Balance Legal | Enfoque profesionales<\/strong><\/p>\n\n\n\n Fuente integrada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Primera, sentencia de 22 de enero de 2026, proceso promovido por Distribuidora y Comercializadora de Energ\u00eda El\u00e9ctrica S.A. E.S.P. – DICEL contra la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios.<\/em><\/p>\n\n\n\n En derecho administrativo sancionador, una de las defensas m\u00e1s fuertes puede ser tambi\u00e9n una de las m\u00e1s mal planteadas: la caducidad de la potestad sancionatoria. El error aparece cuando se confunde la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n con la resoluci\u00f3n de los recursos administrativos y se exige que todo el procedimiento, incluida la v\u00eda gubernativa, quede agotado dentro del mismo t\u00e9rmino.<\/p>\n\n\n\n La sentencia del 22 de enero de 2026 del Consejo de Estado, en el proceso promovido por DICEL contra la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios, permite estudiar con precisi\u00f3n esa diferencia.<\/p>\n\n\n\n La empresa sostuvo que la potestad sancionatoria hab\u00eda caducado porque la resoluci\u00f3n que decidi\u00f3 la apelaci\u00f3n fue notificada en diciembre de 2002, varios a\u00f1os despu\u00e9s de los hechos investigados. La Sala rechaz\u00f3 el argumento porque, para el r\u00e9gimen aplicable al caso, lo decisivo era que el acto principal que impuso la sanci\u00f3n hubiera sido expedido y notificado dentro del t\u00e9rmino correspondiente.<\/p>\n\n\n\n La precisi\u00f3n editorial es indispensable: el Consejo de Estado resolvi\u00f3 esta discusi\u00f3n con fundamento en el art\u00edculo 38 del antiguo C\u00f3digo Contencioso Administrativo, aplicable a los hechos de 1998. Por tanto, la sentencia no debe presentarse como una regla temporal universal para cualquier procedimiento sancionatorio actual.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n se origin\u00f3 en conductas atribuidas a DICEL dentro del mercado de energ\u00eda el\u00e9ctrica. Entre los reproches estaban la facturaci\u00f3n a determinados usuarios con referencia al nivel de tensi\u00f3n II cuando sus equipos de medida individual se encontraban conectados al nivel I, as\u00ed como restricciones relacionadas con el acceso de los operadores de red a la informaci\u00f3n de medici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Para el an\u00e1lisis de caducidad, el Consejo de Estado tom\u00f3 como referencia hechos ocurridos el 7 de mayo de 1998.<\/p>\n\n\n\n La Superservicios expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n 006673 el 7 de septiembre de 1999, mediante la cual impuso inicialmente una multa equivalente a 2.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes.<\/p>\n\n\n\n Ese acto sancionatorio fue notificado el 1 de octubre de 1999.<\/p>\n\n\n\n DICEL interpuso recursos administrativos. En reposici\u00f3n, la propia Superintendencia redujo la sanci\u00f3n a 676 salarios m\u00ednimos, equivalentes entonces a $159.832.088. Posteriormente se resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n, cuya notificaci\u00f3n se produjo en diciembre de 2002.<\/p>\n\n\n\n DICEL sostuvo que, si la resoluci\u00f3n que decidi\u00f3 la apelaci\u00f3n fue notificada en diciembre de 2002, la actuaci\u00f3n sancionatoria hab\u00eda superado el t\u00e9rmino de tres a\u00f1os que la empresa consideraba aplicable.<\/p>\n\n\n\n La tesis part\u00eda de una idea: la potestad sancionatoria solo se habr\u00eda ejercido completamente cuando los recursos administrativos quedaran resueltos y notificados.<\/p>\n\n\n\n El Consejo de Estado no comparti\u00f3 esa lectura.<\/p>\n\n\n\n El punto decisivo no era cu\u00e1ndo termin\u00f3 toda la discusi\u00f3n administrativa, sino cu\u00e1ndo la autoridad ejerci\u00f3 materialmente la potestad de sancionar.