Balance Legal | Enfoque actualidad ciudadana<\/strong><\/p>\n\n\n\n Fuente integrada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Tercera, Subsecci\u00f3n C, sentencia de 24 de marzo de 2026, proceso promovido por Andr\u00e9s Berm\u00f3n Mart\u00ednez y otros contra la Naci\u00f3n – Ministerio de Defensa – Polic\u00eda Nacional y Ej\u00e9rcito Nacional.<\/em><\/p>\n\n\n\n Cuando un grupo armado ilegal comete una masacre, amenaza a una familia o desplaza a una comunidad, la primera mirada suele dirigirse hacia los autores materiales. Son ellos quienes portan las armas, ejecutan las amenazas y producen directamente el horror.<\/p>\n\n\n\n Pero existe una pregunta adicional que el derecho no puede ignorar: \u00bfqu\u00e9 ocurre cuando las autoridades conoc\u00edan el peligro, pod\u00edan actuar y, aun as\u00ed, dejaron a la poblaci\u00f3n sin protecci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n La sentencia de 24 de marzo de 2026 del Consejo de Estado respondi\u00f3 esa pregunta a partir del caso de Andr\u00e9s Berm\u00f3n Mart\u00ednez y su familia. Andr\u00e9s fue retenido por integrantes de las autodefensas, trasladado junto con otras personas y atacado con un disparo en la cabeza. Sobrevivi\u00f3 porque permaneci\u00f3 inm\u00f3vil y fingi\u00f3 estar muerto entre los cuerpos de las dem\u00e1s v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n Despu\u00e9s de los hechos, \u00e9l y su familia fueron amenazados y tuvieron que abandonar Tib\u00fa. La Fiscal\u00eda evalu\u00f3 su situaci\u00f3n, determin\u00f3 que enfrentaban un nivel de riesgo alto y recomend\u00f3 su traslado a otras ciudades dentro de un programa de protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El Consejo de Estado concluy\u00f3 que la Polic\u00eda y el Ej\u00e9rcito Nacional eran responsables. La raz\u00f3n no fue simplemente que la fuerza p\u00fablica no hubiera llegado a tiempo. La Sala encontr\u00f3 conocimiento previo del riesgo, posibilidad real de reacci\u00f3n, flexibilizaci\u00f3n de controles, falta de protecci\u00f3n y connivencia de algunos agentes con los grupos paramilitares.<\/p>\n\n\n\n La decisi\u00f3n deja una ense\u00f1anza ciudadana poderosa: el Estado no puede limitarse a decir que el da\u00f1o fue causado por terceros cuando sus propias acciones u omisiones ayudaron a que la violencia ocurriera. Cuando conoce el peligro y deja a las personas a merced de los violentos, tambi\u00e9n debe responder.<\/p>\n\n\n\n El 17 de julio de 1999, integrantes de las autodefensas ingresaron al municipio de Tib\u00fa, Norte de Santander.<\/p>\n\n\n\n Durante la incursi\u00f3n retuvieron a varias personas y las obligaron a subir a un veh\u00edculo para trasladarlas a otro lugar.<\/p>\n\n\n\n Entre las v\u00edctimas estaba Andr\u00e9s Berm\u00f3n Mart\u00ednez. Los civiles retenidos fueron ejecutados mediante disparos de gracia.<\/p>\n\n\n\n Andr\u00e9s recibi\u00f3 un impacto de bala en la cabeza. Para sobrevivir, permaneci\u00f3 inm\u00f3vil y fingi\u00f3 estar muerto junto a los cuerpos de las otras personas.<\/p>\n\n\n\n Posteriormente logr\u00f3 salir del lugar y llegar a un centro asistencial en C\u00facuta, donde recibi\u00f3 atenci\u00f3n m\u00e9dica.<\/p>\n\n\n\n La violencia no termin\u00f3 con la supervivencia. Andr\u00e9s hab\u00eda presenciado los hechos, hab\u00eda sobrevivido y pod\u00eda identificar a los agresores. \u00c9l y su familia quedaron expuestos a nuevas amenazas.<\/p>\n\n\n\n La familia Berm\u00f3n no abandon\u00f3 Tib\u00fa para buscar mejores oportunidades ni por una decisi\u00f3n ordinaria de vida.<\/p>\n\n\n\n El traslado ocurri\u00f3 porque permanecer en el municipio implicaba un riesgo grave para su seguridad.<\/p>\n\n\n\n La Fiscal\u00eda evalu\u00f3 la situaci\u00f3n y concluy\u00f3 que la familia enfrentaba un nivel de riesgo alto. Por ello fue incluida en un programa de protecci\u00f3n y se recomend\u00f3 su traslado a otras ciudades.<\/p>\n\n\n\n El Consejo de Estado consider\u00f3 que esa inclusi\u00f3n no eliminaba la existencia del desplazamiento. Al contrario, demostraba la gravedad de la amenaza y la imposibilidad real de permanecer en el lugar de residencia.