{"id":2543,"date":"2026-08-31T10:42:47","date_gmt":"2026-08-31T15:42:47","guid":{"rendered":"https:\/\/balancelegal.co\/?p=2543"},"modified":"2026-08-31T10:42:47","modified_gmt":"2026-08-31T15:42:47","slug":"98-litigios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/balancelegal.co\/?p=2543","title":{"rendered":"98-LITIGIOS"},"content":{"rendered":"\n

Fecha de estructuraci\u00f3n, prueba calificada y casaci\u00f3n laboral: la lecci\u00f3n t\u00e9cnica de la SL151-2026 sobre invalidez por enfermedad mental<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Art\u00edculo para profesionales | Balance Legal<\/em><\/p>\n\n\n\n

Hay sentencias que, aunque parten de una historia humana compleja, terminan dejando una advertencia eminentemente t\u00e9cnica para el litigio. La SL151-2026 es una de ellas. El caso involucraba a un afiliado diagnosticado con esquizofrenia que reclamaba pensi\u00f3n de invalidez, con una discusi\u00f3n central sobre la fecha en que deb\u00eda entenderse estructurada su p\u00e9rdida de capacidad laboral. Sin embargo, la Corte Suprema no lleg\u00f3 a reabrir de fondo el debate m\u00e9dico como lo pretend\u00eda el recurrente. La raz\u00f3n fue procesal y casacional: el cargo no logr\u00f3 derribar la sentencia del Tribunal porque mezcl\u00f3 v\u00edas de ataque, se apoy\u00f3 en medios no calificados para casaci\u00f3n y no desvirtu\u00f3 todos los soportes que sosten\u00edan la decisi\u00f3n acusada.<\/p>\n\n\n\n

Para el profesional del derecho laboral y de la seguridad social, la providencia es especialmente \u00fatil porque recuerda que los casos de invalidez por enfermedades mentales cr\u00f3nicas no se ganan \u00fanicamente con diagn\u00f3sticos, historias cl\u00ednicas o una narrativa m\u00e9dica razonable. Se ganan con una estrategia probatoria t\u00e9cnicamente construida desde la primera instancia y, si el asunto llega a casaci\u00f3n, con una demanda extraordinaria capaz de respetar la arquitectura estricta del recurso.<\/p>\n\n\n\n

La decisi\u00f3n tambi\u00e9n obliga a mirar con mayor cuidado la diferencia entre una enfermedad existente, una discapacidad reconocida, una p\u00e9rdida de capacidad laboral superior al 50 % y la fecha jur\u00eddicamente relevante de estructuraci\u00f3n. Esos elementos pueden relacionarse, pero no son id\u00e9nticos. Confundirlos puede llevar a una demanda fuerte en lo humano, pero fr\u00e1gil en lo t\u00e9cnico.<\/p>\n\n\n\n

El caso: una pensi\u00f3n de invalidez definida por la fecha de estructuraci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El proceso fue promovido por R.R.R.R. contra Colfondos S. A. Pensiones y Cesant\u00edas, Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar S. A. y la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, con vinculaci\u00f3n de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Atl\u00e1ntico. El actor solicit\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez, intereses moratorios y acept\u00f3 que, del total de la condena, se descontara la suma que hab\u00eda recibido previamente a t\u00edtulo de devoluci\u00f3n de saldos.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan los antecedentes recogidos por la Corte, el demandante estuvo afiliado a Colfondos desde marzo de 1995 y cotiz\u00f3 hasta 2012. En su historia personal se reportaron diagn\u00f3sticos relacionados con esquizofrenia, tanto en Colombia como en Espa\u00f1a. Posteriormente solicit\u00f3 la calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral. Seguros Bol\u00edvar le determin\u00f3 una PCL del 55 %, con fecha de estructuraci\u00f3n del 13 de septiembre de 2017; la Junta Regional del Atl\u00e1ntico fij\u00f3 una PCL del 55,30 %, estructurada el 14 de diciembre de 2017; y la Junta Nacional confirm\u00f3 esa conclusi\u00f3n. Dentro del proceso, la Junta Regional de Bol\u00edvar, actuando como perito, emiti\u00f3 un dictamen diferente: PCL del 61,30 %, con fecha de estructuraci\u00f3n del 15 de septiembre de 2008.<\/p>\n\n\n\n