<\/p>\n\n\n\n Para la Sala, bajo el r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable al caso, esa potestad se ejerc\u00eda oportunamente cuando dentro del t\u00e9rmino de caducidad se exped\u00eda y notificaba el acto principal que impon\u00eda la sanci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n No era necesario que dentro de esos mismos tres a\u00f1os tambi\u00e9n se hubieran decidido y notificado los recursos interpuestos contra el acto sancionatorio.<\/p>\n\n\n\n Esta diferencia separa dos momentos jur\u00eddicos: la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n y el control administrativo posterior que se activa por iniciativa del sancionado.<\/p>\n\n\n\n La Resoluci\u00f3n 006673 del 7 de septiembre de 1999 fue el acto mediante el cual la Superservicios defini\u00f3 inicialmente la responsabilidad administrativa de DICEL e impuso la multa.<\/p>\n\n\n\n Su notificaci\u00f3n el 1 de octubre de 1999 permiti\u00f3 que la decisi\u00f3n fuera conocida por la empresa y que esta ejerciera los mecanismos de impugnaci\u00f3n disponibles.<\/p>\n\n\n\n Como los hechos relevantes se ubicaban en mayo de 1998, el Consejo de Estado concluy\u00f3 que la autoridad hab\u00eda ejercido la potestad dentro del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 38 del C\u00f3digo Contencioso Administrativo entonces aplicable.<\/p>\n\n\n\n La circunstancia de que la apelaci\u00f3n hubiera sido resuelta y notificada a\u00f1os despu\u00e9s no hac\u00eda caducar retroactivamente una potestad ya ejercida mediante el acto sancionatorio principal.<\/p>\n\n\n\n Los recursos no constituyen una nueva imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n. Permiten que la administraci\u00f3n revise la decisi\u00f3n adoptada a solicitud del interesado.<\/p>\n\n\n\n El caso DICEL lo demuestra de manera pr\u00e1ctica. La reposici\u00f3n no cre\u00f3 una sanci\u00f3n nueva: revis\u00f3 la impuesta y termin\u00f3 reduciendo su cuant\u00eda de 2.000 a 676 salarios m\u00ednimos.<\/p>\n\n\n\n La apelaci\u00f3n, a su turno, hizo parte del control administrativo de la decisi\u00f3n ya adoptada.<\/p>\n\n\n\n Por eso, el momento en que esos recursos fueron resueltos no pod\u00eda confundirse con el momento en que la Superintendencia ejerci\u00f3 originalmente su potestad sancionatoria.<\/p>\n\n\n\n Si se exigiera que todos los recursos quedaran decididos dentro del t\u00e9rmino de caducidad, el c\u00e1lculo depender\u00eda no solo de la actuaci\u00f3n inicial de la autoridad, sino tambi\u00e9n del desarrollo posterior de la impugnaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La sentencia separ\u00f3 ambos planos: primero debe verificarse si el acto que impone la sanci\u00f3n fue expedido y notificado oportunamente; despu\u00e9s se examina la legalidad de lo ocurrido en la etapa recursiva conforme a las reglas que le correspondan.<\/p>\n\n\n\n En consecuencia, la defensa por caducidad no puede construirse simplemente desde la fecha de la \u00faltima resoluci\u00f3n del expediente.<\/p>\n\n\n\n La providencia no se limit\u00f3 a constatar la fecha de expedici\u00f3n del acto principal. Tambi\u00e9n verific\u00f3 su notificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La Resoluci\u00f3n 006673 fue expedida el 7 de septiembre de 1999 y notificada el 1 de octubre del mismo a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n Estas fechas fueron determinantes para concluir que la sanci\u00f3n hab\u00eda sido impuesta oportunamente respecto de los hechos del 7 de mayo de 1998.<\/p>\n\n\n\n Para el litigante, la lecci\u00f3n probatoria es concreta: un cargo de caducidad debe reconstruir cronol\u00f3gicamente los hechos investigados, la expedici\u00f3n del acto sancionatorio y su notificaci\u00f3n. No basta con se\u00f1alar la fecha del recurso final.<\/p>\n\n\n\n La misma sentencia estudi\u00f3 otra discusi\u00f3n temporal: el t\u00e9rmino de cinco meses previsto en el art\u00edculo 111 de la Ley 142 de 1994 para adoptar la decisi\u00f3n que pusiera fin a la actuaci\u00f3n administrativa.