3n tiene profundas repercusiones para asociaciones, cooperativas y entidades sin \u00e1nimo de lucro que act\u00faan como intermediarias en operaciones comerciales.
\u2696\ufe0f El caso en discusi\u00f3n
La Asociaci\u00f3n Nacional Agropecuaria de Productores de Pl\u00e1tano de Bel\u00e9n de Umbr\u00eda (ASPLABEL) present\u00f3 su declaraci\u00f3n de renta del a\u00f1o gravable 2015 reportando p\u00e9rdidas. La DIAN, al revisar la informaci\u00f3n ex\u00f3gena de su cliente Pepsico, encontr\u00f3 ingresos no declarados por m\u00e1s de 5.000 millones de pesos y decidi\u00f3 adicionarlos, adem\u00e1s de imponer sanci\u00f3n por inexactitud.
La asociaci\u00f3n aleg\u00f3 que esos ingresos no eran suyos, sino de los productores de pl\u00e1tano que representaba, y que ella solo fung\u00eda como intermediaria. En su defensa, sostuvo que deb\u00edan reconocerse los costos asociados o, en su defecto, aplicarse los costos presuntos del art\u00edculo 82 del Estatuto Tributario.
\ud83d\udcca La posici\u00f3n de la DIAN
La administraci\u00f3n tributaria consider\u00f3 que la operaci\u00f3n era una compraventa propia de ASPLABEL y no de sus asociados. En efecto, los registros contables mostraban compras en la cuenta 6205 y pagos a proveedores en la 2205, lo que evidenciaba adquisici\u00f3n y reventa. Adem\u00e1s, la oferta de suministro presentada a Pepsico inclu\u00eda costos de transporte, seguros y fletes asumidos directamente por la asociaci\u00f3n, lo que reforzaba su papel como vendedora.
\ud83c\udfdb\ufe0f Lo que dijo el Consejo de Estado
El alto tribunal confirm\u00f3 la tesis de la DIAN y del Tribunal Administrativo de Risaralda:
– Los documentos contables, las facturas y la oferta de suministro evidenciaban operaciones de compra y venta propias, no ingresos de terceros.
– El hecho de que la asociaci\u00f3n hubiera reclasificado en sus estados financieros parte de los ingresos como \u201crecibidos para terceros\u201d no era prueba de intermediaci\u00f3n, sino un ajuste contable sin soporte contractual.
– El contribuyente ten\u00eda la carga de probar los costos directos asociados a los ingresos adicionados, y al no hacerlo de manera clara y totalizada, no pod\u00eda pretender que el juez o la DIAN los calcularan por \u00e9l.
– El art\u00edculo 82 del Estatuto Tributario sobre costos presuntos es excepcional: solo procede cuando es imposible determinar los costos reales mediante prueba directa y requiere informaci\u00f3n econ\u00f3mica o estad\u00edstica confiable, lo cual no fue aportado.
– La sanci\u00f3n por inexactitud se mantuvo porque no hab\u00eda una diferencia de criterios jur\u00eddicos, sino hechos no demostrados que redujeron el impuesto a pagar.
\ud83d\udccc Normas claves aplicadas
– Art\u00edculo 26 E.T. \u2013 Renta l\u00edquida como base gravable.
– Art\u00edculo 82 E.T. \u2013 Costos presuntos, aplicables de forma supletoria.
– Art\u00edculos 107, 647, 711, 742 E.T. \u2013 Deducciones, sanci\u00f3n por inexactitud, carga de la prueba.
– Art\u00edculo 167 C.G.P. \u2013 Reglas sobre carga de la prueba.
– Sentencias del Consejo de Estado: 14 de octubre de 1994 (exp. 5756), 13 de junio de 2023 (exp. 26913), entre otras.
\ud83d\ude80 Lecciones para contribuyentes y asesores
Esta sentencia env\u00eda un mensaje claro: la prueba contable y contractual es esencial en el procedimiento tributario. No basta con ajustes en los estados financieros; si un ingreso realmente pertenece a terceros, debe demostrarse con contratos, actas, declaraciones y soportes s\u00f3lidos.
Adem\u00e1s, los costos presuntos no son un salvavidas autom\u00e1tico: requieren un esfuerzo probatorio del contribuyente y solo se aplican cuando no es posible identificar costos reales.
Finalmente, la sanci\u00f3n por inexactitud no se levanta alegando \u201cdiferencia de criterios\u201d si lo que hay es ausencia de pruebas. Para los litigantes, esto refuerza la necesidad de armar expedientes probatorios completos desde la etapa administrativa.
\u2705 Conclusi\u00f3n
El Consejo de Estado reafirma que el impuesto de renta grava utilidades reales, pero que la responsabilidad de demostrar costos y sustentar ingresos recae en el contribuyente. Asociaciones, cooperativas y entidades sin \u00e1nimo de lucro deben reforzar su documentaci\u00f3n y contabilidad para evitar que la DIAN les atribuya ingresos como propios y, en consecuencia, les imponga cargas tributarias y sanciones que podr\u00edan haberse evitado con una adecuada planeaci\u00f3n y soporte probatorio.
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