La primera instancia acogi\u00f3 esta \u00faltima tesis, dej\u00f3 sin efectos la fecha de estructuraci\u00f3n contenida en el dictamen administrativo, declar\u00f3 una PCL del 61,30 % estructurada el 15 de septiembre de 2008 y conden\u00f3 a Colfondos al reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez, junto con retroactivo, intereses moratorios y el descuento de la devoluci\u00f3n de saldos ya recibida por el actor.<\/p>\n\n\n\n

El Tribunal revoc\u00f3 la decisi\u00f3n. Consider\u00f3 que el asunto deb\u00eda analizarse bajo el art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003, y que el demandante no cumpl\u00eda las 50 semanas cotizadas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n que tuvo por v\u00e1lida: 14 de diciembre de 2017. Aunque advirti\u00f3 falencias en los dict\u00e1menes administrativos por no analizar integralmente algunos antecedentes, tambi\u00e9n concluy\u00f3 que el dictamen emitido por la Junta Regional de Bol\u00edvar no ten\u00eda soporte suficiente para ubicar la estructuraci\u00f3n en 2008, porque del diagn\u00f3stico de esa fecha no pod\u00eda inferirse que entonces existiera una enfermedad severa con p\u00e9rdida de capacidad laboral superior al umbral legal.<\/p>\n\n\n\n

Fuente integrada en el an\u00e1lisis: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral, sentencia SL151-2026, rad. 08001310500520210001101, 4 de febrero de 2026.<\/p>\n\n\n\n

La primera lecci\u00f3n profesional: diagn\u00f3stico no equivale autom\u00e1ticamente a estructuraci\u00f3n de invalidez<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Uno de los puntos m\u00e1s relevantes del caso es que la existencia de un diagn\u00f3stico antiguo no fue suficiente, por s\u00ed sola, para fijar la fecha de estructuraci\u00f3n en ese momento. La parte demandante defend\u00eda que la enfermedad mental ven\u00eda manifest\u00e1ndose desde a\u00f1os anteriores y que el diagn\u00f3stico de septiembre de 2008 demostraba una evoluci\u00f3n patol\u00f3gica suficiente. Sin embargo, el Tribunal consider\u00f3 que ese diagn\u00f3stico no permit\u00eda concluir que para esa fecha existiera ya una p\u00e9rdida de capacidad laboral en el porcentaje requerido para acceder a la prestaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Esa diferencia es crucial para la pr\u00e1ctica. En pensi\u00f3n de invalidez, la fecha de estructuraci\u00f3n no puede ser tratada como una simple fecha de diagn\u00f3stico, ni como el primer momento en que aparecieron s\u00edntomas, ni como el punto m\u00e1s antiguo que resulte conveniente para completar semanas. La estructuraci\u00f3n exige demostrar el momento en que la p\u00e9rdida de capacidad laboral alcanz\u00f3 la entidad jur\u00eddicamente relevante conforme al sistema de calificaci\u00f3n aplicable.<\/p>\n\n\n\n

Para los abogados que litigan enfermedades mentales, cr\u00f3nicas o degenerativas, esto implica una carga probatoria mucho m\u00e1s fina. No basta con aportar documentos cl\u00ednicos que mencionen antecedentes, conductas previas o diagn\u00f3sticos iniciales. Es necesario construir una l\u00ednea t\u00e9cnica que conecte los s\u00edntomas, la evoluci\u00f3n, las secuelas, la funcionalidad del paciente y el porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral en una fecha determinada. Esa l\u00ednea debe poder sostenerse ante el juez, ante los contradictores y, eventualmente, ante la Corte.<\/p>\n\n\n\n