<\/p>\n\n\n\n Desplazarse en estas condiciones no significa simplemente cambiar de domicilio. Significa abandonar el entorno familiar, social y econ\u00f3mico por miedo a perder la vida.<\/p>\n\n\n\n La demanda buscaba que el Estado respondiera por la retenci\u00f3n ilegal, las lesiones sufridas por Andr\u00e9s y el desplazamiento forzado de su familia.<\/p>\n\n\n\n La Polic\u00eda y el Ej\u00e9rcito sosten\u00edan que los responsables directos hab\u00edan sido integrantes de las autodefensas.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan esa defensa, el da\u00f1o habr\u00eda sido producido por un tercero ajeno al servicio estatal.<\/p>\n\n\n\n El Consejo de Estado deb\u00eda decidir si la actuaci\u00f3n del grupo armado romp\u00eda completamente la relaci\u00f3n con el Estado o si, por el contrario, la conducta de las autoridades hab\u00eda contribuido de manera determinante al resultado.<\/p>\n\n\n\n En derecho, una entidad puede liberarse de responsabilidad cuando demuestra que el da\u00f1o fue causado de manera exclusiva por un tercero.<\/p>\n\n\n\n Pero no basta con se\u00f1alar que otra persona dispar\u00f3 el arma o ejecut\u00f3 materialmente la violencia.<\/p>\n\n\n\n Para que esta defensa prospere, el hecho del tercero debe ser la causa exclusiva y adecuada del da\u00f1o, completamente ajena al servicio y, adem\u00e1s, imprevisible e irresistible para la entidad.<\/p>\n\n\n\n Si las autoridades conoc\u00edan el riesgo, ten\u00edan capacidad de reacci\u00f3n y aun as\u00ed no protegieron a la poblaci\u00f3n, el acto del grupo ilegal ya no puede analizarse como un hecho totalmente externo.<\/p>\n\n\n\n La sentencia encontr\u00f3 probado que la Polic\u00eda y el Ej\u00e9rcito ten\u00edan informaci\u00f3n sobre la posibilidad de una incursi\u00f3n armada en Tib\u00fa.<\/p>\n\n\n\n El riesgo no apareci\u00f3 de manera inesperada ni completamente sorpresiva.<\/p>\n\n\n\n Las autoridades sab\u00edan que la poblaci\u00f3n enfrentaba una amenaza grave y que la presencia de grupos paramilitares pod\u00eda desencadenar ataques contra civiles.<\/p>\n\n\n\n Ese conocimiento activaba un deber de protecci\u00f3n. No garantizaba que todo da\u00f1o pudiera evitarse, pero s\u00ed exig\u00eda medidas reales, oportunas y proporcionales frente al peligro.<\/p>\n\n\n\n El Consejo de Estado no se limit\u00f3 a comprobar que la fuerza p\u00fablica hab\u00eda recibido informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n analiz\u00f3 si exist\u00eda una posibilidad real de intervenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La proximidad de la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda y del batall\u00f3n con el lugar de los hechos mostraba que las autoridades ten\u00edan capacidad para reaccionar.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, no reforzaron adecuadamente los dispositivos de seguridad, flexibilizaron los controles de acceso, permitieron el ingreso de los veh\u00edculos utilizados por los paramilitares y no intervinieron oportunamente para repeler el ataque.<\/p>\n\n\n\n Tampoco desplegaron una reacci\u00f3n suficiente para perseguir a los responsables despu\u00e9s de la incursi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La sentencia utiliz\u00f3 expresiones m\u00e1s graves que una simple falta de eficacia.<\/p>\n\n\n\n La Sala habl\u00f3 de connivencia, aquiescencia e inactividad determinante de miembros de la Polic\u00eda y del Ej\u00e9rcito frente a los grupos paramilitares.<\/p>\n\n\n\n Esto significa que el problema no consisti\u00f3 solamente en una respuesta lenta o insuficiente.<\/p>\n\n\n\n El expediente mostraba una relaci\u00f3n entre la actuaci\u00f3n de algunos servidores, la permisividad frente a los grupos armados y el resultado sufrido por los civiles.