El cobro que se cayó por no seguir el debido proceso: la lección de Telefónica contra un municipio
Por Balance Legal – 2025
Cuando la prisa cuesta justicia
El Municipio de Manaure Balcón del Cesar intentó cobrar a Colombia Telecomunicaciones S.A. (Telefónica) más de $117 millones por concepto de impuesto de alumbrado público, correspondientes a los años 2014 a 2019. Sin embargo, el proceso terminó en una lección de fondo: el debido proceso no es un formalismo, sino la columna vertebral que sostiene la legalidad de cada cobro oficial.
El 25 de febrero de 2019, la Secretaría de Hacienda municipal profirió la Liquidación Oficial No. 002, imponiendo la obligación. Telefónica interpuso un recurso de reconsideración, pero el municipio lo rechazó por extemporáneo. Luego, avanzó con mandamientos de cobro, embargos y resoluciones que multiplicaron la deuda hasta los $362 millones.
Lo que empezó como una actuación administrativa terminó en el Consejo de Estado, donde se evaluó si el municipio había actuado conforme a derecho.
El fallo: forma es fondo
La alta corte fue contundente: el recurso de reconsideración se presentó fuera del plazo legal, lo que equivalía a no haberlo interpuesto. Esa omisión impidió a la empresa acudir válidamente ante la jurisdicción, porque no agotó los recursos administrativos obligatorios.
Por esa razón, el Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia y se inhibió de pronunciarse sobre el fondo del caso, al encontrar probada la ineptitud sustantiva de la demanda.
Además, precisó que varios actos del municipio —como los mandamientos de pago y las resoluciones intermedias— no eran susceptibles de control judicial, pues eran actos de trámite dentro del proceso coactivo. Solo la Resolución 014 de noviembre de 2019, que negó las excepciones de la empresa, podía analizarse de fondo. Y sobre ella, el Consejo también decidió negar las pretensiones, al comprobar que no existía vulneración material demostrada.
La enseñanza: un paso en falso puede costar millones
Aunque Telefónica no perdió por deber el impuesto, sino por un error procesal, la lección trasciende el caso:
– En lo público y lo privado, los procedimientos son tan importantes como las cifras. Un recurso fuera de término o un documento mal notificado puede derrumbar todo un proceso, sin importar su contenido.
– El conocimiento procesal es protección financiera. Un error de forma puede tener efectos económicos igual o más graves que un error contable.
– El debido proceso es un escudo, no un obstáculo. Garantiza equilibrio entre la autoridad y el contribuyente, evitando abusos o cobros sin sustento legal.
Reflexión de Balance Legal
Este fallo recuerda que la justicia no premia la improvisación. Tanto las empresas como los municipios deben entender que la prisa por cobrar o responder sin respetar los plazos y pasos formales puede terminar anulando sus propios actos.
El caso Telefónica vs. Manaure no solo es una historia judicial; es una advertencia para todos los que creen que “los plazos se arreglan después”. En derecho, como en las finanzas, el tiempo sí cuesta dinero.
Balance Legal – Porque entender la ley también es inteligencia financiera.
