Introducci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n
La fiscalizaci\u00f3n de aportes al Sistema de la Protecci\u00f3n Social se ha convertido en uno de los frentes m\u00e1s sensibles del derecho tributario y parafiscal. En ese escenario, la UGPP ha ampliado su capacidad de control, pero tambi\u00e9n ha enfrentado l\u00edmites claros cuando sus actuaciones desconocen la realidad econ\u00f3mica y contractual del aportante.<\/p>\n\n\n\n
La sentencia del Consejo de Estado, Secci\u00f3n Cuarta, del 23 de octubre de 2025, Rad. 28705, con ponencia de la magistrada Myriam Stella Guti\u00e9rrez Arg\u00fcello, constituye un precedente de enorme valor tributario. El fallo precisa hasta d\u00f3nde puede llegar la UGPP al recalificar pagos laborales, c\u00f3mo opera la primac\u00eda de la realidad para efectos del IBC y cu\u00e1les conceptos no pueden integrar la base de cotizaci\u00f3n, ni siquiera bajo el l\u00edmite del 40%.<\/p>\n\n\n\n
Desarrollo<\/p>\n\n\n\n
El litigio se origin\u00f3 en la liquidaci\u00f3n oficial expedida por la UGPP contra la Fundaci\u00f3n Tecnol\u00f3gica Antonio de Ar\u00e9valo, mediante la cual se determinaron aportes omitidos por mora e inexactitud correspondientes al a\u00f1o 2013, junto con sanciones significativas. La entidad fiscalizadora consider\u00f3 que diversos pagos efectuados a trabajadores y docentes deb\u00edan integrar el Ingreso Base de Cotizaci\u00f3n para salud, pensi\u00f3n, riesgos laborales y parafiscales.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los ejes centrales del debate fue la competencia de la UGPP para calificar pagos como salariales. El Consejo de Estado reiter\u00f3 que la UGPP s\u00ed tiene competencia para interpretar normas laborales con fines tributarios y parafiscales, pero aclar\u00f3 que esa facultad no es ilimitada ni equivale a sustituir al juez laboral. Su funci\u00f3n se restringe a verificar si un pago integra o no la base de cotizaci\u00f3n, sin alterar artificialmente la naturaleza jur\u00eddica de las relaciones laborales.<\/p>\n\n\n\n
En ese marco, la Sala examin\u00f3 m\u00faltiples conceptos fiscalizados: concurrencia de contratos, presunci\u00f3n de d\u00edas trabajados, pagos a aprendices SENA, l\u00edmites m\u00e1ximos de cotizaci\u00f3n y, de manera especial, los pagos por auxilio de transporte y gastos de representaci\u00f3n. Sobre este \u00faltimo punto, el fallo es categ\u00f3rico: cuando estos pagos tienen una finalidad estrictamente funcional \u2014esto es, permitir el desarrollo de la actividad laboral\u2014 no constituyen salario ni pueden integrar el IBC, ni siquiera dentro del l\u00edmite del cuarenta por ciento previsto en el art\u00edculo 30 de la Ley 1393 de 2010.<\/p>\n\n\n\n
El Consejo de Estado enfatiz\u00f3 que la primac\u00eda de la realidad no puede ser utilizada por la administraci\u00f3n para crear salario donde no existe. La realidad probada en el expediente \u2014contratos, desprendibles de n\u00f3mina y soportes de pago\u2014 demostraba que ciertos valores no remuneraban el servicio, sino que compensaban gastos necesarios para su ejecuci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Otro aspecto relevante del fallo fue la valoraci\u00f3n probatoria. La Sala reproch\u00f3 los ajustes generalizados y record\u00f3 que la fiscalizaci\u00f3n de aportes exige un an\u00e1lisis individualizado por trabajador, per\u00edodo y concepto. All\u00ed donde la UGPP no acredit\u00f3 con precisi\u00f3n las diferencias entre lo pagado y lo debido, los ajustes no pod\u00edan mantenerse.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, la sentencia abord\u00f3 la devoluci\u00f3n de aportes pagados en exceso, reiterando la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 311 de la Ley 1819 de 2016 y la procedencia de intereses moratorios cuando se configuran pagos indebidos derivados de actos administrativos anulados.<\/p>\n\n\n\n
Consecuencias pr\u00e1cticas para empleadores y asesores<\/p>\n\n\n\n
Este precedente tiene un impacto directo en la planeaci\u00f3n y defensa tributaria y parafiscal. Confirma que no todo pago al trabajador es salario, y que la UGPP no puede recalificar indiscriminadamente conceptos funcionales como si fueran remuneraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Para empleadores, el fallo refuerza la importancia de documentar adecuadamente la finalidad de cada pago y su relaci\u00f3n con la ejecuci\u00f3n del contrato. Para asesores, ofrece una hoja de ruta clara para estructurar defensas s\u00f3lidas frente a fiscalizaciones agresivas, basadas en la primac\u00eda de la realidad probada y no en presunciones administrativas.<\/p>\n\n\n\n
Cierre<\/p>\n\n\n\n
La sentencia del 23 de octubre de 2025 marca un l\u00edmite claro al poder fiscalizador de la UGPP. Ense\u00f1a que la primac\u00eda de la realidad no es una herramienta para inflar el IBC, sino una garant\u00eda para que los aportes se calculen sobre lo efectivamente remunerado.<\/p>\n\n\n\n
En materia parafiscal, como en el derecho tributario, la legalidad no admite atajos: ni el Estado puede crear salario por decreto, ni el contribuyente puede ser sancionado por pagos que nunca fueron remuneraci\u00f3n.
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