La segunda lecci\u00f3n: los dict\u00e1menes son centrales en instancia, pero no son prueba calificada directa en casaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La sentencia es particularmente valiosa porque reitera una regla que muchos litigantes olvidan cuando llegan al recurso extraordinario: los dict\u00e1menes de p\u00e9rdida de capacidad laboral no son, por s\u00ed mismos, prueba calificada en casaci\u00f3n. La Corte record\u00f3 que, para estructurar un error de hecho por la v\u00eda indirecta, este debe recaer sobre prueba calificada, esto es, documento aut\u00e9ntico, confesi\u00f3n judicial o inspecci\u00f3n judicial, conforme al est\u00e1ndar reiterado por la jurisprudencia laboral.<\/p>\n\n\n\n

Esto no significa que los dict\u00e1menes sean irrelevantes. En las instancias pueden ser decisivos. Pero en casaci\u00f3n su valoraci\u00f3n directa no habilita, por s\u00ed sola, el quiebre del fallo. Para que la Corte pueda llegar a examinar medios no calificados, primero debe demostrarse un error manifiesto sobre una prueba h\u00e1bil. Solo desde all\u00ed puede abrirse el camino para revisar otros elementos probatorios.<\/p>\n\n\n\n

La censura, seg\u00fan la Corte, se apoy\u00f3 de manera importante en dict\u00e1menes y documentos m\u00e9dicos, pero no construy\u00f3 adecuadamente el puente casacional necesario. Esto dej\u00f3 al cargo sin la fuerza requerida para derribar la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad que ampara la sentencia del Tribunal.<\/p>\n\n\n\n

La tercera lecci\u00f3n: no se puede mezclar v\u00eda directa y v\u00eda indirecta dentro del mismo cargo<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El recurrente formul\u00f3 su ataque por la v\u00eda indirecta, alegando errores de hecho en la valoraci\u00f3n probatoria. No obstante, en el desarrollo del cargo introdujo reproches propios de la v\u00eda directa, especialmente relacionados con la aplicaci\u00f3n del Decreto 1507 de 2014, la supuesta utilizaci\u00f3n de una norma derogada y la falta de aplicaci\u00f3n de criterios jurisprudenciales. Para la Corte, esa mixtura fue t\u00e9cnicamente improcedente.<\/p>\n\n\n\n

La raz\u00f3n es conocida, pero conviene insistir en ella: la v\u00eda directa y la v\u00eda indirecta responden a l\u00f3gicas distintas. En la v\u00eda directa se discute la interpretaci\u00f3n, aplicaci\u00f3n o infracci\u00f3n de la norma, aceptando los hechos que dio por establecidos el Tribunal. En la v\u00eda indirecta, en cambio, se cuestiona la construcci\u00f3n f\u00e1ctica de la sentencia, demostrando errores manifiestos derivados de la falta de apreciaci\u00f3n o apreciaci\u00f3n equivocada de pruebas calificadas. Mezclar ambas rutas en un mismo cargo rompe la estructura del recurso.<\/p>\n\n\n\n

La Corte fue clara en que, incluso si se quisiera entender que el ataque ten\u00eda un componente jur\u00eddico, tampoco podr\u00eda estudiarse como v\u00eda directa, porque el recurrente no aceptaba los hechos del Tribunal, sino que los ataba constantemente a una nueva valoraci\u00f3n probatoria. Esa es una advertencia pr\u00e1ctica de alto valor: cuando se dise\u00f1a la demanda de casaci\u00f3n, la elecci\u00f3n de la v\u00eda no es una formalidad. Es la columna vertebral del ataque.<\/p>\n\n\n\n

La cuarta lecci\u00f3n: hay que atacar todos los pilares de la sentencia<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Otro punto determinante fue que el recurrente no logr\u00f3 controvertir integralmente los fundamentos del fallo. El Tribunal no solo se apoy\u00f3 en la existencia de varios dict\u00e1menes administrativos con fecha de estructuraci\u00f3n cercana a 2017. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que el dictamen de la Junta Regional de Bol\u00edvar carec\u00eda de soporte suficiente para justificar la estructuraci\u00f3n en 2008, especialmente porque no demostraba c\u00f3mo, para ese momento, la enfermedad alcanzaba una severidad compatible con la PCL requerida.<\/p>\n\n\n\n