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, varios uniformados hab\u00edan sido declarados penalmente responsables por homicidio agravado con fines terroristas y homicidio en grado de tentativa, a t\u00edtulo de comisi\u00f3n por omisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En lenguaje sencillo, la comisi\u00f3n por omisi\u00f3n permite atribuir un resultado a quien ten\u00eda el deber jur\u00eddico de impedirlo y no actu\u00f3.<\/p>\n\n\n\n No significa que esa persona hubiera ejecutado materialmente cada disparo.<\/p>\n\n\n\n Significa que su deber de protecci\u00f3n, su conocimiento del riesgo y su capacidad de intervenir hac\u00edan jur\u00eddicamente relevante su inactividad.<\/p>\n\n\n\n En el caso, las condenas penales contra integrantes de la fuerza p\u00fablica ayudaron a demostrar que la violencia paramilitar no pod\u00eda considerarse completamente separada del servicio estatal.<\/p>\n\n\n\n La responsabilidad no se limit\u00f3 a las lesiones f\u00edsicas.<\/p>\n\n\n\n El Consejo de Estado reconoci\u00f3 que la retenci\u00f3n ilegal sufrida por Andr\u00e9s constitu\u00eda un da\u00f1o aut\u00f3nomo.<\/p>\n\n\n\n Su gravedad no depend\u00eda \u00fanicamente de cu\u00e1nto tiempo permaneci\u00f3 retenido.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n importaban las condiciones: fue obligado a subir a un veh\u00edculo, presenci\u00f3 la ejecuci\u00f3n de otros civiles, recibi\u00f3 un disparo y tuvo que fingir que estaba muerto para conservar la vida.<\/p>\n\n\n\n La retenci\u00f3n vulner\u00f3 de manera intensa su dignidad y produjo una profunda afectaci\u00f3n moral para \u00e9l y para su familia.<\/p>\n\n\n\n En ocasiones, la supervivencia puede llevar a pensar que el perjuicio fue menor frente al de quienes perdieron la vida.<\/p>\n\n\n\n La sentencia muestra lo contrario. Sobrevivir a una ejecuci\u00f3n, permanecer entre los cuerpos y cargar con amenazas posteriores produce una afectaci\u00f3n propia.<\/p>\n\n\n\n El da\u00f1o no se mide \u00fanicamente por el desenlace f\u00edsico. Tambi\u00e9n comprende el miedo, la angustia, la p\u00e9rdida de seguridad y la ruptura de la vida cotidiana.<\/p>\n\n\n\n La familia fue obligada a abandonar su lugar de residencia porque permanecer all\u00ed representaba un riesgo cierto.<\/p>\n\n\n\n El Consejo de Estado identific\u00f3 tres elementos relevantes para reconocer el desplazamiento.<\/p>\n\n\n\n Primero, una coacci\u00f3n que hiciera necesario abandonar el lugar de residencia.<\/p>\n\n\n\n Segundo, una amenaza o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales.<\/p>\n\n\n\n Tercero, un contexto de conflicto armado, violencia generalizada, violaciones masivas de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario.<\/p>\n\n\n\n En el caso Berm\u00f3n, el desarraigo estuvo relacionado con amenazas graves, violencia extrema, presencia paramilitar y connivencia de agentes estatales.<\/p>\n\n\n\n El desplazamiento afecta mucho m\u00e1s que la vivienda.<\/p>\n\n\n\n La persona pierde estabilidad, redes familiares, relaciones sociales, actividades econ\u00f3micas, v\u00ednculos comunitarios y la posibilidad de elegir libremente d\u00f3nde vivir.<\/p>\n\n\n\n La sentencia se\u00f1al\u00f3 afectaciones a la dignidad humana, la vida digna, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de circulaci\u00f3n y el derecho a escoger el lugar de residencia.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n reconoci\u00f3 la ruptura del entorno familiar, social y econ\u00f3mico de las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n La inclusi\u00f3n de la familia en un programa de protecci\u00f3n fue una respuesta frente al riesgo.<\/p>\n\n\n\n Pero esa medida no convert\u00eda el desplazamiento en voluntario ni eliminaba el da\u00f1o ya producido.<\/p>\n\n\n\n La necesidad de protegerlos demostraba que no pod\u00edan permanecer de manera segura en Tib\u00fa.<\/p>\n\n\n\n La protecci\u00f3n posterior no reemplaz\u00f3 el deber de impedir que la poblaci\u00f3n quedara expuesta durante la incursi\u00f3n ni repar\u00f3 por s\u00ed sola el desarraigo.