<\/p>\n\n\n\n Ese plazo hab\u00eda sido superado, pero la Sala concluy\u00f3 que su vencimiento no produc\u00eda por s\u00ed solo p\u00e9rdida de competencia ni nulidad.<\/p>\n\n\n\n La caducidad analizada con fundamento en el art\u00edculo 38 del antiguo C\u00f3digo Contencioso Administrativo era una cuesti\u00f3n diferente.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed, dentro del mismo expediente coexist\u00edan dos relojes jur\u00eddicos con finalidades y consecuencias distintas.<\/p>\n\n\n\n Una defensa administrativa puede debilitarse cuando agrupa bajo la palabra ‘t\u00e9rmino’ figuras que jur\u00eddicamente no funcionan igual.<\/p>\n\n\n\n El t\u00e9rmino de cinco meses del art\u00edculo 111 respond\u00eda a la oportunidad para decidir la actuaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El t\u00e9rmino del art\u00edculo 38 del C\u00f3digo Contencioso Administrativo delimitaba, para este caso, el ejercicio oportuno de la potestad sancionatoria.<\/p>\n\n\n\n Y los recursos administrativos constitu\u00edan una etapa posterior de revisi\u00f3n de la decisi\u00f3n impuesta.<\/p>\n\n\n\n Cada figura deb\u00eda estudiarse de manera aut\u00f3noma.<\/p>\n\n\n\n En asuntos de caducidad, la teor\u00eda jur\u00eddica necesita una cronolog\u00eda exacta.<\/p>\n\n\n\n En este caso, los hitos relevantes fueron: hechos investigados el 7 de mayo de 1998; resoluci\u00f3n sancionatoria del 7 de septiembre de 1999; notificaci\u00f3n del acto principal el 1 de octubre de 1999; y resoluci\u00f3n posterior de los recursos administrativos.<\/p>\n\n\n\n Al ordenar las fechas de esta manera, se hac\u00eda visible que el acto principal hab\u00eda sido expedido y notificado antes de que transcurrieran tres a\u00f1os desde los hechos.<\/p>\n\n\n\n La notificaci\u00f3n tard\u00eda de la apelaci\u00f3n en 2002 no modificaba ese dato.<\/p>\n\n\n\n La l\u00f3gica adoptada por la Sala impide tratar la resoluci\u00f3n de los recursos como si la administraci\u00f3n estuviera imponiendo nuevamente la sanci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Una vez expedido y notificado oportunamente el acto principal, la potestad sancionatoria ya hab\u00eda sido ejercida.<\/p>\n\n\n\n Los recursos pod\u00edan modificar, revocar o confirmar la decisi\u00f3n, pero su tr\u00e1mite posterior no hac\u00eda desaparecer por caducidad una sanci\u00f3n que hab\u00eda sido impuesta dentro del t\u00e9rmino aplicable.<\/p>\n\n\n\n La providencia estudia hechos de 1998 y actos expedidos bajo el C\u00f3digo Contencioso Administrativo vigente para ese momento.<\/p>\n\n\n\n Por ello, trasladar mec\u00e1nicamente su regla de tres a\u00f1os a procedimientos actuales ser\u00eda una lectura incorrecta del fallo.<\/p>\n\n\n\n La ense\u00f1anza profesional no consiste en memorizar una cifra aislada, sino en identificar primero el r\u00e9gimen temporal aplicable al procedimiento y, solo despu\u00e9s, determinar qu\u00e9 acto debe producirse dentro del t\u00e9rmino correspondiente.<\/p>\n\n\n\n Primero, la fecha exacta de la conducta o de los hechos investigados.<\/p>\n\n\n\n Segundo, la norma vigente que regulaba la caducidad para ese procedimiento.<\/p>\n\n\n\n Tercero, cu\u00e1l acto constituye jur\u00eddicamente el ejercicio de la potestad sancionatoria.<\/p>\n\n\n\n Cuarto, las fechas de expedici\u00f3n y notificaci\u00f3n del acto principal.<\/p>\n\n\n\n Quinto, si la norma exige adem\u00e1s que los recursos sean resueltos dentro del mismo t\u00e9rmino o si estos pertenecen a una etapa distinta.<\/p>\n\n\n\n En el caso DICEL, la Sala concluy\u00f3 que el acto sancionatorio principal, expedido y notificado dentro del t\u00e9rmino, era suficiente para descartar la caducidad.<\/p>\n\n\n\n No debe decirse que todos los procedimientos sancionatorios en Colombia tienen un t\u00e9rmino de tres a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n Tampoco que los recursos administrativos nunca tienen relevancia temporal.