Una lecci\u00f3n sobre congruencia judicial, motivaci\u00f3n administrativa y l\u00edmites del debate tributario<\/p>\n\n\n\n
Una empresa solicita terminar por mutuo acuerdo una controversia con la DIAN. La Administraci\u00f3n rechaza la petici\u00f3n porque considera firme una liquidaci\u00f3n oficial. El juez examina ese motivo y concluye que la notificaci\u00f3n del acto fue irregular. Parecer\u00eda entonces que la decisi\u00f3n administrativa no puede sostenerse sobre el fundamento utilizado. Sin embargo, el mismo juez niega la demanda por una raz\u00f3n diferente: considera insuficiente el pago de las sanciones requerido para acceder al beneficio, aunque ese no fue el motivo de rechazo invocado por la DIAN.<\/p>\n\n\n\n
Esta secuencia es el centro de la sentencia del 27 de agosto de 2026, expediente 29047. La Secci\u00f3n Cuarta del Consejo de Estado revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia, anul\u00f3 los actos que negaron la terminaci\u00f3n por mutuo acuerdo y declar\u00f3 el derecho de Interasesores Asesores Empresariales Administrativos S. A. a acceder a ese mecanismo respecto de su impuesto sobre la renta de 2014. El punto determinante no fue una autorizaci\u00f3n general para pagar menos sanciones: fue el respeto al objeto del litigio y al derecho de defensa.<\/p>\n\n\n\n
Interasesores declar\u00f3 renta de 2014 el 14 de abril de 2015. En agosto de 2019, la DIAN expidi\u00f3 un requerimiento especial que propuso rechazar costos y deducciones, modificar la p\u00e9rdida declarada y liquidar mayores valores, adem\u00e1s de sanciones por inexactitud y por rechazo de p\u00e9rdidas fiscales. La sociedad solicit\u00f3 el 30 de noviembre de 2020 la terminaci\u00f3n por mutuo acuerdo (TMA) de la obligaci\u00f3n descrita en ese requerimiento, bajo el mecanismo del art\u00edculo 119 de la Ley 2010 de 2019.<\/p>\n\n\n\n
La DIAN neg\u00f3 el beneficio mediante el Acta 63 del 9 de diciembre de 2020. Su explicaci\u00f3n se concentr\u00f3 en un punto: para la fecha de la solicitud ya exist\u00eda una liquidaci\u00f3n oficial de revisi\u00f3n del 16 de junio de 2020, que la entidad consideraba notificada el 16 de julio y firme. Si el acto definitivo hab\u00eda quedado en firme, a juicio de la administraci\u00f3n no quedaba actuaci\u00f3n susceptible de terminaci\u00f3n por mutuo acuerdo. Esa motivaci\u00f3n fue confirmada al resolver los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La empresa replic\u00f3 que la DIAN hab\u00eda omitido notificar el acto al correo electr\u00f3nico informado en su RUT. En lugar de utilizar ese medio, intent\u00f3 la remisi\u00f3n f\u00edsica y, tras su devoluci\u00f3n, acudi\u00f3 a la publicaci\u00f3n de un aviso en la p\u00e1gina de la entidad. En criterio de la actora, la liquidaci\u00f3n no pod\u00eda opon\u00e9rsele para cerrar la posibilidad de acogerse a la TMA.<\/p>\n\n\n\n
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluy\u00f3 que la liquidaci\u00f3n oficial no hab\u00eda sido notificada en debida forma. En particular, consider\u00f3 desconocido el par\u00e1grafo 4.\u00ba del art\u00edculo 565 del Estatuto Tributario, dado que la empresa ten\u00eda registrada una direcci\u00f3n electr\u00f3nica para notificaciones. Como consecuencia, estim\u00f3 viable que la solicitud de TMA se hubiera formulado respecto del requerimiento especial, \u00faltimo acto conocido por la contribuyente.<\/p>\n\n\n\n
No obstante, el Tribunal continu\u00f3 el examen y encontr\u00f3 otro obst\u00e1culo: entendi\u00f3 que la sociedad no hab\u00eda pagado correctamente el 20 % de las sanciones actualizadas exigido para la terminaci\u00f3n por mutuo acuerdo. En su an\u00e1lisis, la reducci\u00f3n a la cuarta parte contemplada en el art\u00edculo 709 del Estatuto Tributario para la sanci\u00f3n por inexactitud no pod\u00eda extenderse a la sanci\u00f3n por rechazo o disminuci\u00f3n de p\u00e9rdidas fiscales. As\u00ed, la suma pagada part\u00eda de una base menor a la que el juez consider\u00f3 exigible.<\/p>\n\n\n\n