<\/p>\n\n\n\n La providencia tambi\u00e9n abord\u00f3 un punto importante: qu\u00e9 valor ten\u00edan las decisiones penales proferidas contra miembros de la fuerza p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n El Consejo de Estado explic\u00f3 que una sentencia penal no produce autom\u00e1ticamente cosa juzgada dentro de un proceso de reparaci\u00f3n directa.<\/p>\n\n\n\n Esto significa que el juez administrativo no queda obligado, sin m\u00e1s, a repetir la decisi\u00f3n penal.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, la sentencia penal s\u00ed puede ser valorada como prueba documental para conocer las circunstancias del hecho, la participaci\u00f3n del agente y la relaci\u00f3n de su conducta con el servicio.<\/p>\n\n\n\n En este caso, esas decisiones contribuyeron a demostrar la connivencia y la comisi\u00f3n por omisi\u00f3n de integrantes de la fuerza p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n La historia cl\u00ednica acredit\u00f3 que Andr\u00e9s sufri\u00f3 una herida por arma de fuego en la cabeza y en el o\u00eddo derecho.<\/p>\n\n\n\n Por tanto, la existencia de la lesi\u00f3n no estaba en duda.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, en el proceso no se aport\u00f3 una prueba t\u00e9cnica suficiente que estableciera el porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad o la intensidad definitiva de la afectaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Esta diferencia entre demostrar la lesi\u00f3n y cuantificar sus consecuencias fue decisiva para la forma de la condena.<\/p>\n\n\n\n El Consejo de Estado no neg\u00f3 el da\u00f1o a la salud por falta de una valoraci\u00f3n completa.<\/p>\n\n\n\n Orden\u00f3 una condena en abstracto para que, mediante un incidente posterior, se determinara t\u00e9cnicamente la gravedad de las lesiones, el porcentaje de afectaci\u00f3n o incapacidad y el valor correspondiente.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n deb\u00edan establecerse los perjuicios morales asociados con la lesi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La condena en abstracto permite reconocer que el da\u00f1o fue probado, pero aplaza la fijaci\u00f3n de la suma hasta contar con elementos t\u00e9cnicos suficientes.<\/p>\n\n\n\n La demanda utiliz\u00f3 expresiones como perjuicio fisiol\u00f3gico y da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La sentencia explic\u00f3 que, cuando la afectaci\u00f3n deriva de una lesi\u00f3n a la integridad psicof\u00edsica, la categor\u00eda adecuada es el da\u00f1o a la salud.<\/p>\n\n\n\n Este cambio de lenguaje no es meramente formal.<\/p>\n\n\n\n Permite identificar con mayor precisi\u00f3n que el perjuicio nace de una alteraci\u00f3n f\u00edsica o psicol\u00f3gica sufrida por la v\u00edctima.<\/p>\n\n\n\n Por la retenci\u00f3n ilegal, el Consejo de Estado reconoci\u00f3 50 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes a Andr\u00e9s Berm\u00f3n Mart\u00ednez.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n reconoci\u00f3 25 salarios m\u00ednimos a su padre y 10 salarios m\u00ednimos para cada uno de sus hermanos.<\/p>\n\n\n\n Por el desplazamiento forzado, reconoci\u00f3 50 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes para cada uno de los ocho demandantes.<\/p>\n\n\n\n Los perjuicios derivados de la lesi\u00f3n y el da\u00f1o a la salud quedaron sometidos a la condena en abstracto.<\/p>\n\n\n\n La sentencia entendi\u00f3 que los hechos hab\u00edan vulnerado gravemente derechos humanos y el derecho internacional humanitario.<\/p>\n\n\n\n Por ello, orden\u00f3 una medida de reparaci\u00f3n no pecuniaria.<\/p>\n\n\n\n La Polic\u00eda y el Ej\u00e9rcito deb\u00edan publicar la sentencia en sus p\u00e1ginas web mediante un enlace que reconociera p\u00fablicamente su responsabilidad.<\/p>\n\n\n\n La publicaci\u00f3n deb\u00eda realizarse dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria y mantenerse disponible durante seis meses.<\/p>\n\n\n\n La medida buscaba contribuir a la verdad, la memoria hist\u00f3rica, el reconocimiento de la dignidad de las v\u00edctimas y la garant\u00eda de no repetici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El dinero puede compensar ciertos perjuicios, pero no explica p\u00fablicamente lo ocurrido ni reconoce la responsabilidad institucional.