La pr\u00e1ctica litigiosa en lo contencioso administrativo enfrenta con frecuencia la tensi\u00f3n entre la carga probatoria de las partes y la facultad-deber del juez de decretar pruebas de oficio. La Sentencia SU-204 de 2025 de la Corte Constitucional marca un hito en la materia, al examinar la negativa del Consejo de Estado de valorar registros civiles aportados en apelaci\u00f3n y su decisi\u00f3n de declarar probada la falta de legitimaci\u00f3n material en la causa por activa.
Este precedente refuerza la idea de que el proceso contencioso administrativo no puede degenerar en decisiones inhibitorias basadas en formalismos excesivos, sino que debe garantizar la justicia material y el acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia.<\/p>\n\n\n\n
Los demandantes interpusieron una acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa contra el Estado por la muerte de Fabio Enrique Fajardo Avenda\u00f1o, presuntamente causada por agentes del Ej\u00e9rcito. Aunque la demanda fue admitida en 2010, en la sentencia de 2019 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declar\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n material en la causa por activa, al no haberse aportado los registros civiles que acreditaban el parentesco y estado civil.
La Subsecci\u00f3n A del Consejo de Estado confirm\u00f3 la decisi\u00f3n en 2023, sosteniendo que (i) la carga probatoria corresponde a los demandantes (art. 105 Decreto 1260 de 1970), (ii) no proced\u00eda aportar documentos en apelaci\u00f3n salvo en los supuestos del art\u00edculo 214 del CCA, y (iii) el juez contencioso no ten\u00eda obligaci\u00f3n de decretar pruebas de oficio.
Los familiares acudieron entonces a la acci\u00f3n de tutela, alegando defectos f\u00e1cticos, exceso ritual manifiesto, desconocimiento del precedente y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La Sala Plena identific\u00f3 cuatro defectos concurrentes en la providencia de la Subsecci\u00f3n A:
1. Defecto f\u00e1ctico: omitir el decreto de pruebas de oficio indispensables para esclarecer el parentesco.
2. Exceso ritual manifiesto: aplicar de manera r\u00edgida las normas procesales, desconociendo la finalidad sustancial del proceso.
3. Desconocimiento del precedente: ignorar reglas fijadas en decisiones como SU-768 de 2014 y T-113 de 2019, que obligan al juez a flexibilizar la carga probatoria en casos de especial vulnerabilidad.
4. Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n: afectaci\u00f3n de los derechos al debido proceso, acceso a la justicia y reparaci\u00f3n integral.
La Corte recalc\u00f3 que el proceso contencioso administrativo es mixto, pues combina el principio dispositivo (onus probandi de las partes) con el principio inquisitivo (facultades oficiosas del juez). Cuando la inactividad judicial conduce a decisiones inhibitorias, el juez incumple su funci\u00f3n constitucional.<\/p>\n\n\n\n
– El registro civil sigue siendo la prueba solemne e id\u00f3nea del parentesco (arts. 105 y 106 Decreto 1260\/70).
– Sin embargo, la exigencia no es absoluta: el juez debe decretar pruebas de oficio cuando (i) haya dudas que impidan esclarecer el litigio, (ii) las partes est\u00e9n en imposibilidad de aportar la prueba, o (iii) la estricta formalidad conduzca a negar el acceso a la justicia.
– El principio de justicia material obliga a evitar providencias inhibitorias por razones meramente formales.
– La facultad oficiosa del juez es, en realidad, un deber funcional cuando est\u00e1n en juego derechos fundamentales de las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n
La Corte Constitucional dej\u00f3 sin efectos la sentencia del Consejo de Estado y orden\u00f3:
1. Incorporar los registros civiles allegados en el recurso de apelaci\u00f3n.
2. Dictar una nueva sentencia de reemplazo valorando esas pruebas.
Este mandato asegura que los familiares obtengan un pronunciamiento de fondo sobre su demanda de reparaci\u00f3n directa, sin que el proceso quede truncado por deficiencias formales imputables al apoderado o por inactividad judicial.<\/p>\n\n\n\n
– Constituci\u00f3n Pol\u00edtica: art\u00edculos 2, 29, 228, 229.
– Decreto 1260 de 1970: art\u00edculos 105 y 106.
– C\u00f3digo Contencioso Administrativo (D. 01\/1984): art\u00edculos 169 y 214.
– Jurisprudencia relevante: SU-768 de 2014, T-113 de 2019, SU-636 de 2015, T-535 de 2023.<\/p>\n\n\n\n
La Sentencia SU-204 de 2025 constituye un precedente robusto para litigantes en materia contencioso administrativa. Ense\u00f1a que la inactividad judicial frente a pruebas esenciales puede configurar defectos constitucionales y que la garant\u00eda de justicia material exige una interpretaci\u00f3n flexible de las cargas probatorias.
En la pr\u00e1ctica, este fallo obliga a los abogados a ser diligentes en la aportaci\u00f3n de registros civiles, pero tambi\u00e9n refuerza la expectativa de que los jueces act\u00faen como garantes de los derechos fundamentales y eviten providencias inhibitorias contrarias al acceso a la justicia.<\/p>\n\n\n\n
La Sentencia SU-204 de 2025 obliga al juez administrativo a decretar pruebas de oficio y flexibilizar cargas probatorias en reparaci\u00f3n directa. Un precedente clave para litigantes.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 cambia con la SU-204 de 2025 para los litigantes?
Que el juez administrativo no puede excusarse en formalismos para negar la reparaci\u00f3n directa cuando la prueba de parentesco es determinante.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfSigue siendo el registro civil la prueba solemne del parentesco?
S\u00ed, pero la Corte aclara que el juez debe valorar indicios y decretar pruebas de oficio cuando la formalidad impida el acceso a la justicia.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 riesgos hay para la defensa del Estado?
La ampliaci\u00f3n de facultades oficiosas puede generar mayores cargas probatorias y flexibilizar est\u00e1ndares que antes eran estrictos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Facultades oficiosas del juez administrativo y flexibilizaci\u00f3n probatoria: an\u00e1lisis de la Sentencia SU-204 de 2025 Introducci\u00f3n La pr\u00e1ctica litigiosa en lo contencioso administrativo enfrenta con frecuencia la tensi\u00f3n entre la carga probatoria de las partes y la facultad-deber del juez de decretar pruebas de oficio. La Sentencia SU-204 de 2025 de la Corte Constitucional marca<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-693","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias"],"uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false,"newsx-150x100":false,"newsx-330x220":false,"newsx-420x280":false,"newsx-510x340":false,"newsx-640x480":false,"newsx-670x370":false,"newsx-860x570":false,"newsx-1000x750":false,"newsx-1200x600":false},"uagb_author_info":{"display_name":"Luis Jimenez","author_link":"https:\/\/balancelegal.co\/?author=2"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Facultades oficiosas del juez administrativo y flexibilizaci\u00f3n probatoria: an\u00e1lisis de la Sentencia SU-204 de 2025 Introducci\u00f3n La pr\u00e1ctica litigiosa en lo contencioso administrativo enfrenta con frecuencia la tensi\u00f3n entre la carga probatoria de las partes y la facultad-deber del juez de decretar pruebas de oficio. La Sentencia SU-204 de 2025 de la Corte Constitucional marca","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/693","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=693"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/693\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":694,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/693\/revisions\/694"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=693"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=693"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/balancelegal.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=693"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}