Introducci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n
En los procesos tributarios que involucran sociedades en liquidaci\u00f3n, es frecuente que se confundan tres planos jur\u00eddicos distintos: la existencia del contribuyente, la legitimaci\u00f3n para demandar y la posibilidad de cobro coactivo. La sentencia del Consejo de Estado, Secci\u00f3n Cuarta, del 23 de octubre de 2025, expediente 29752, en el proceso promovido por Karem Melissa Sanabria Le\u00f3n contra la DIAN, ofrece una lecci\u00f3n precisa y t\u00e9cnica sobre estos l\u00edmites.<\/p>\n\n\n\n
El fallo no analiza la legalidad del tributo determinado, sino que fija reglas claras sobre qui\u00e9n puede demandar actos administrativos cuando la sociedad ya se extingui\u00f3 y qu\u00e9 efectos tienen esos actos frente al liquidador.<\/p>\n\n\n\n
Desarrollo<\/p>\n\n\n\n
El caso se origin\u00f3 en la liquidaci\u00f3n oficial de aforo mediante la cual la DIAN determin\u00f3 la retenci\u00f3n en la fuente correspondiente al per\u00edodo 8 del a\u00f1o 2015 a cargo de la sociedad Cl\u00ednica Rey David Sincelejo S.A.S., posteriormente liquidada. La demandante actu\u00f3 en nombre propio y en su condici\u00f3n de ex liquidadora, solicitando la nulidad de los actos y alegando la inexistencia jur\u00eddica de la sociedad.<\/p>\n\n\n\n
El Consejo de Estado parti\u00f3 de una premisa fundamental: la legitimaci\u00f3n en la causa por activa exige identidad entre quien demanda y el titular del derecho sustancial presuntamente vulnerado. Una vez inscrita la cuenta final de liquidaci\u00f3n y cancelada la matr\u00edcula mercantil, la sociedad desaparece del mundo jur\u00eddico y el liquidador cesa sus funciones de representaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En ese contexto, la Sala precis\u00f3 que los actos demandados no definieron ninguna situaci\u00f3n jur\u00eddica particular y concreta en contra de la persona natural que fungi\u00f3 como liquidadora. La liquidaci\u00f3n oficial de aforo y su confirmatoria se dirigieron exclusivamente contra la sociedad, no atribuyeron responsabilidad solidaria ni subsidiaria al liquidador y, por tanto, no afectaron su patrimonio ni sus derechos subjetivos.<\/p>\n\n\n\n
En consecuencia, la demandante carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para controvertir dichos actos. El juez no pod\u00eda pronunciarse sobre la legalidad del tributo, pues faltaba un presupuesto procesal esencial para dictar sentencia de fondo.<\/p>\n\n\n\n
Un aspecto de alto valor tributario del fallo es la aclaraci\u00f3n sobre los efectos de estos actos. El Consejo de Estado reiter\u00f3 que, frente a la inexistencia de la sociedad, las liquidaciones oficiales expedidas no constituyen t\u00edtulos ejecutivos susceptibles de cobro coactivo contra el liquidador. La DIAN no puede convertir, por v\u00eda administrativa, una obligaci\u00f3n de la sociedad extinta en una deuda personal del liquidador sin un acto expreso que declare su responsabilidad conforme a la ley.<\/p>\n\n\n\n
Consecuencias pr\u00e1cticas para liquidadores, empresarios y asesores<\/p>\n\n\n\n
Este precedente deja varias ense\u00f1anzas relevantes. Para los liquidadores, confirma que no pueden demandar actos administrativos que no les imponen obligaciones directas ni afectan su esfera jur\u00eddica, aun cuando hayan intervenido en la actuaci\u00f3n administrativa.<\/p>\n\n\n\n
Para la administraci\u00f3n tributaria, el fallo marca un l\u00edmite claro: los actos expedidos contra sociedades extinguidas no pueden usarse como t\u00edtulos ejecutivos contra quienes ejercieron funciones de liquidaci\u00f3n, salvo que exista una declaratoria expresa de responsabilidad.<\/p>\n\n\n\n
Para empresarios y asesores, la sentencia refuerza la importancia de distinguir entre la legalidad del acto, su ejecutoriedad y su ejecutividad. Que un acto sea v\u00e1lido no significa que pueda cobrarse contra cualquier persona vinculada a la sociedad.<\/p>\n\n\n\n
Cierre<\/p>\n\n\n\n
La sentencia del 23 de octubre de 2025 recuerda una regla esencial del derecho tributario y societario: la extinci\u00f3n de la persona jur\u00eddica redefine por completo el escenario procesal. Sin legitimaci\u00f3n no hay pronunciamiento de fondo, y sin responsabilidad declarada no hay t\u00edtulo ejecutivo.<\/p>\n\n\n\n
Este fallo ense\u00f1a que el rigor procesal protege tanto al contribuyente como a los terceros vinculados. En materia tributaria, no todo el que particip\u00f3 en un proceso puede demandar, ni todo acto v\u00e1lido puede cobrarse.
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