Balance Legal | Enfoque estudiantes y profesionales<\/strong><\/p>\n\n\n\n Fuente integrada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Primera, sentencia de 19 de febrero de 2026, consejera ponente Nubia Margoth Pe\u00f1a Garz\u00f3n, radicaci\u00f3n 13001-23-31-000-2009-00095-02, proceso promovido por la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios Profesionales – COOTRASOMED.<\/em><\/p>\n\n\n\n Cuando una entidad p\u00fablica entra en liquidaci\u00f3n, el liquidador debe recibir reclamaciones, verificar obligaciones, clasificar cr\u00e9ditos y decidir cu\u00e1les ser\u00e1n reconocidos dentro del pasivo.<\/p>\n\n\n\n Desde afuera, esa labor puede parecer puramente financiera o administrativa. Sin embargo, la sentencia del Consejo de Estado del 19 de febrero de 2026 muestra que algunas de esas decisiones tienen una naturaleza jur\u00eddica mucho m\u00e1s fuerte.<\/p>\n\n\n\n La norma aplicable al proceso de liquidaci\u00f3n de la E.S.E. Hospital San Pablo de Cartagena establec\u00eda expresamente que los actos del liquidador relativos a la aceptaci\u00f3n, rechazo, prelaci\u00f3n o calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, y en general aquellos que constituyeran ejercicio de funciones administrativas, eran actos administrativos.<\/p>\n\n\n\n Eso tiene una consecuencia decisiva: esas decisiones pueden ser controladas por la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo.<\/p>\n\n\n\n El Decreto 711 de 2007, mediante el cual se orden\u00f3 la supresi\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la E.S.E. Hospital San Pablo de Cartagena, atribuy\u00f3 al agente liquidador la direcci\u00f3n y responsabilidad del proceso.<\/p>\n\n\n\n Entre sus funciones se encontraba la posibilidad de transigir, conciliar, comprometer, compensar o desistir en procesos y reclamaciones, atendiendo las reglas sobre prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos.<\/p>\n\n\n\n Pero la misma regulaci\u00f3n fue m\u00e1s all\u00e1 y defini\u00f3 expresamente la naturaleza de determinados actos.<\/p>\n\n\n\n Cuando el liquidador decide aceptar o rechazar una acreencia, establecer su prelaci\u00f3n o calificarla, no act\u00faa como un simple administrador privado. Est\u00e1 ejerciendo una funci\u00f3n administrativa que produce efectos jur\u00eddicos sobre el acreedor.<\/p>\n\n\n\n La sentencia recuerda que esas decisiones est\u00e1n sometidas al control de la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo.<\/p>\n\n\n\n Eso fue precisamente lo que hizo COOTRASOMED.<\/p>\n\n\n\n La cooperativa demand\u00f3 las Resoluciones 226 de 29 de septiembre de 2008 y 322 de 5 de noviembre de 2008, expedidas por el apoderado general liquidador de la E.S.E. Hospital San Pablo de Cartagena en liquidaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Mediante esos actos se hab\u00eda rechazado la reclamaci\u00f3n presentada por la cooperativa y posteriormente se resolvi\u00f3 el recurso interpuesto contra la decisi\u00f3n inicial.<\/p>\n\n\n\n Que el acto pueda ser demandado no significa que el juez contencioso deba revisar todo el proceso liquidatorio sin l\u00edmite.<\/p>\n\n\n\n La sentencia formul\u00f3 el problema jur\u00eddico de manera precisa: la Sala deb\u00eda establecer si, con fundamento en los argumentos del apelante, se hab\u00eda desvirtuado la presunci\u00f3n de legalidad de las dos resoluciones expedidas por el liquidador.<\/p>\n\n\n\n La expresi\u00f3n es fundamental.<\/p>\n\n\n\n El punto de partida del litigio no era que las resoluciones fueran inv\u00e1lidas hasta que la administraci\u00f3n demostrara lo contrario. COOTRASOMED ten\u00eda que demostrar por qu\u00e9 los actos eran contrarios al ordenamiento.<\/p>\n\n\n\n Una demanda contra un acto administrativo no puede reducirse a expresar inconformidad con el resultado.<\/p>\n\n\n\n El demandante debe identificar la raz\u00f3n jur\u00eddica por la cual el acto debe anularse y demostrarla con relaci\u00f3n a los hechos y documentos del expediente.