El resultado fue parad\u00f3jico: la empresa obtuvo una conclusi\u00f3n favorable respecto del motivo empleado por la DIAN, pero perdi\u00f3 el proceso por un requisito que la administraci\u00f3n no hab\u00eda utilizado para negarle la solicitud. Ese desplazamiento del debate origin\u00f3 el problema jur\u00eddico que resolvi\u00f3 el Consejo de Estado.<\/p>\n\n\n\n
La Secci\u00f3n Cuarta acudi\u00f3 a los art\u00edculos 281 del C\u00f3digo General del Proceso y 187 del CPACA para recordar que las decisiones judiciales deben corresponder a las pretensiones, los hechos y los cargos planteados oportunamente. Distingue dos dimensiones: la congruencia interna exige armon\u00eda entre los fundamentos y lo resuelto; la congruencia externa exige que el juez no se pronuncie sobre asuntos ajenos al debate que las partes sometieron a su decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En este caso, el motivo exclusivo de la negativa administrativa era la firmeza de la liquidaci\u00f3n oficial. Las partes litigaron alrededor de esa raz\u00f3n y de las consecuencias de su notificaci\u00f3n. Una vez el Tribunal descart\u00f3 la validez de la notificaci\u00f3n, no pod\u00eda sostener los actos demandados sustituyendo el fundamento administrativo por un an\u00e1lisis nuevo sobre el monto de las sanciones, que no hab\u00eda sido la raz\u00f3n del rechazo y frente al cual la sociedad no hab\u00eda tenido oportunidad de defenderse en la controversia as\u00ed delimitada.<\/p>\n\n\n\n
La Sala fue expresa: el Tribunal desbord\u00f3 la litis al verificar el pago del 20 % de las sanciones, pues ese extremo no conform\u00f3 la proposici\u00f3n jur\u00eddica empleada por la DIAN para desestimar la TMA. Al introducirlo, sorprendi\u00f3 a la contribuyente con un supuesto distinto del ventilado en sede administrativa y judicial. Esa incongruencia externa vulner\u00f3 la garant\u00eda del debido proceso y permiti\u00f3 revocar la sentencia.<\/p>\n\n\n\n
El fallo anul\u00f3 el Acta 63 de diciembre de 2020 y las resoluciones que la confirmaron. Como restablecimiento del derecho, declar\u00f3 que Interasesores ten\u00eda derecho a acceder a la terminaci\u00f3n por mutuo acuerdo del proceso de renta de 2014. Tambi\u00e9n impuso costas a la DIAN en segunda instancia.<\/p>\n\n\n\n
En cambio, la Sala no dirimi\u00f3 de fondo si la reducci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 709 del Estatuto Tributario es aplicable a la sanci\u00f3n por rechazo de p\u00e9rdidas fiscales del art\u00edculo 647-1 ni si ambas reducciones pod\u00edan operar de forma acumulativa con el beneficio del art\u00edculo 119 de la Ley 2010 de 2019. Aunque la empresa y el Ministerio P\u00fablico defendieron esa interpretaci\u00f3n, la sentencia resolvi\u00f3 el litigio por incongruencia. Presentarla como un precedente definitivo sobre la acumulaci\u00f3n de descuentos sancionatorios ser\u00eda atribuirle un razonamiento que no desarroll\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Existe otro matiz: en una nota al pie, la providencia advierte que la notificaci\u00f3n irregular pod\u00eda suscitar un problema sobre la competencia temporal de la administraci\u00f3n y la firmeza de la declaraci\u00f3n privada. Sin embargo, aclara que ese aspecto no fue debatido y que, por ello, no pod\u00eda reabrirse en segunda instancia. Esta reserva confirma el rigor con el que la Sala delimit\u00f3 el objeto de su decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La primera tarea del abogado debe ser reconstruir exactamente la cadena de motivaci\u00f3n de los actos demandados: cu\u00e1l fue la raz\u00f3n del rechazo inicial, qu\u00e9 afirmaron los actos que resolvieron los recursos y cu\u00e1les son, efectivamente, los puntos controvertidos. No conviene confundir los requisitos que la ley establece para un beneficio con los motivos concretos que la administraci\u00f3n utiliz\u00f3 para negar una solicitud.<\/p>\n\n\n\n
En segundo lugar, la demanda debe dirigir cargos concretos contra la raz\u00f3n determinante del acto. Si el juez reconoce que ese fundamento carece de sustento, pero introduce de oficio una justificaci\u00f3n distinta para mantenerlo, la impugnaci\u00f3n debe explicar c\u00f3mo esa sustituci\u00f3n afecta la congruencia externa y priva a la parte de debatir la nueva premisa.<\/p>\n\n\n\n