<\/p>\n\n\n\n La publicaci\u00f3n de la sentencia permite que los hechos no queden ocultos y que la versi\u00f3n de las v\u00edctimas tenga un lugar en la memoria colectiva.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n transmite un mensaje institucional: la connivencia con grupos violentos y la omisi\u00f3n de protecci\u00f3n no son actuaciones aceptables ni pueden repetirse.<\/p>\n\n\n\n La providencia no establece que el Estado responda autom\u00e1ticamente por cualquier crimen cometido por un grupo armado ilegal.<\/p>\n\n\n\n La responsabilidad surgi\u00f3 de hechos concretos: conocimiento previo del riesgo, posibilidad real de reacci\u00f3n, flexibilizaci\u00f3n de controles, omisi\u00f3n de protecci\u00f3n, connivencia y condenas penales contra integrantes de la fuerza p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n Tampoco significa que todos los perjuicios hubieran quedado cuantificados definitivamente.<\/p>\n\n\n\n La lesi\u00f3n fue probada, pero el porcentaje de incapacidad no. Por eso, el valor del da\u00f1o a la salud deb\u00eda determinarse posteriormente.<\/p>\n\n\n\n La primera consecuencia es que una v\u00edctima no debe limitar su reclamaci\u00f3n a identificar al autor material.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n puede ser necesario demostrar qu\u00e9 sab\u00eda la autoridad, qu\u00e9 capacidad ten\u00eda para actuar y qu\u00e9 medidas omiti\u00f3.<\/p>\n\n\n\n La segunda es que los documentos de protecci\u00f3n, evaluaciones de riesgo, historias cl\u00ednicas, decisiones penales y registros de desplazamiento pueden resultar fundamentales.<\/p>\n\n\n\n La tercera es que cada da\u00f1o debe diferenciarse: retenci\u00f3n, lesi\u00f3n, desplazamiento y afectaci\u00f3n moral pueden tener fundamentos propios.<\/p>\n\n\n\n La cuarta es que la reparaci\u00f3n puede incluir dinero y medidas p\u00fablicas de reconocimiento.<\/p>\n\n\n\n La fuerza p\u00fablica no cumple su deber \u00fanicamente estando presente en el territorio.<\/p>\n\n\n\n Debe convertir el conocimiento del riesgo en acciones reales de prevenci\u00f3n y protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La proximidad f\u00edsica a una comunidad no tiene sentido si los controles se debilitan, la reacci\u00f3n no llega y los grupos armados act\u00faan con permisividad.<\/p>\n\n\n\n La sentencia recuerda que el servicio p\u00fablico de seguridad pierde legitimidad cuando quienes deben proteger permiten que la violencia opere frente a ellos.<\/p>\n\n\n\n El Consejo de Estado modific\u00f3 la sentencia de primera instancia y declar\u00f3 responsables a la Polic\u00eda y al Ej\u00e9rcito Nacional.<\/p>\n\n\n\n Reconoci\u00f3 la retenci\u00f3n ilegal, las lesiones y el desplazamiento forzado.<\/p>\n\n\n\n Orden\u00f3 el pago de perjuicios morales, dict\u00f3 condenas en abstracto por el da\u00f1o a la salud y los perjuicios asociados con las lesiones, y dispuso una medida p\u00fablica de reconocimiento de responsabilidad.<\/p>\n\n\n\n Neg\u00f3 las dem\u00e1s pretensiones y no impuso condena en costas.<\/p>\n\n\n\n El caso de Andr\u00e9s Berm\u00f3n y su familia muestra que la responsabilidad del Estado no desaparece porque el arma haya sido disparada por un grupo ilegal.<\/p>\n\n\n\n Cuando las autoridades conoc\u00edan el riesgo, ten\u00edan capacidad de reacci\u00f3n, flexibilizaron controles, permanecieron inactivas y algunos de sus agentes actuaron con connivencia, la violencia dej\u00f3 de ser un hecho completamente ajeno al servicio.<\/p>\n\n\n\n Andr\u00e9s sobrevivi\u00f3 a un disparo y a una ejecuci\u00f3n colectiva. Despu\u00e9s, su familia tuvo que abandonar el lugar donde viv\u00eda para mantenerse con vida. El da\u00f1o no fue solamente f\u00edsico: incluy\u00f3 terror, p\u00e9rdida de seguridad, ruptura familiar, desarraigo y transformaci\u00f3n completa de su proyecto de vida.