<\/p>\n\n\n\n En el proceso de COOTRASOMED, la controversia se estructur\u00f3 alrededor de varios cargos de nulidad.<\/p>\n\n\n\n La cooperativa sostuvo, entre otros argumentos, que el liquidador hab\u00eda exigido requisitos adicionales a los previstos para reconocer las acreencias, que hab\u00eda desconocido el mandamiento de pago existente, que el acto hab\u00eda sido expedido irregularmente y que exist\u00edan falsa motivaci\u00f3n y desviaci\u00f3n de poder.<\/p>\n\n\n\n COOTRASOMED afirm\u00f3 que el liquidador hab\u00eda impuesto exigencias superiores a las legalmente establecidas para el reconocimiento del cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n La cooperativa insist\u00eda en que la regulaci\u00f3n permit\u00eda presentar las reclamaciones con prueba siquiera sumaria.<\/p>\n\n\n\n El Consejo de Estado rechaz\u00f3 el argumento.<\/p>\n\n\n\n Para la Sala, el liquidador no estaba inventando requisitos. Estaba estableciendo supuestos objetivos que le permitieran determinar si la obligaci\u00f3n exist\u00eda o no, con apoyo en las normas aplicables y en las condiciones contractuales.<\/p>\n\n\n\n La Sala no se limit\u00f3 a aceptar de manera abstracta que el liquidador ten\u00eda competencias.<\/p>\n\n\n\n Revis\u00f3 las razones utilizadas en las resoluciones: ausencia total o parcial de soportes, servicios no autorizados, obligaciones que no aparec\u00edan contabilizadas, pagos parciales o totales, certificados de disponibilidad posteriores y facturas que exced\u00edan los topes contractuales.<\/p>\n\n\n\n Esa revisi\u00f3n era necesaria porque la legalidad del acto depend\u00eda de que las razones invocadas tuvieran respaldo en el expediente y en las normas aplicables.<\/p>\n\n\n\n Una de las lecciones procesales m\u00e1s importantes del fallo aparece aqu\u00ed.<\/p>\n\n\n\n Si el acto administrativo contiene varias razones para rechazar una acreencia, la estrategia de nulidad debe enfrentarlas de manera concreta.<\/p>\n\n\n\n No basta con demostrar que una de las premisas resulta discutible si subsisten otras razones suficientes para mantener la decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En el caso, el Consejo de Estado encontr\u00f3 que la demandante no logr\u00f3 desvirtuar el conjunto de motivos utilizados por el liquidador.<\/p>\n\n\n\n COOTRASOMED tambi\u00e9n sostuvo que los actos hab\u00edan sido expedidos irregularmente.<\/p>\n\n\n\n La Sala neg\u00f3 igualmente este cargo.<\/p>\n\n\n\n Concluy\u00f3 que el liquidador hab\u00eda atendido las normas que regulaban el proceso liquidatorio y que estaba facultado para rechazar reclamaciones que generaran dudas sobre su procedencia o validez.<\/p>\n\n\n\n En consecuencia, la verificaci\u00f3n documental realizada dentro del tr\u00e1mite no fue considerada una irregularidad del procedimiento.<\/p>\n\n\n\n La sentencia destac\u00f3 una regla del par\u00e1grafo del art\u00edculo 26 del Decreto 2211.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con la interpretaci\u00f3n realizada por la Sala, si el liquidador ten\u00eda dudas acerca de la procedencia o validez de una reclamaci\u00f3n pod\u00eda rechazarla.<\/p>\n\n\n\n Esa disposici\u00f3n fue central para explicar por qu\u00e9 la presentaci\u00f3n de una factura, de un mandamiento de pago o de otros documentos no obligaba por s\u00ed sola al reconocimiento del cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n El acto administrativo pod\u00eda negar la acreencia si, despu\u00e9s de la verificaci\u00f3n, subsist\u00edan dudas relevantes.<\/p>\n\n\n\n Otro de los cargos formulados por COOTRASOMED fue la falsa motivaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El Consejo de Estado se\u00f1al\u00f3 que ese argumento estaba construido sobre la inconformidad de la cooperativa con las razones utilizadas por el liquidador para rechazar la reclamaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Pero esas razones ya hab\u00edan sido examinadas por la Sala y encontradas suficientemente sustentadas dentro del expediente.