{"id":275,"date":"2025-10-06T08:54:17","date_gmt":"2025-10-06T13:54:17","guid":{"rendered":"https:\/\/balancelegal.co\/?p=275"},"modified":"2026-03-31T15:30:50","modified_gmt":"2026-03-31T20:30:50","slug":"comercial-para-estudiantes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/balancelegal.co\/?p=275","title":{"rendered":"LITIGIOS"},"content":{"rendered":"\n
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La sentencia SL811-2025 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia se erige como un pronunciamiento delimitador, que recuerda con rigor t\u00e9cnico que la excepci\u00f3n del trabajador oficial no se presume, no se ampl\u00eda y no se construye desde la sem\u00e1ntica contractual, sino desde la prueba funcional estricta.<\/p>\n\n\n\n

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La Corte fue enf\u00e1tica en que la lex artis m\u00e9dica no se satisface con simples registros cl\u00ednicos incompletos ni con orientaciones telef\u00f3nicas. Exigi\u00f3 que los profesionales act\u00faen con rigor cient\u00edfico, verificaci\u00f3n cl\u00ednica y acompa\u00f1amiento constante en partos con factores de riesgo<\/p>\n\n\n\n

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M\u00e1s all\u00e1 del reconocimiento del contrato realidad, el n\u00facleo del debate se concentr\u00f3 en la sanci\u00f3n moratoria prevista en el Decreto 797 de 1949 y en la forma en que los jueces abordaron (u omitieron abordar) los recursos interpuestos. Para los profesionales del derecho, esta sentencia ofrece ense\u00f1anzas sobre:

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Este art\u00edculo est\u00e1 dirigido a abogados litigantes y profesionales del Derecho que buscan comprender c\u00f3mo una excepci\u00f3n bien estructurada puede extinguir la acci\u00f3n reivindicatoria, aun cuando el actor cuente con t\u00edtulo y registro, y c\u00f3mo la Corte afina \u2014sin necesariamente casar\u2014 los errores del tribunal de segunda instancia.<\/p>\n\n\n\n

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\"Monochrome<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Art. 167 C.G.P.: establece que incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen, pero faculta al juez a distribuir la carga cuando resulte m\u00e1s razonable exigirla a una de las partes.

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comprobar que se basaron en un acuerdo municipal previamente anulado y que, adem\u00e1s, utilizaba el impuesto de Industria y Comercio (ICA) como par\u00e1metro de c\u00e1lculo. La decisi\u00f3n consolida la doctrina jurisprudencial que proh\u00edbe el uso del ICA como base del impuesto de alumbrado p\u00fablico y protege el principio de legalidad tributaria.<\/p>\n\n\n\n

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Uno de los aportes centrales de la sentencia est\u00e1 en la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 167 C.G.P., que permite redistribuir la carga probatoria seg\u00fan la cercan\u00eda de cada parte con los hechos. En casos de simulaci\u00f3n, aunque corresponde al demandante probar los indicios, la parte demandada (generalmente quien alega haber pagado el precio) debe aportar pruebas s\u00f3lidas y verificables<\/p>\n\n\n\n

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Tanto el juez de primera instancia como el Tribunal Superior negaron las pretensiones. La Corte Suprema, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, confirm\u00f3 dichas decisiones y fij\u00f3 una postura doctrinal de especial relevancia para la pr\u00e1ctica profesional.<\/p>\n\n\n\n

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Los demandados, entre ellos el conductor de la camioneta y la aseguradora Allianz Seguros S.A., acudieron a la causal octava del art\u00edculo 355 CGP, que permite revisi\u00f3n cuando existe nulidad originada en la sentencia o en la actuaci\u00f3n que le sirve de fundamento.

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\"Two<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

El fallo resulta particularmente relevante para litigantes y asesores, pues delimita con precisi\u00f3n los conceptos de justo t\u00edtulo, buena fe posesoria y posesi\u00f3n regular, evitando interpretaciones expansivas que desnaturalicen el r\u00e9gimen de la copropiedad.