En casaci\u00f3n, dejar en pie un soporte aut\u00f3nomo del fallo puede ser fatal. Aunque el recurrente ataque algunos razonamientos, si permanece inc\u00f3lume un fundamento suficiente para sostener la decisi\u00f3n, la sentencia debe mantenerse. En este asunto, la Corte resalt\u00f3 que no se acredit\u00f3 un error manifiesto con entidad suficiente para modificar el sentido del fallo, por lo que la providencia del Tribunal conserv\u00f3 su presunci\u00f3n de acierto y legalidad.<\/p>\n\n\n\n

Para el litigante, la ense\u00f1anza es directa: antes de redactar el cargo, debe descomponer la sentencia impugnada en todos sus pilares. Despu\u00e9s debe definir cu\u00e1les son jur\u00eddicos, cu\u00e1les son f\u00e1cticos, qu\u00e9 pruebas los soportan y qu\u00e9 v\u00eda corresponde para atacarlos. La casaci\u00f3n no premia la insistencia argumentativa, sino la precisi\u00f3n quir\u00fargica.<\/p>\n\n\n\n

La quinta lecci\u00f3n: en enfermedades cr\u00f3nicas la estrategia probatoria debe construirse desde el inicio<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La SL151-2026 no niega la complejidad de las enfermedades mentales ni desconoce que existen patolog\u00edas de evoluci\u00f3n progresiva. Lo que muestra es que esa complejidad debe traducirse en prueba t\u00e9cnica suficiente. El litigio de invalidez por esquizofrenia, trastornos mentales u otras enfermedades cr\u00f3nicas exige una reconstrucci\u00f3n seria de la historia cl\u00ednica, ocupacional y funcional del afiliado.<\/p>\n\n\n\n

Esa reconstrucci\u00f3n debe responder preguntas concretas: cu\u00e1ndo aparecieron los primeros s\u00edntomas, cu\u00e1ndo hubo diagn\u00f3stico, c\u00f3mo evolucion\u00f3 la enfermedad, qu\u00e9 tratamientos se ordenaron, qu\u00e9 secuelas quedaron, c\u00f3mo se afect\u00f3 la capacidad laboral, cu\u00e1ndo se super\u00f3 el 50 % de p\u00e9rdida de capacidad laboral y cu\u00e1ntas semanas hab\u00eda cotizado el afiliado en los tres a\u00f1os anteriores a esa fecha. Cada pregunta omitida puede convertirse despu\u00e9s en un vac\u00edo probatorio dif\u00edcil de corregir.<\/p>\n\n\n\n

El caso tambi\u00e9n muestra la importancia de controvertir adecuadamente los dict\u00e1menes desde la etapa administrativa y judicial. Si la discusi\u00f3n central es la fecha de estructuraci\u00f3n, no basta con afirmar que la enfermedad es antigua. Hay que demostrar, con soporte t\u00e9cnico, por qu\u00e9 la fecha elegida por la junta o por la aseguradora es equivocada y cu\u00e1l fecha alternativa resulta m\u00e9dicamente sostenible.<\/p>\n\n\n\n

Consecuencias pr\u00e1cticas para el litigio de invalidez<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Para los demandantes y sus apoderados, la sentencia deja una advertencia fuerte: el \u00e9xito de un proceso de pensi\u00f3n de invalidez depende de la coherencia entre la historia m\u00e9dica, el dictamen t\u00e9cnico, las semanas cotizadas y la norma aplicable. Un diagn\u00f3stico grave puede generar empat\u00eda y preocupaci\u00f3n, pero no reemplaza la demostraci\u00f3n jur\u00eddica de los requisitos pensionales.<\/p>\n\n\n\n

