La Sentencia SU-277 de 2025, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, representa un punto de inflexi\u00f3n en la relaci\u00f3n entre la jurisdicci\u00f3n constitucional y las facultades administrativas de la Superintendencia Nacional de Salud.
El fallo estudi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela interpuesta por EPS Sanitas y sus accionistas contra la medida de intervenci\u00f3n forzosa administrativa dictada por la Supersalud.
El n\u00facleo del debate fue la existencia de un defecto sustantivo, es decir, la expedici\u00f3n de un acto administrativo sin atender normas y precedentes constitucionales obligatorios.
El caso es paradigm\u00e1tico porque reafirma que incluso las autoridades t\u00e9cnicas est\u00e1n subordinadas a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
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– La Resoluci\u00f3n 2024160000003002-6 de 2024 orden\u00f3 la toma de posesi\u00f3n de EPS Sanitas, su intervenci\u00f3n y la separaci\u00f3n de su junta directiva.
– Se alegaron causales de los art\u00edculos 113 y 114 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero (EOSF), referidas a capital m\u00ednimo, patrimonio adecuado y reservas t\u00e9cnicas.
– Seg\u00fan los accionantes, la resoluci\u00f3n se bas\u00f3 en cifras falsas, datos desactualizados y careci\u00f3 de procedimiento administrativo previo.
– Adem\u00e1s, la Supersalud omiti\u00f3 aplicar los autos 996, 2881 y 2882 de 2023, mediante los cuales la Corte Constitucional hab\u00eda advertido sobre la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitaci\u00f3n (UPC) y los retrasos en los Presupuestos M\u00e1ximos (PM).
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La entidad aleg\u00f3 que:
– La acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho era el medio id\u00f3neo (art. 138 CPACA).
– Los accionantes carec\u00edan de legitimaci\u00f3n por activa, dado que el representante legal de la EPS era el agente interventor.
– La medida buscaba proteger a m\u00e1s de cinco millones de usuarios y se sustentaba en el deterioro financiero comprobado de la EPS.
– Neg\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable, pues la intervenci\u00f3n se adopt\u00f3 para garantizar la continuidad en la prestaci\u00f3n del servicio.
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El Ministerio P\u00fablico coadyuv\u00f3 la tutela y se\u00f1al\u00f3 que:
– La Supersalud actu\u00f3 con irregularidades procedimentales graves, incluso sin acta v\u00e1lida del Comit\u00e9 de Medidas Especiales.
– Se desconocieron las \u00f3rdenes de la Corte Constitucional sobre la UPC y los Presupuestos M\u00e1ximos.
– La medida resultaba desproporcionada, pues removi\u00f3 a la junta directiva de manera in\u00e9dita y pon\u00eda en riesgo la estabilidad del sistema de salud.
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1. Legitimaci\u00f3n en la causa por activa
– La Corte permiti\u00f3 la acci\u00f3n interpuesta por los accionistas, al comprobarse un vac\u00edo de representaci\u00f3n generado por la intervenci\u00f3n.
– Se descart\u00f3 que el interventor pudiera ejercer la tutela, dado su conflicto de inter\u00e9s (art. 23.7 Ley 222 de 1995).
2. Subsidiariedad de la tutela
– Aunque la nulidad era un medio id\u00f3neo, no resultaba eficaz ante el riesgo de desaparici\u00f3n jur\u00eddica de la EPS (arts. 86 y 229 C.P.).
– El proceso contencioso pod\u00eda tardar a\u00f1os, configurando un perjuicio irremediable.
3. Defecto sustantivo
– Se configur\u00f3 porque la Supersalud ignor\u00f3 normas y \u00f3rdenes vinculantes de la Corte Constitucional.
– Al no valorar los autos 996, 2881 y 2882 de 2023 (seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008), se desconoci\u00f3 que la crisis financiera de la EPS no depend\u00eda \u00fanicamente de su gesti\u00f3n, sino de la insuficiencia estructural de la UPC y los retrasos en los PM.
– Esto constituy\u00f3 una vulneraci\u00f3n directa del debido proceso administrativo (art. 29 C.P.).
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– Constituci\u00f3n Pol\u00edtica: arts. 29, 48, 49, 86, 228 y 229.
– EOSF \u2013 Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero: arts. 113, 114, 115, 116, 291.6 y 295.
– Ley 100 de 1993: arts. 154 y 233.
– Ley 715 de 2001: art. 68.
– Ley 1751 de 2015: art. 6.
– Ley 222 de 1995: art. 23.7.
– Ley 1437 de 2011 (CPACA): arts. 11, 36 y 53.
– Decreto 780 de 2016: arts. 2.5.2.2.1.1, 2.5.2.2.1.5, 2.5.2.2.1.15, 2.5.5.1.1 y 2.5.5.1.9.
– Decreto 2555 de 2010: arts. 9.1.1.1.1, 9.1.1.1.2, 9.1.1.3.1, 9.1.1.2.2.
– Decreto 1080 de 2021: arts. 7.7 y 4.40.
– Decreto 1074 de 2015 y Ley 527 de 1999: sobre firma electr\u00f3nica.
– Sentencia T-760 de 2008 y autos 996, 2881 y 2882 de 2023.
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– Revoc\u00f3 los fallos de primera y segunda instancia (Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y Corte Suprema de Justicia).
– Ampar\u00f3 el derecho al debido proceso de los accionantes y de EPS Sanitas.
– Dej\u00f3 sin efectos las resoluciones 2024160000003002-6 (2 de abril de 2024), 2024100000003060-6 (10 de abril de 2024) y 2025320030001947-6 (1 de abril de 2025).
– Remiti\u00f3 el caso a la Sala Especial de Seguimiento a la T-760 de 2008 para verificar el cumplimiento de las \u00f3rdenes estructurales.
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La SU-277 de 2025 fortalece el control de la Corte Constitucional frente a la Supersalud y deja tres lecciones pr\u00e1cticas para el ejercicio profesional:
1. La acci\u00f3n de tutela es un mecanismo v\u00e1lido contra actos administrativos cuando el medio ordinario no es eficaz.
2. El defecto sustantivo no solo se configura al desconocer normas legales, sino tambi\u00e9n al ignorar precedentes y autos de la Corte Constitucional.
3. Las EPS intervenidas y sus accionistas pueden defenderse jur\u00eddicamente frente a decisiones que afecten sus derechos fundamentales, incluso en escenarios donde se discute la pol\u00edtica p\u00fablica de salud.
En conclusi\u00f3n, el fallo reafirma que la Supersalud no puede actuar como un poder aut\u00f3nomo desligado de la Constituci\u00f3n, sino que debe ajustar sus decisiones a los precedentes y \u00f3rdenes del m\u00e1ximo tribunal constitucional.
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