An\u00e1lisis de la Sentencia del Consejo de Estado, Secci\u00f3n Cuarta, Rad. 29399 (16 de octubre de 2025)<\/p>\n\n\n\n
INTRODUCCI\u00d3N<\/p>\n\n\n\n
La fiscalizaci\u00f3n tributaria moderna ya no se discute solo en torno a cifras y depuraciones contables. Cada vez m\u00e1s, los litigios se concentran en aspectos procedimentales, probatorios y de interpretaci\u00f3n normativa que pueden definir el destino completo de una actuaci\u00f3n administrativa. La notificaci\u00f3n electr\u00f3nica, el acceso a la jurisdicci\u00f3n v\u00eda per saltum y la prueba de los ingresos recibidos para terceros se han convertido en ejes cr\u00edticos del debate.<\/p>\n\n\n\n
En esta sentencia, el Consejo de Estado aborda de manera integral estos temas en el contexto del impuesto sobre la renta para la equidad \u2013 CREE del a\u00f1o 2016, fijando criterios de gran impacto para contribuyentes y asesores tributarios.<\/p>\n\n\n\n
DESARROLLO DEL CASO<\/p>\n\n\n\n
Antecedentes relevantes<\/p>\n\n\n\n
La DIAN adelant\u00f3 proceso de fiscalizaci\u00f3n contra la sociedad Vig\u00eda Servicio Especial S.A.S. y, mediante liquidaci\u00f3n oficial de revisi\u00f3n, adicion\u00f3 ingresos por valor de $2.160.568.000, reclasific\u00f3 deducciones como costos e impuso sanci\u00f3n por inexactitud. La sociedad atendi\u00f3 el requerimiento especial y demand\u00f3 la liquidaci\u00f3n oficial directamente ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, acudiendo a la figura de la demanda per saltum.<\/p>\n\n\n\n
En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Huila neg\u00f3 las pretensiones, al considerar que la liquidaci\u00f3n oficial hab\u00eda sido notificada en debida forma y que, en consecuencia, no proced\u00eda el acceso directo a la jurisdicci\u00f3n sin agotar el recurso de reconsideraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Problemas jur\u00eddicos analizados<\/p>\n\n\n\n
En sede de apelaci\u00f3n, la Secci\u00f3n Cuarta del Consejo de Estado abord\u00f3, entre otros, los siguientes problemas jur\u00eddicos:<\/p>\n\n\n\n
(i) Si la liquidaci\u00f3n oficial de revisi\u00f3n fue notificada electr\u00f3nicamente en debida forma.
(ii) Si la sociedad demandante cumpl\u00eda los requisitos para acudir a la jurisdicci\u00f3n mediante demanda per saltum.
(iii) Si proced\u00eda la adici\u00f3n de ingresos determinados por la DIAN por servicios de transporte prestados a trav\u00e9s de terceros.
(iv) Si era procedente la sanci\u00f3n por inexactitud.<\/p>\n\n\n\n
Notificaci\u00f3n electr\u00f3nica y acceso a la jurisdicci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n
La Sala concluy\u00f3 que la DIAN acredit\u00f3 la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica de la liquidaci\u00f3n oficial mediante correo electr\u00f3nico certificado enviado y entregado a la direcci\u00f3n procesal informada por la contribuyente. Para el Consejo de Estado, el certificado de env\u00edo y entrega emitido por el sistema de notificaciones electr\u00f3nicas constituye prueba suficiente de la notificaci\u00f3n, sin que sea exigible el acuse de recibo como tarifa legal de prueba.<\/p>\n\n\n\n
No obstante, la Sala precis\u00f3 que el contribuyente puede desvirtuar dicha prueba si acredita, mediante prueba t\u00e9cnica o pericial, la existencia de una anomal\u00eda del sistema que le haya impedido el acceso real y material al acto administrativo.<\/p>\n\n\n\n
Demanda per saltum<\/p>\n\n\n\n
Superado el debate sobre la notificaci\u00f3n, el Consejo de Estado revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia y reconoci\u00f3 que la demandante cumpli\u00f3 los requisitos previstos en el art\u00edculo 720 del Estatuto Tributario para acudir directamente a la jurisdicci\u00f3n. En particular, constat\u00f3 que la sociedad atendi\u00f3 oportunamente el requerimiento especial y present\u00f3 la demanda dentro del t\u00e9rmino de caducidad contado desde la notificaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n oficial.<\/p>\n\n\n\n