Para las AFP, aseguradoras y juntas de calificaci\u00f3n, la providencia tambi\u00e9n tiene un mensaje relevante. Aunque la Corte no cas\u00f3 la sentencia, el Tribunal s\u00ed hab\u00eda advertido que algunos dict\u00e1menes administrativos omitieron un an\u00e1lisis integral de antecedentes importantes. Esto confirma que la calificaci\u00f3n debe ser rigurosa, completa y suficientemente motivada, especialmente cuando se trata de enfermedades mentales con evoluci\u00f3n prolongada.<\/p>\n\n\n\n

Para los litigantes en casaci\u00f3n, el mensaje es todav\u00eda m\u00e1s severo. La demanda extraordinaria debe escoger correctamente la v\u00eda, individualizar las pruebas calificadas, demostrar el error manifiesto, explicar la incidencia del error en la decisi\u00f3n y atacar todos los fundamentos del fallo. Si el cargo se construye como una inconformidad amplia con la valoraci\u00f3n probatoria, pero sin cumplir esas cargas, la Corte no puede sustituir al recurrente en la elaboraci\u00f3n del ataque.<\/p>\n\n\n\n

Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La SL151-2026 deja una lecci\u00f3n profesional poderosa: en pensi\u00f3n de invalidez, especialmente cuando se discuten enfermedades mentales cr\u00f3nicas, el litigio no se define \u00fanicamente por la gravedad del diagn\u00f3stico, sino por la capacidad de probar t\u00e9cnicamente cu\u00e1ndo la p\u00e9rdida de capacidad laboral alcanz\u00f3 relevancia jur\u00eddica. La fecha de estructuraci\u00f3n es el punto que conecta medicina, prueba y derecho pensional. Si ese punto no se demuestra con solidez, el caso puede fracasar aunque la enfermedad sea real y seria.<\/p>\n\n\n\n

La sentencia tambi\u00e9n confirma que la casaci\u00f3n laboral no es una tercera instancia para reabrir libremente el debate m\u00e9dico. Es un recurso extraordinario sometido a reglas estrictas. Quien acude a \u00e9l debe saber si discute derecho o prueba, qu\u00e9 medio probatorio es h\u00e1bil, cu\u00e1l fue el error manifiesto y por qu\u00e9 ese error cambia la decisi\u00f3n. Sin esa disciplina, la Corte no entra a reconstruir el expediente.<\/p>\n\n\n\n

En \u00faltimas, esta providencia ense\u00f1a que el litigio de invalidez exige sensibilidad humana, pero tambi\u00e9n m\u00e1xima t\u00e9cnica jur\u00eddica. La compasi\u00f3n puede explicar el conflicto; la prueba y la casaci\u00f3n deciden el resultado.<\/p>\n\n\n\n

Recomendaciones finales para el lector profesional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Antes de demandar una pensi\u00f3n de invalidez, reconstruya una l\u00ednea cronol\u00f3gica completa de la enfermedad, no solo una lista de diagn\u00f3sticos. Identifique s\u00edntomas, tratamientos, incapacidades, deterioro funcional, historia ocupacional y soportes m\u00e9dicos que permitan justificar la fecha de estructuraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Cuando controvierta un dictamen, no se limite a decir que la enfermedad ven\u00eda de antes. Explique por qu\u00e9, desde el punto de vista t\u00e9cnico, la p\u00e9rdida de capacidad laboral ya alcanzaba el porcentaje exigido en la fecha que usted propone.<\/p>\n\n\n\n

En casaci\u00f3n, separe con absoluta claridad los reproches jur\u00eddicos y los f\u00e1cticos. Si el ataque es por v\u00eda indirecta, fundam\u00e9ntelo en pruebas calificadas y demuestre errores evidentes, no simples diferencias interpretativas.<\/p>\n\n\n\n

Ataque todos los pilares de la sentencia. Si queda en pie una raz\u00f3n aut\u00f3noma suficiente para sostener el fallo, la decisi\u00f3n conservar\u00e1 su presunci\u00f3n de acierto y legalidad.<\/p>\n\n\n\n

En casos de enfermedades mentales, trabaje desde el inicio con una estrategia m\u00e9dico-jur\u00eddica integrada. La historia cl\u00ednica, la evoluci\u00f3n funcional y el dictamen deben hablar el mismo idioma probatorio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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