<\/p>\n\n\n\n Por ello, el cargo tampoco prosper\u00f3.<\/p>\n\n\n\n La cooperativa aleg\u00f3 adem\u00e1s desviaci\u00f3n de poder.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la sentencia, la argumentaci\u00f3n utilizada para sostener ese cargo se apoyaba nuevamente en el supuesto desconocimiento de los requisitos para el reconocimiento de las acreencias y en el desconocimiento de derechos derivados del contrato de fiducia mercantil.<\/p>\n\n\n\n Como la Sala ya hab\u00eda descartado esas premisas, concluy\u00f3 que el cargo de desviaci\u00f3n de poder carec\u00eda de sustento en el caso concreto.<\/p>\n\n\n\n Este punto es muy \u00fatil para quienes redactan demandas.<\/p>\n\n\n\n Nombrar varios cargos no significa haber construido varias razones aut\u00f3nomas de nulidad.<\/p>\n\n\n\n Si la falsa motivaci\u00f3n, la desviaci\u00f3n de poder y la expedici\u00f3n irregular descansan exactamente sobre el mismo desacuerdo factual que ya fue descartado, la multiplicaci\u00f3n de etiquetas jur\u00eddicas no fortalece autom\u00e1ticamente la demanda.<\/p>\n\n\n\n Cada cargo debe tener una explicaci\u00f3n propia y una conexi\u00f3n espec\u00edfica con los hechos que lo sustentan.<\/p>\n\n\n\n Un acreedor puede considerar injusto que su reclamaci\u00f3n haya sido rechazada.<\/p>\n\n\n\n Pero el proceso contencioso exige algo m\u00e1s que demostrar inconformidad.<\/p>\n\n\n\n Debe evidenciarse que el acto incurri\u00f3 en un vicio jur\u00eddicamente relevante.<\/p>\n\n\n\n En el proceso de COOTRASOMED, el Consejo de Estado examin\u00f3 las objeciones formuladas y concluy\u00f3 que el liquidador actu\u00f3 dentro de sus competencias y con apoyo en las normas que regulaban la liquidaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La Sala record\u00f3 que el proceso liquidatorio estaba sometido al Decreto 711 de 2007, a la Ley 1105, al Decreto 254 y, en lo no previsto, a las disposiciones pertinentes del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero y del C\u00f3digo de Comercio.<\/p>\n\n\n\n Dentro de ese marco, el liquidador ten\u00eda la responsabilidad de depurar el pasivo y decidir sobre las reclamaciones.<\/p>\n\n\n\n Esa competencia hac\u00eda leg\u00edtima la verificaci\u00f3n de los documentos aportados por COOTRASOMED.<\/p>\n\n\n\n El hecho de que los actos sean controlables judicialmente protege al acreedor frente a decisiones administrativas ilegales.<\/p>\n\n\n\n Pero el acceso al juez no significa que toda resoluci\u00f3n de rechazo vaya a ser anulada.<\/p>\n\n\n\n El acreedor debe demostrar de qu\u00e9 manera la decisi\u00f3n vulner\u00f3 las normas aplicables, fue expedida irregularmente o incurri\u00f3 en alguno de los vicios invocados.<\/p>\n\n\n\n En este expediente, esa demostraci\u00f3n no fue suficiente.<\/p>\n\n\n\n La decisi\u00f3n inicial de rechazo fue objeto de recurso de reposici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La Resoluci\u00f3n 322 de 5 de noviembre de 2008 resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n administrativa y mantuvo la decisi\u00f3n del liquidador.<\/p>\n\n\n\n Posteriormente, ambas resoluciones fueron cuestionadas ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo.<\/p>\n\n\n\n La secuencia muestra que el debate sobre la acreencia puede atravesar una etapa administrativa de reclamaci\u00f3n y recursos antes de llegar al control judicial.<\/p>\n\n\n\n Las series anteriores sobre este mismo expediente permiten ver la prueba sustancial de la acreencia: contratos, facturas, autorizaciones, presupuesto, pagos y fiducia.<\/p>\n\n\n\n Este sexto art\u00edculo se mueve en otro nivel.<\/p>\n\n\n\n Aunque el acreedor tenga documentos sobre la obligaci\u00f3n, cuando demanda un acto de rechazo debe traducir esas pruebas en cargos concretos contra la legalidad de la decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La discusi\u00f3n deja de ser \u00fanicamente ‘me deben’ y pasa a ser ‘este acto administrativo es ilegal por estas razones precisas’.