En consecuencia, la Sala procedi\u00f3 a estudiar de fondo los cargos sustanciales que no hab\u00edan sido analizados por el tribunal.<\/p>\n\n\n\n
Ingresos recibidos para terceros<\/p>\n\n\n\n
En relaci\u00f3n con la adici\u00f3n de ingresos derivados de la prestaci\u00f3n del servicio de transporte a trav\u00e9s de veh\u00edculos de terceros, la Sala efectu\u00f3 una distinci\u00f3n fundamental. Respecto del valor de $1.869.712.000, concluy\u00f3 que la DIAN no pod\u00eda exigir contratos escritos como \u00fanica prueba de la existencia de ingresos para terceros, dado el car\u00e1cter consensual de los contratos de vinculaci\u00f3n y la ausencia de una tarifa legal probatoria.<\/p>\n\n\n\n
El Consejo de Estado se\u00f1al\u00f3 que la administraci\u00f3n desconoci\u00f3 el principio de libertad probatoria y que no despleg\u00f3 una actividad probatoria suficiente para desvirtuar el tratamiento contable dado por la contribuyente a dichos ingresos. Por ello, declar\u00f3 la nulidad parcial de la liquidaci\u00f3n en este punto.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, frente a las diferencias detectadas entre la informaci\u00f3n ex\u00f3gena certificada por terceros y lo contabilizado por la demandante, por valor de $290.856.207, la Sala concluy\u00f3 que la contribuyente no desvirtu\u00f3 las inconsistencias probadas por la DIAN, raz\u00f3n por la cual mantuvo la adici\u00f3n de ingresos por este concepto.<\/p>\n\n\n\n
Sanci\u00f3n por inexactitud<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, el Consejo de Estado determin\u00f3 que la omisi\u00f3n de ingresos dio lugar a un mayor saldo a favor y no obedeci\u00f3 a una simple diferencia de criterios jur\u00eddicos, por lo que confirm\u00f3 la procedencia de la sanci\u00f3n por inexactitud en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 647 del Estatuto Tributario, ajustada a la nueva liquidaci\u00f3n efectuada por la Sala.<\/p>\n\n\n\n
ENSE\u00d1ANZAS Y LECCIONES PARA PROFESIONALES<\/p>\n\n\n\n
Esta sentencia deja lecciones clave para la pr\u00e1ctica tributaria:<\/p>\n\n\n\n
– La notificaci\u00f3n electr\u00f3nica se entiende surtida con la acreditaci\u00f3n del env\u00edo y entrega certificada, salvo prueba t\u00e9cnica en contrario.
– La demanda per saltum es procedente cuando se cumplen estrictamente los requisitos legales, incluso si la administraci\u00f3n alega notificaci\u00f3n v\u00e1lida.
– En materia de ingresos para terceros, la DIAN no puede imponer tarifas legales probatorias inexistentes ni desconocer la naturaleza consensual de los contratos.
– La carga probatoria se distribuye din\u00e1micamente: la administraci\u00f3n debe probar la adici\u00f3n de ingresos y el contribuyente debe desvirtuar las diferencias plenamente acreditadas.
– La sanci\u00f3n por inexactitud procede cuando se demuestra omisi\u00f3n de ingresos y no una mera discrepancia interpretativa.<\/p>\n\n\n\n
CONCLUSI\u00d3N<\/p>\n\n\n\n
El fallo del Consejo de Estado en el caso Vig\u00eda Servicio Especial S.A.S. redefine con claridad los l\u00edmites entre fiscalizaci\u00f3n, prueba y garant\u00edas del contribuyente. La sentencia equilibra las potestades de la DIAN con los principios de legalidad, debido proceso y libertad probatoria, al tiempo que fija est\u00e1ndares exigentes tanto para la administraci\u00f3n como para los contribuyentes.<\/p>\n\n\n\n
Para los profesionales del derecho tributario, esta providencia se consolida como una gu\u00eda imprescindible en litigios sobre notificaci\u00f3n electr\u00f3nica, acceso a la jurisdicci\u00f3n y tratamiento fiscal de los ingresos recibidos para terceros.
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