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\"High<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

La demandante solicit\u00f3 que se declarara judicialmente la existencia de una filiaci\u00f3n de crianza respecto de dos menores de edad, a quienes hab\u00eda cuidado y acompa\u00f1ado tras el fallecimiento de su padre biol\u00f3gico<\/p>\n\n\n\n

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La demandante promovi\u00f3 acci\u00f3n de pertenencia alegando haber adquirido el dominio de un inmueble por prescripci\u00f3n adquisitiva. Sustent\u00f3 su pretensi\u00f3n en una posesi\u00f3n prolongada ejercida en un contexto de convivencia familiar.<\/p>\n\n\n\n

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La sentencia SL1006-2025 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia ofrece una precisi\u00f3n relevante y vigente sobre estos temas, al delimitar el alcance de la ineficacia del traslado pensional y los efectos jur\u00eddicos que produce la devoluci\u00f3n de saldos dentro del r\u00e9gimen de ahorro individual.<\/p>\n\n\n\n

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La Secci\u00f3n Cuarta reiter\u00f3 un criterio jurisprudencial s\u00f3lido: una vez el acto administrativo que determina la obligaci\u00f3n tributaria queda en firme, el procedimiento de cobro coactivo no puede convertirse en un nuevo escenario para cuestionar su legalidad. El art\u00edculo 829-1 del Estatuto Tributario es claro al prohibir que, en sede de cobro, se debatan asuntos que debieron discutirse en la v\u00eda administrativa o judicial correspondiente.<\/p>\n\n\n\n

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La sentencia SC1757-2025 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia constituye un verdadero fallo de unificaci\u00f3n en materia de protecci\u00f3n al consumidor financiero. La decisi\u00f3n corrige interpretaciones restrictivas de los jueces de instancia y fija un criterio claro sobre el alcance subjetivo de la Ley 1328 de 2009, el principio de especialidad normativa y el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia.<\/p>\n\n\n\n

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El litigio se origin\u00f3 en la declaraci\u00f3n del impuesto sobre la renta del a\u00f1o gravable 2013, en la cual GIRAG S.A. registr\u00f3 una p\u00e9rdida fiscal y solicit\u00f3 la devoluci\u00f3n del saldo a favor. Posteriormente, la DIAN adelant\u00f3 un proceso de fiscalizaci\u00f3n que culmin\u00f3 con la adici\u00f3n de ingresos, el rechazo de costos y gastos \u2014principalmente por castigo de cartera\u2014 y la imposici\u00f3n de sanci\u00f3n por inexactitud<\/p>\n\n\n\n

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Antes de la Ley 2466 de 2025, el contrato de aprendizaje era concebido como una modalidad especial de vinculaci\u00f3n, cuyo objetivo principal era la formaci\u00f3n del aprendiz y no la prestaci\u00f3n ordinaria de un servicio productivo. El aprendiz recib\u00eda un apoyo de sostenimiento econ\u00f3mico y su cobertura en materia de seguridad social era limitada.


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\"Overhead<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

La Corte Constitucional, en la Sentencia T-228 de 2025, fij\u00f3 un precedente de gran trascendencia al revisar un caso donde una aseguradora neg\u00f3 el pago de un seguro de vida ligado a un cr\u00e9dito de vivienda de inter\u00e9s social por supuesta reticencia del asegurado. El fallo no solo protege derechos fundamentales de la accionante, sino que tambi\u00e9n ofrece lecciones cruciales para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del derecho comercial en materia de seguros<\/p>\n\n\n\n

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El litigio tuvo origen en una acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n del reconocimiento de paternidad extramatrimonial promovida por Digna Rosa Z\u00fa\u00f1iga Z\u00fa\u00f1iga, hermana del causante Humberto Z\u00fa\u00f1iga Z\u00fa\u00f1iga, quien en vida reconoci\u00f3 expresamente a Shara Gabriela Z\u00fa\u00f1iga Bastidas como su hija ante la Registradur\u00eda y reiter\u00f3 esa voluntad en actos notariales<\/p>\n\n\n\n

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\"judge,<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

El Tribunal acept\u00f3 esa interpretaci\u00f3n, considerando que la cl\u00e1usula operaba de manera autom\u00e1tica (ipso iure), sin reparar en la calidad de incumplido de quien la invocaba. Este entendimiento fue objeto de reproche en sede de casaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

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La Corte parte de una premisa esencial: el acceso a la administraci\u00f3n de justicia es un derecho constitucional. En consecuencia, su ejercicio no genera responsabilidad per se. Solo de manera excepcional, cuando se demuestra que el derecho de acci\u00f3n fue ejercido de forma desviada de su finalidad, puede configurarse responsabilidad civil.<\/p>\n\n\n\n

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\"Front<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

La Subsecci\u00f3n A del Consejo de Estado confirm\u00f3 la decisi\u00f3n en 2023, sosteniendo que (i) la carga probatoria corresponde a los demandantes (art. 105 Decreto 1260 de 1970), (ii) no proced\u00eda aportar documentos en apelaci\u00f3n salvo en los supuestos del art\u00edculo 214 del CCA, y (iii) el juez contencioso no ten\u00eda obligaci\u00f3n de decretar pruebas de oficio.

