Introducci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n
El r\u00e9gimen sancionatorio por incumplimiento de deberes formales contin\u00faa siendo uno de los escenarios m\u00e1s sensibles de la fiscalizaci\u00f3n tributaria, especialmente cuando se trata de obligaciones de reporte cuya configuraci\u00f3n no siempre resulta clara para los contribuyentes. En el \u00e1mbito territorial, esta tensi\u00f3n se intensifica cuando las entidades locales ejercen su potestad sancionadora frente a agentes de recaudo de tributos espec\u00edficos.<\/p>\n\n\n\n
La sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado en el proceso promovido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC contra el Distrito Especial de Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n de Medell\u00edn constituye un referente t\u00e9cnico indispensable para los profesionales del derecho tributario. El fallo examina con rigor el alcance del deber de suministro de informaci\u00f3n ex\u00f3gena, la configuraci\u00f3n de la conducta sancionable y la correcta aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad en materia sancionatoria.<\/p>\n\n\n\n
Desarrollo<\/p>\n\n\n\n
La controversia tuvo origen en las resoluciones mediante las cuales el Distrito de Medell\u00edn impuso a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC sanciones por no enviar informaci\u00f3n relacionada con el impuesto de telefon\u00eda fija conmutada correspondiente a los periodos de enero y julio de 2021, y enero y julio de 2022. La sanci\u00f3n fue inicialmente liquidada en el 0,5% de los ingresos brutos obtenidos en el distrito, con un tope de 15.000 UVT por cada periodo.<\/p>\n\n\n\n
La sociedad demandante cuestion\u00f3 la legalidad de los actos sancionatorios bajo el argumento central de que no exist\u00eda obligaci\u00f3n normativa de reportar informaci\u00f3n cuando no se presentaba cartera en mora del tributo. Sostuvo que las resoluciones que reglamentaron el deber de reporte exig\u00edan informar \u00fanicamente en los eventos en que existieran usuarios con obligaciones vencidas, situaci\u00f3n que \u2014a su juicio\u2014 no se configur\u00f3 en los periodos sancionados.<\/p>\n\n\n\n
El Consejo de Estado, tras un an\u00e1lisis detallado del Estatuto Tributario Distrital de Medell\u00edn y de las resoluciones que desarrollaron la obligaci\u00f3n de informaci\u00f3n ex\u00f3gena, precis\u00f3 que el deber de reporte no se limita a la simple existencia de cartera morosa, sino que comprende tambi\u00e9n la obligaci\u00f3n de informar a la administraci\u00f3n si dicha cartera existe o no. La Sala enfatiz\u00f3 que la ausencia de mora no exonera autom\u00e1ticamente al agente de recaudo del deber de reportar, pues la informaci\u00f3n resulta indispensable para las labores de fiscalizaci\u00f3n y control tributario.<\/p>\n\n\n\n
En el caso concreto, la Corporaci\u00f3n constat\u00f3 que para el a\u00f1o 2021 la propia sociedad reconoci\u00f3 la existencia de cartera morosa, aunque suministr\u00f3 la informaci\u00f3n de manera incompleta y en formatos distintos a los exigidos. Respecto del a\u00f1o 2022, evidenci\u00f3 que la empresa omiti\u00f3 completamente informar si exist\u00eda o no cartera en mora, incumpliendo as\u00ed el deber formal previsto en la normativa local.<\/p>\n\n\n\n
No obstante, el Consejo de Estado introdujo un matiz relevante para la pr\u00e1ctica profesional. Si bien confirm\u00f3 la procedencia de la sanci\u00f3n por no enviar informaci\u00f3n, precis\u00f3 que su cuantificaci\u00f3n deb\u00eda ajustarse al principio de favorabilidad consagrado en el ordenamiento jur\u00eddico. En tal sentido, aplic\u00f3 el art\u00edculo 80 de la Ley 2277 de 2022, norma m\u00e1s benigna, y fij\u00f3 la sanci\u00f3n en el tope m\u00e1ximo de 7.500 UVT por cada periodo, descartando la aplicaci\u00f3n del porcentaje sobre ingresos brutos inicialmente utilizado por la administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Fuente jurisprudencial: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Cuarta, sentencia del 10 de octubre de 2025, Rad. 05001-23-33-000-2024-01221-01 (30126), M.P. Myriam Stella Guti\u00e9rrez Arg\u00fcello.<\/p>\n\n\n\n
Ense\u00f1anzas estrat\u00e9gicas para profesionales<\/p>\n\n\n\n
Esta providencia deja varias ense\u00f1anzas de alto valor estrat\u00e9gico. En primer lugar, confirma que el deber de informar no se satisface con una interpretaci\u00f3n restrictiva de la norma, pues incluso la inexistencia de datos relevantes debe ser comunicada a la administraci\u00f3n cuando as\u00ed lo exige el sistema de control tributario.<\/p>\n\n\n\n
En segundo t\u00e9rmino, resalta la importancia de la consistencia probatoria. Las contradicciones entre la informaci\u00f3n suministrada en sede administrativa y la posici\u00f3n asumida en sede judicial debilitan sustancialmente la defensa del contribuyente, como ocurri\u00f3 en este caso.<\/p>\n\n\n\n
En tercer lugar, el fallo refuerza la aplicaci\u00f3n transversal del principio de favorabilidad en materia sancionatoria tributaria, incluso en el \u00e1mbito territorial, lo que obliga a los profesionales a revisar permanentemente los cambios normativos que puedan resultar m\u00e1s benignos para sus clientes.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, la sentencia advierte que el agente de recaudo no puede trasladar a su criterio la determinaci\u00f3n de la sujeci\u00f3n pasiva del tributo, pues dicha competencia corresponde exclusivamente al ente territorial como sujeto activo del impuesto.<\/p>\n\n\n\n
Conclusi\u00f3n<\/p>\n\n\n\n
La sentencia 30126 de 2025 del Consejo de Estado ofrece una lectura equilibrada del r\u00e9gimen sancionatorio por no enviar informaci\u00f3n en tributos territoriales. Si bien valida la potestad sancionadora de la administraci\u00f3n frente al incumplimiento de deberes formales, tambi\u00e9n fija l\u00edmites claros en la cuantificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n y reafirma la vigencia del principio de favorabilidad.<\/p>\n\n\n\n
Para los profesionales del derecho tributario, este fallo se convierte en una herramienta clave para estructurar defensas t\u00e9cnicas s\u00f3lidas, evaluar riesgos sancionatorios y asesorar estrat\u00e9gicamente a los agentes de recaudo frente a sus obligaciones formales.
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