<\/p>\n\n\n\n La sentencia permite formular una ruta pr\u00e1ctica.<\/p>\n\n\n\n Primero, identificar exactamente cu\u00e1l acto rechaz\u00f3, calific\u00f3 o fij\u00f3 la prelaci\u00f3n de la acreencia.<\/p>\n\n\n\n Segundo, reconstruir las razones concretas utilizadas por el liquidador.<\/p>\n\n\n\n Tercero, separar cada cargo de nulidad y explicar qu\u00e9 hecho y qu\u00e9 norma lo sustentan.<\/p>\n\n\n\n Cuarto, aportar los documentos capaces de desvirtuar las glosas o fundamentos del acto.<\/p>\n\n\n\n Quinto, evitar que todos los cargos dependan de una sola premisa que, si es descartada, haga caer el resto de la argumentaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Desde la posici\u00f3n de la entidad, la estrategia tambi\u00e9n puede organizarse de manera sencilla.<\/p>\n\n\n\n Debe acreditarse la competencia del liquidador, el marco normativo utilizado, las razones documentales de cada glosa y la correspondencia entre esas razones y el expediente.<\/p>\n\n\n\n Mientras m\u00e1s clara sea la motivaci\u00f3n original del acto, m\u00e1s s\u00f3lida ser\u00e1 su defensa posterior.<\/p>\n\n\n\n El caso demuestra que una resoluci\u00f3n de rechazo gana fortaleza cuando no se limita a decir que la acreencia es improcedente.<\/p>\n\n\n\n La Resoluci\u00f3n 226 individualiz\u00f3 facturas y asign\u00f3 glosas relacionadas con problemas contables, presupuestales, contractuales y de pago.<\/p>\n\n\n\n Esa estructura permiti\u00f3 posteriormente al juez confrontar la reclamaci\u00f3n con las razones espec\u00edficas del acto.<\/p>\n\n\n\n Una motivaci\u00f3n gen\u00e9rica habr\u00eda dificultado mucho m\u00e1s la defensa judicial de la decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El fallo no significa que todos los actos de un liquidador sean administrativos.<\/p>\n\n\n\n La regla citada por la Sala se refiere expresamente a los actos relativos a aceptaci\u00f3n, rechazo, prelaci\u00f3n o calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y, en general, a aquellos que por su naturaleza constituyan ejercicio de funciones administrativas.<\/p>\n\n\n\n Tampoco significa que las decisiones del liquidador sean inmunes al control judicial.<\/p>\n\n\n\n Precisamente porque son actos administrativos en esos supuestos, pueden ser demandadas ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo.<\/p>\n\n\n\n La Secci\u00f3n Primera concluy\u00f3 que COOTRASOMED no logr\u00f3 desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de las Resoluciones 226 de 29 de septiembre y 322 de 5 de noviembre de 2008.<\/p>\n\n\n\n No prosperaron los cargos relacionados con violaci\u00f3n de las normas en que deb\u00edan fundarse los actos, expedici\u00f3n irregular, falsa motivaci\u00f3n y desviaci\u00f3n de poder.<\/p>\n\n\n\n Por esa raz\u00f3n, el Consejo de Estado confirm\u00f3 la sentencia de 4 de febrero de 2019 que hab\u00eda negado las pretensiones de la demanda.<\/p>\n\n\n\n La sentencia deja una ense\u00f1anza procesal muy clara.<\/p>\n\n\n\n Cuando el liquidador rechaza, acepta, califica o fija la prelaci\u00f3n de una acreencia en ejercicio de funciones administrativas, su decisi\u00f3n puede constituir un acto administrativo y, por tanto, puede ser sometida al control de la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo.<\/p>\n\n\n\n Pero llegar al juez es apenas el comienzo.<\/p>\n\n\n\n El demandante debe desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad del acto, identificar los vicios concretos y demostrar por qu\u00e9 las razones del liquidador no pueden sostenerse.