Pensemos en un ejemplo hipot\u00e9tico, distinto del expediente: la autoridad niega un beneficio por supuesta extemporaneidad. El contribuyente demanda y demuestra que su petici\u00f3n fue oportuna. Si el juez rechaza la demanda porque cree que faltaba otro documento nunca invocado como raz\u00f3n administrativa ni puesto en discusi\u00f3n, corresponde examinar si se ha alterado indebidamente el objeto del proceso. No significa que todos los requisitos legales sean irrelevantes, sino que el control judicial debe respetar la controversia concreta y las oportunidades de contradicci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Por \u00faltimo, al preparar la apelaci\u00f3n no basta insistir en que el beneficio tributario era procedente. Hay que identificar el salto argumentativo de la sentencia, mostrar qu\u00e9 nuevo presupuesto introdujo y por qu\u00e9 la conclusi\u00f3n desborda la motivaci\u00f3n de los actos demandados. Ese fue precisamente el problema procesal que permiti\u00f3 a Interasesores obtener una decisi\u00f3n favorable en segunda instancia.<\/p>\n\n\n\n
La lecci\u00f3n de esta providencia no consiste en dispensar autom\u00e1ticamente a los contribuyentes del cumplimiento de requisitos tributarios. Consiste en una garant\u00eda m\u00e1s precisa: cuando se demanda la negativa de un beneficio, la revisi\u00f3n judicial debe confrontar las razones efectivamente utilizadas por la administraci\u00f3n dentro de la controversia propuesta, sin reconstruir sorpresivamente una motivaci\u00f3n diferente para sostener el acto.<\/p>\n\n\n\n
Para el litigante, esa distinci\u00f3n puede ser decisiva. Examinar la legalidad de una decisi\u00f3n administrativa exige conocer tanto la norma sustancial como los l\u00edmites procesales del juicio. En el expediente 29047, esos l\u00edmites determinaron el resultado.<\/p>\n\n\n\n
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Cuarta. Sentencia del 27 de agosto de 2026, expediente 25000-23-37-000-2021-00514-01 (29047). Consejera ponente: Claudia Rodr\u00edguez Vel\u00e1squez. Demandante: Interasesores Asesores Empresariales Administrativos S. A. Demandada: DIAN. An\u00e1lisis construido exclusivamente a partir del texto de la providencia, particularmente de sus p\u00e1ginas 4 a 9.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La DIAN neg\u00f3 un beneficio tributario por una raz\u00f3n, pero el Tribunal encontr\u00f3 otra: el error judicial que corrigi\u00f3 el Consejo de Estado Una lecci\u00f3n sobre congruencia judicial, motivaci\u00f3n administrativa y l\u00edmites del debate tributario Una victoria que parec\u00eda imposible Una empresa solicita terminar por mutuo acuerdo una controversia con la DIAN. La Administraci\u00f3n rechaza<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-3194","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias"],"uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false,"newsx-150x100":false,"newsx-330x220":false,"newsx-420x280":false,"newsx-510x340":false,"newsx-640x480":false,"newsx-670x370":false,"newsx-860x570":false,"newsx-1000x750":false,"newsx-1200x600":false},"uagb_author_info":{"display_name":"Luis Jimenez","author_link":"https:\/\/balancelegal.co\/?author=2"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"La DIAN neg\u00f3 un beneficio tributario por una raz\u00f3n, pero el Tribunal encontr\u00f3 otra: el error judicial que corrigi\u00f3 el Consejo de Estado Una lecci\u00f3n sobre congruencia judicial, motivaci\u00f3n administrativa y l\u00edmites del debate tributario Una victoria que parec\u00eda imposible Una empresa solicita terminar por mutuo acuerdo una controversia con la DIAN. La Administraci\u00f3n rechaza","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3194","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3194"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3194\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3195,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3194\/revisions\/3195"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3194"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3194"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3194"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}