Introducci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n
El castigo de cartera es una de las deducciones m\u00e1s sensibles y fiscalizadas en el impuesto sobre la renta. Su aplicaci\u00f3n incorrecta no solo impacta la base gravable, sino que puede desencadenar sanciones, discusiones sobre firmeza de la declaraci\u00f3n y conflictos con procesos de reorganizaci\u00f3n empresarial. La sentencia del Consejo de Estado, expediente 28495 de 2025, en el caso de GIRAG S.A., es una advertencia t\u00e9cnica y contundente sobre los l\u00edmites probatorios de esta deducci\u00f3n y sobre los alcances reales de la Ley 1116 de 2006 frente a las facultades de fiscalizaci\u00f3n de la DIAN.<\/p>\n\n\n\n
Este fallo resulta clave para abogados, contadores y asesores tributarios que estructuran deducciones por cartera incobrable, gestionan p\u00e9rdidas fiscales o asesoran empresas en reorganizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Desarrollo<\/p>\n\n\n\n
El litigio se origin\u00f3 en la declaraci\u00f3n del impuesto sobre la renta del a\u00f1o gravable 2013, en la cual GIRAG S.A. registr\u00f3 una p\u00e9rdida fiscal y solicit\u00f3 la devoluci\u00f3n del saldo a favor. Posteriormente, la DIAN adelant\u00f3 un proceso de fiscalizaci\u00f3n que culmin\u00f3 con la adici\u00f3n de ingresos, el rechazo de costos y gastos \u2014principalmente por castigo de cartera\u2014 y la imposici\u00f3n de sanci\u00f3n por inexactitud.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los ejes del debate fue el t\u00e9rmino de firmeza de la declaraci\u00f3n. La sociedad sostuvo que, al haberse solicitado la devoluci\u00f3n del saldo a favor, la administraci\u00f3n solo contaba con tres a\u00f1os para notificar el requerimiento especial. El Consejo de Estado descart\u00f3 esta tesis y reiter\u00f3 que, cuando la declaraci\u00f3n registra p\u00e9rdidas fiscales, opera el t\u00e9rmino especial de firmeza de cinco a\u00f1os previsto en el art\u00edculo 147 del Estatuto Tributario, el cual prevalece sobre las reglas generales, incluso si existe solicitud de devoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Otro aspecto central fue el alcance del proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial. GIRAG S.A. aleg\u00f3 que la DIAN no pod\u00eda modificar la declaraci\u00f3n porque la obligaci\u00f3n deb\u00eda haberse incorporado al acuerdo aprobado en el marco de la Ley 1116 de 2006. La Sala fue clara en se\u00f1alar que la reorganizaci\u00f3n no impide a la administraci\u00f3n adelantar procesos declarativos de determinaci\u00f3n tributaria. Las obligaciones determinadas con posterioridad al acuerdo no hacen parte de este y pueden ser fiscalizadas sin vulnerar el r\u00e9gimen de insolvencia.<\/p>\n\n\n\n
En cuanto al castigo de cartera, la Sala confirm\u00f3 el rechazo de la deducci\u00f3n. Aunque la normativa no impone una tarifa legal probatoria ni exige procesos judiciales concluidos, s\u00ed requiere una acreditaci\u00f3n suficiente de que las deudas son manifiestamente perdidas o sin valor. En el caso concreto, se evidenciaron inconsistencias relevantes: facturas del mismo a\u00f1o del castigo que no hab\u00edan generado renta en per\u00edodos anteriores, acuerdos de pago posteriores, deudores que manifestaron haber pagado o que negaron la existencia de la obligaci\u00f3n, y ausencia de una trazabilidad clara y consistente del proceso de cobro.<\/p>\n\n\n\n
Las certificaciones del representante legal, los conceptos jur\u00eddicos y las actas societarias, aunque relevantes, no lograron desvirtuar los hallazgos de la DIAN ni acreditar de forma plena la irrecuperabilidad de las deudas. Por ello, el Consejo de Estado concluy\u00f3 que no se cumpl\u00edan los requisitos del art\u00edculo 146 del Estatuto Tributario y de los art\u00edculos 79 y 80 del Decreto 187 de 1975.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, la Sala confirm\u00f3 la procedencia de la sanci\u00f3n por inexactitud, al considerar que la inclusi\u00f3n de deducciones improcedentes gener\u00f3 un menor impuesto a cargo y no obedeci\u00f3 a una simple diferencia de criterios.<\/p>\n\n\n\n
Ense\u00f1anzas estrat\u00e9gicas para el profesional tributario<\/p>\n\n\n\n
Esta sentencia deja ense\u00f1anzas claras y pr\u00e1cticas. En primer lugar, confirma que las declaraciones con p\u00e9rdidas fiscales quedan sometidas a un t\u00e9rmino de fiscalizaci\u00f3n m\u00e1s amplio, lo que exige mayor rigor en la planeaci\u00f3n y documentaci\u00f3n de las deducciones.<\/p>\n\n\n\n
En segundo lugar, delimita con precisi\u00f3n los efectos del proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial. La Ley 1116 no es un blindaje frente a la fiscalizaci\u00f3n tributaria ni impide la determinaci\u00f3n de obligaciones posteriores al acuerdo.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, el fallo demuestra que el castigo de cartera exige una prueba integral, coherente y verificable. No basta con conceptos jur\u00eddicos o certificaciones generales; es indispensable demostrar la realidad de la deuda, su origen en operaciones productoras de renta y las razones objetivas que permiten considerarla irrecuperable.<\/p>\n\n\n\n
Por \u00faltimo, la sentencia recuerda que la sanci\u00f3n por inexactitud es plenamente procedente cuando se incluyen deducciones sin soporte suficiente, incluso si el contribuyente actu\u00f3 convencido de su procedencia.<\/p>\n\n\n\n
Conclusi\u00f3n<\/p>\n\n\n\n
El caso GIRAG S.A. es una lecci\u00f3n de t\u00e9cnica tributaria aplicada. Ense\u00f1a que las p\u00e9rdidas fiscales, los procesos de reorganizaci\u00f3n y el castigo de cartera no pueden gestionarse de manera aislada ni con soportes d\u00e9biles.<\/p>\n\n\n\n
Para el profesional tributario, este fallo reafirma que la clave de la defensa est\u00e1 en la calidad de la prueba y en una comprensi\u00f3n precisa de los l\u00edmites normativos. En materia de deducciones, la buena fe no reemplaza la prueba, y la ausencia de esta puede costar impuestos, sanciones y una posici\u00f3n procesal debilitada.
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