<\/p>\n\n\n\n En el caso de COOTRASOMED, la cooperativa no logr\u00f3 hacerlo. El resultado confirma una regla pr\u00e1ctica para litigantes: cuando el rechazo de una acreencia se convierte en acto administrativo, la estrategia debe pasar de reclamar el pago a construir t\u00e9cnicamente la nulidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El liquidador tambi\u00e9n expide actos administrativos: c\u00f3mo se demanda el rechazo de una acreencia en la liquidaci\u00f3n de una entidad p\u00fablica Balance Legal | Enfoque estudiantes y profesionales Fuente integrada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Primera, sentencia de 19 de febrero de 2026, consejera ponente Nubia Margoth Pe\u00f1a Garz\u00f3n, radicaci\u00f3n 13001-23-31-000-2009-00095-02,<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-3156","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias"],"uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false,"newsx-150x100":false,"newsx-330x220":false,"newsx-420x280":false,"newsx-510x340":false,"newsx-640x480":false,"newsx-670x370":false,"newsx-860x570":false,"newsx-1000x750":false,"newsx-1200x600":false},"uagb_author_info":{"display_name":"Luis Jimenez","author_link":"https:\/\/balancelegal.co\/?author=2"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"El liquidador tambi\u00e9n expide actos administrativos: c\u00f3mo se demanda el rechazo de una acreencia en la liquidaci\u00f3n de una entidad p\u00fablica Balance Legal | Enfoque estudiantes y profesionales Fuente integrada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Primera, sentencia de 19 de febrero de 2026, consejera ponente Nubia Margoth Pe\u00f1a Garz\u00f3n, radicaci\u00f3n 13001-23-31-000-2009-00095-02,","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3156","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3156"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3156\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3157,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3156\/revisions\/3157"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3156"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3156"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3156"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Introducci\u00f3n: el rechazo de una acreencia no es una simple decisi\u00f3n contable<\/h1>\n\n\n\n
El liquidador no solo administra activos: tambi\u00e9n adopta decisiones con efectos jur\u00eddicos<\/h1>\n\n\n\n
Aceptar o rechazar un cr\u00e9dito puede convertirse en un acto administrativo demandable<\/h1>\n\n\n\n
La demanda no reabre el expediente desde cero<\/h1>\n\n\n\n
La presunci\u00f3n de legalidad cambia la estrategia del demandante<\/h1>\n\n\n\n
Primer cargo: violaci\u00f3n de las normas en que deb\u00eda fundarse el acto<\/h1>\n\n\n\n
El juez examin\u00f3 la motivaci\u00f3n concreta del liquidador<\/h1>\n\n\n\n
La carga del demandante era atacar las razones reales del rechazo<\/h1>\n\n\n\n
Segundo cargo: expedici\u00f3n irregular<\/h1>\n\n\n\n
El liquidador pod\u00eda rechazar una reclamaci\u00f3n cuando tuviera dudas sobre su procedencia o validez<\/h1>\n\n\n\n
Falsa motivaci\u00f3n: no basta estar en desacuerdo con las razones del acto<\/h1>\n\n\n\n
Desviaci\u00f3n de poder: el argumento tambi\u00e9n necesitaba una base propia<\/h1>\n\n\n\n
Un mismo desacuerdo no necesariamente demuestra varios vicios distintos<\/h1>\n\n\n\n
La demanda debe distinguir entre inconformidad y nulidad<\/h1>\n\n\n\n
La competencia del liquidador fue parte central de la defensa del acto<\/h1>\n\n\n\n
El control judicial s\u00ed existe, pero no sustituye la carga argumentativa de la parte<\/h1>\n\n\n\n
El recurso administrativo tambi\u00e9n form\u00f3 parte de la secuencia<\/h1>\n\n\n\n
La precisi\u00f3n de los cargos es tan importante como la prueba de la deuda<\/h1>\n\n\n\n
Una metodolog\u00eda para estructurar la demanda<\/h1>\n\n\n\n
Una metodolog\u00eda para defender el acto del liquidador<\/h1>\n\n\n\n
La motivaci\u00f3n detallada protege la decisi\u00f3n administrativa<\/h1>\n\n\n\n
Lo que no debe concluirse de esta sentencia<\/h1>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n final del Consejo de Estado<\/h1>\n\n\n\n
Conclusi\u00f3n: demandar el rechazo de una acreencia exige algo m\u00e1s que demostrar que el acreedor no est\u00e1 de acuerdo<\/h1>\n\n\n\n