Los familiares acudieron entonces a la acci\u00f3n de tutela, alegando defectos f\u00e1cticos, exceso ritual manifiesto, desconocimiento del precedente y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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El n\u00facleo del debate fue la existencia de un defecto sustantivo, es decir, la expedici\u00f3n de un acto administrativo sin atender normas y precedentes constitucionales obligatorios.
El caso es paradigm\u00e1tico porque reafirma que incluso las autoridades t\u00e9cnicas est\u00e1n subordinadas a la jurisprudencia de la Corte Constitucional<\/p>\n\n\n\n

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En los litigios de seguros, los abogados enfrentan el reto de probar la existencia del siniestro, la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida y la responsabilidad del asegurador. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, en la sentencia SC651-2025, abord\u00f3 un caso de seguro multirriesgo empresarial, fijando lineamientos claros sobre la obligaci\u00f3n esencial del asegurador y la carga probatoria del asegurado. Este fallo es clave para los profesionales que asesoran empresas o litigan reclamaciones contra aseguradoras.<\/p>\n\n\n\n

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\"Elegant<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

La figura de la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n cambiaria ha sido uno de los temas m\u00e1s controvertidos dentro del derecho comercial colombiano, especialmente cuando se trata de obligaciones originadas en cr\u00e9ditos hipotecarios pactados en UPAC. El tr\u00e1nsito legislativo hacia la UVR, la expedici\u00f3n de la Ley 546 de 1999 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional \u2014con hitos como la Sentencia SU-813 de 2007\u2014 abrieron interrogantes sobre la exigibilidad de tales cr\u00e9ditos y el impacto de la reestructuraci\u00f3n en los plazos de prescripci\u00f3n.

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La sentencia SL792-2025 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral (12 de febrero de 2025, Rad. 76001-31-05-005-2018-00565-01) resolvi\u00f3 un caso de pensi\u00f3n de sobrevivientes solicitada por los padres de un trabajador fallecido.

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La Acci\u00f3n del Consumidor ante la Superintendencia Financiera: cu\u00e1ndo procede y c\u00f3mo ejercerla<\/h2>\n\n\n\n

El consumidor colombiano no solo interact\u00faa con empresas de bienes y servicios, sino tambi\u00e9n con entidades financieras: bancos, aseguradoras, fiduciarias, comisionistas de bolsa, entre otros.
En este sector, dada su complejidad y el desequilibrio entre entidades y usuarios, el Estado ha creado mecanismos especiales de protecci\u00f3n bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
Uno de estos mecanismos es la acci\u00f3n o reclamaci\u00f3n del consumidor financiero, que le permite defender sus derechos cuando una entidad financiera incumple sus obligaciones legales o contractuales<\/p>\n\n\n\n

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Acuerdos de revisi\u00f3n salarial y discriminaci\u00f3n por salud: lecciones de la sentencia SL687-2025<\/h2>\n\n\n\n

Introducci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

La sentencia SL687-2025 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral (12 de febrero de 2025), marca un precedente clave sobre la eficacia de los acuerdos de revisi\u00f3n de contratos laborales celebrados durante la pandemia y la prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n salarial por motivos de salud.
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C\u00e1lculo actuarial y pensi\u00f3n de trabajadores dom\u00e9sticos: an\u00e1lisis de la sentencia SL729-2025<\/h2>\n\n\n\n

Introducci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

La sentencia SL729-2025 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral (19 de febrero de 2025), constituye un precedente clave para los profesionales del derecho laboral y pensional. La Corte abord\u00f3 la situaci\u00f3n de una trabajadora del servicio dom\u00e9stico con m\u00e1s de 30 a\u00f1os de labores y m\u00faltiples periodos sin aportes pensionales, y precis\u00f3 c\u00f3mo debe aplicarse el c\u00e1lculo actuarial en estos casos.
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Facultades y Restricciones de los \u00c1rbitros Laborales: An\u00e1lisis de la Sentencia SL592-2025<\/h2>\n\n\n\n

Introducci\u00f3n<\/h1>\n\n\n\n

La Sentencia SL592-2025 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral (5 de marzo de 2025), ofrece a los litigantes y asesores laborales criterios claros para evaluar la validez de los laudos arbitrales. En ella se resolvi\u00f3 el recurso de anulaci\u00f3n interpuesto por Isagen S.A. ESP contra el laudo arbitral del 11 de octubre de 2023 (adicionado el 30 de octubre) en el conflicto colectivo con el sindicato SINTRAISAGEN. El fallo delimita con precisi\u00f3n las facultades de los tribunales de arbitramento y establece restricciones frente a materias reservadas a la autocomposici\u00f3n o al \u00e1mbito empresarial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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