<\/p>\n\n\n\n Y menos a\u00fan que una autoridad puede resolverlos indefinidamente sin consecuencias.<\/p>\n\n\n\n La conclusi\u00f3n del fallo es m\u00e1s concreta: bajo el art\u00edculo 38 del antiguo C\u00f3digo Contencioso Administrativo aplicable al caso DICEL, la potestad sancionatoria se consider\u00f3 ejercida oportunamente porque el acto principal fue expedido y notificado dentro del t\u00e9rmino, sin que fuera necesario que los recursos quedaran igualmente decididos y notificados dentro de esos tres a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n El Consejo de Estado confirm\u00f3 la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que hab\u00eda negado las pretensiones de DICEL.<\/p>\n\n\n\n La Sala concluy\u00f3 que la potestad sancionatoria no hab\u00eda caducado.<\/p>\n\n\n\n Los hechos relevantes se ubicaron el 7 de mayo de 1998, mientras que el acto principal de sanci\u00f3n fue expedido el 7 de septiembre de 1999 y notificado el 1 de octubre de 1999.<\/p>\n\n\n\n La resoluci\u00f3n posterior de los recursos no alter\u00f3 esa conclusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En consecuencia, permanecieron vigentes los actos sancionatorios y la multa reducida a 676 salarios m\u00ednimos. No hubo condena en costas en segunda instancia.<\/p>\n\n\n\n El caso DICEL deja una ense\u00f1anza de litigio especialmente valiosa: la defensa por caducidad no se construye mirando \u00fanicamente la fecha en que termin\u00f3 la v\u00eda administrativa.<\/p>\n\n\n\n Primero hay que identificar qu\u00e9 acto materializa el ejercicio de la potestad sancionatoria bajo el r\u00e9gimen aplicable.<\/p>\n\n\n\n Para el Consejo de Estado, en este caso ese acto fue la resoluci\u00f3n principal que impuso la sanci\u00f3n, expedida y notificada dentro del t\u00e9rmino previsto por el antiguo C\u00f3digo Contencioso Administrativo.<\/p>\n\n\n\n Los recursos administrativos cumpl\u00edan una funci\u00f3n distinta: revisar una decisi\u00f3n ya adoptada.<\/p>\n\n\n\n La lecci\u00f3n profesional es precisa: en derecho sancionatorio, contar d\u00edas es indispensable, pero contar desde el hecho correcto y hasta el acto jur\u00eddicamente relevante es lo que realmente define el argumento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Caducidad de la potestad sancionatoria: el acto principal y los recursos administrativos no cumplen la misma funci\u00f3n Balance Legal | Enfoque profesionales Fuente integrada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Primera, sentencia de 22 de enero de 2026, proceso promovido por Distribuidora y Comercializadora de Energ\u00eda El\u00e9ctrica S.A. 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Los hechos que pusieron a correr el t\u00e9rmino<\/h1>\n\n\n\n
El argumento de la empresa: la decisi\u00f3n final lleg\u00f3 despu\u00e9s de tres a\u00f1os<\/h1>\n\n\n\n
La pregunta correcta: \u00bfcu\u00e1ndo se considera impuesta la sanci\u00f3n?<\/h1>\n\n\n\n
El acto principal es el que materializa la potestad sancionatoria<\/h1>\n\n\n\n
Los recursos administrativos cumplen otra funci\u00f3n<\/h1>\n\n\n\n
Una distinci\u00f3n que cambia por completo el an\u00e1lisis de caducidad<\/h1>\n\n\n\n
Expedici\u00f3n y notificaci\u00f3n: las dos fechas que importaron<\/h1>\n\n\n\n
No confundir este problema con el t\u00e9rmino de cinco meses<\/h1>\n\n\n\n
El error procesal de usar un solo reloj para todo<\/h1>\n\n\n\n
Una cronolog\u00eda bien construida puede definir el proceso<\/h1>\n\n\n\n
La v\u00eda administrativa no reabre el t\u00e9rmino ya cumplido<\/h1>\n\n\n\n
El caso demuestra por qu\u00e9 la precisi\u00f3n del r\u00e9gimen aplicable es indispensable<\/h1>\n\n\n\n
Qu\u00e9 debe revisar un abogado antes de formular un cargo de caducidad<\/h1>\n\n\n\n
Qu\u00e9 no debe afirmarse a partir de esta sentencia<\/h1>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n<\/h1>\n\n\n\n
Conclusi\u00f3n: en caducidad, identificar el acto correcto es tan importante como contar el tiempo<\/h1>\n\n\n\n