<\/p>\n\n\n\n La sentencia env\u00eda un mensaje que trasciende el caso: el deber de protecci\u00f3n no se cumple con la simple presencia de uniformes o instalaciones. Se cumple cuando el Estado act\u00faa de manera real, oportuna y eficaz frente a un peligro conocido.<\/p>\n\n\n\n Cuando no lo hace y deja a la poblaci\u00f3n a merced de los violentos, tambi\u00e9n debe responder, reparar y reconocer p\u00fablicamente la dignidad de las v\u00edctimas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Estado tambi\u00e9n responde cuando conoce el peligro y deja a la poblaci\u00f3n a merced de los violentos Balance Legal | Enfoque actualidad ciudadana Fuente integrada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Tercera, Subsecci\u00f3n C, sentencia de 24 de marzo de 2026, proceso promovido por Andr\u00e9s Berm\u00f3n Mart\u00ednez y otros contra la<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-2944","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias"],"uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false,"newsx-150x100":false,"newsx-330x220":false,"newsx-420x280":false,"newsx-510x340":false,"newsx-640x480":false,"newsx-670x370":false,"newsx-860x570":false,"newsx-1000x750":false,"newsx-1200x600":false},"uagb_author_info":{"display_name":"Luis Jimenez","author_link":"https:\/\/balancelegal.co\/?author=2"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"El Estado tambi\u00e9n responde cuando conoce el peligro y deja a la poblaci\u00f3n a merced de los violentos Balance Legal | Enfoque actualidad ciudadana Fuente integrada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Tercera, Subsecci\u00f3n C, sentencia de 24 de marzo de 2026, proceso promovido por Andr\u00e9s Berm\u00f3n Mart\u00ednez y otros contra la","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2944","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2944"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2944\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2945,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2944\/revisions\/2945"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2944"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2944"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2944"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Introducci\u00f3n: la violencia no siempre exonera al Estado<\/h1>\n\n\n\n
El 17 de julio de 1999: una noche que destruy\u00f3 la seguridad de una familia<\/h1>\n\n\n\n
El desplazamiento no fue una elecci\u00f3n libre<\/h1>\n\n\n\n
La pregunta que lleg\u00f3 al Consejo de Estado<\/h1>\n\n\n\n
El hecho de un tercero no exonera autom\u00e1ticamente<\/h1>\n\n\n\n
La fuerza p\u00fablica conoc\u00eda el peligro<\/h1>\n\n\n\n
Conocer no era suficiente: tambi\u00e9n exist\u00eda capacidad de actuar<\/h1>\n\n\n\n
No fue \u00fanicamente una reacci\u00f3n tard\u00eda<\/h1>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 significa comisi\u00f3n por omisi\u00f3n?<\/h1>\n\n\n\n
La retenci\u00f3n ilegal fue un da\u00f1o independiente<\/h1>\n\n\n\n
Sobrevivir no elimina el da\u00f1o<\/h1>\n\n\n\n
El desplazamiento forzado como da\u00f1o aut\u00f3nomo<\/h1>\n\n\n\n
Cambiar de ciudad no describe todo lo que se pierde<\/h1>\n\n\n\n
El programa de protecci\u00f3n no borr\u00f3 la responsabilidad<\/h1>\n\n\n\n
Las sentencias penales pod\u00edan servir como prueba<\/h1>\n\n\n\n
La lesi\u00f3n estaba demostrada<\/h1>\n\n\n\n
Condena en abstracto: el da\u00f1o existe, pero falta calcularlo<\/h1>\n\n\n\n
Da\u00f1o a la salud y no simple da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n<\/h1>\n\n\n\n
Los perjuicios reconocidos<\/h1>\n\n\n\n
La reparaci\u00f3n no termin\u00f3 con el pago de dinero<\/h1>\n\n\n\n
Por qu\u00e9 la memoria tambi\u00e9n repara<\/h1>\n\n\n\n
Lo que esta sentencia no significa<\/h1>\n\n\n\n
Consecuencias pr\u00e1cticas para los ciudadanos<\/h1>\n\n\n\n
Consecuencias para las instituciones<\/h1>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n final<\/h1>\n\n\n\n
Conclusi\u00f3n: proteger no es mirar desde la distancia<\/h1>\n\n\n\n