Eso fue lo que descubrió la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) en la Resolución 1752 de 2025, al sancionar a Seguros de Vida Alfa S.A. por incumplir los principios de debida diligencia y trato justo con varios ciudadanos que reclamaron pólizas de vida grupo deudor, asociadas a créditos otorgados por el Banco de Bogotá.
Detrás de los expedientes, había personas reales: familias que esperaban respuestas y encontraron demoras, objeciones sin sustento y trámites mal gestionados.
En lo público y lo privado, los procedimientos son tan importantes como las cifras. Un recurso fuera de término o un documento mal notificado puede derrumbar todo un proceso, sin importar su contenido.
Lo que tu factura no dice puede estar costándote dinero todos los meses.Según la Resolución 26420 de 2025, la autoridad sancionó a una empresa de servicios de comunicaciones porque sus facturas no incluían información mínima que todo usuario tiene derecho a conocer, como el período facturado, valores previamente pagados, medios de atención al usuario y el derecho a no pagar valores que estén en reclamación.
Perder el servicio de celular o internet de un momento a otro no es solo una molestia. Para muchas personas es quedarse sin trabajo, sin contacto con la familia o sin una herramienta básica para el día a día. Y cuando ese corte ocurre sin aviso, el impacto no es solo emocional: también es financiero.
La UGPP no cobra con gradualidad: exige el pago completo. Un error en la cotización o un aporte omitido puede terminar en un requerimiento con plazo de pocos días para pagar montos que superan la capacidad mensual de ingresos.
La autoridad necesitaba saber, por ejemplo, si un producto comprado por **$1.800.000** fue entregado, si un pedido de **$3.200.000** fue cancelado por falta de inventario y cuánto tiempo tardó la devolución
Ir al supermercado debería ser una experiencia simple. Uno toma el producto, mira el precio, decide si lo compra o no y paga. Pero cuando el precio no está claro, cuando no aparece o cuando cambia al llegar a la caja, el que queda en desventaja siempre es el ciudadano.
La Superfinanciera revisó el portafolio de AXA Colpatria y encontró que la compañía, a través de su intermediario de seguros, estaba ofreciendo productos con condiciones diferentes a las realmente establecidas en los contratos. El hallazgo reveló una falta de transparencia e información suficiente al consumidor financiero, lo que motivó el llamado de atención formal a la entidad.
1. Pérdida de liquidez inmediata
Al imputar o gastar un saldo a favor que luego se rechaza, la empresa debe reintegrar todo el dinero junto con intereses e incluso sanciones. Lo que se veía como flujo de caja adicional se convierte en una deuda impagable que desbalancea la contabilidad y paraliza inversiones
Muchos colombianos dejan pasar cobros injustos, fallas sin resolver o servicios mal prestados por falta de tiempo o desconfianza. Pero cada factura que pagamos sin reclamar es dinero que perdemos. Este caso demuestra que reclamar es un acto de educación financiera. Cuando una empresa no responde dentro del término legal, la ley te da la razón. Reclamar con respeto, dejar constancia y hacer seguimiento no solo protege tus derechos, sino también tu economía. En tiempos donde cada peso cuenta, el conocimiento de la ley se convierte en una herramienta de poder
La tasa de usura es el máximo interés que puede cobrarse por un crédito en Colombia.
Se calcula tomando como base el interés bancario corriente (IBC) certificado por la Superfinanciera y multiplicándolo por 1,5.
Si una entidad cobra más que eso, incurre en una conducta sancionable e incluso puede configurarse el delito de usura.
El Consejo de Estado fue contundente: no se puede cobrar un impuesto con base en una norma que no estaba vigente, ni exigir el pago de un servicio que no se presta en la zona del contribuyente. Con ese argumento, el alto tribunal anuló el cobro, dejando en claro que ni los municipios ni las empresas están por encima del principio de legalidad
A veces el Estado cobra sin darse cuenta de que la norma que usa ya no existe. Miles de empresas lo viven cada año: pagan contribuciones o tasas simplemente porque llega una factura oficial, sin detenerse a preguntar de dónde salió ese cobro. Eso fue exactamente lo que le pasó a E2 Energía Eficiente S.A. ESP, una empresa que tuvo que ir hasta el Consejo de Estado para demostrar que le habían cobrado más de $550 millones con base en una ley que había sido declarada inconstitucional.
Lo que parecía un simple fallo técnico terminó siendo considerado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) como un hecho grave que afectó el derecho de los ciudadanos a acceder a su dinero y recibir servicios financieros con debida diligencia, transparencia y trato justo.
Así lo estableció la Resolución 1866 del 6 de octubre de 2025, en la que la SFC impuso sanción a la entidad por no haber cumplido con sus deberes frente al consumidor financiero.
¿Alguna vez ha pasado horas al teléfono con su empresa de servicios, sintiendo que habla con una pared? ¿Le ha pasado que, después de mil quejas, le dan una “solución a medias” solo para que deje de molestar?
El impuesto predial no perdona: cómo un avalúo inflado puede convertir un terreno en una deuda millonaria
Por Balance Legal – 2025
Pocas cosas golpean tanto el bolsillo como el impuesto predial. Cada año, miles de propietarios —desde familias hasta grandes entidades— se sorprenden al ver cómo el valor de su predio se dispara sin aviso. Pero detrás de esas cifras hay un mensaje que muchos ignoran: el Estado no espera a que usted esté de acuerdo para cobrar. Así lo recordó el Consejo de Estado en una reciente sentencia que enfrentó al Ministerio de Transporte con el Distrito de Buenaventura.
El caso que lo empezó todo
El terreno en disputa, conocido como “La Palera”, pertenece al Ministerio de Transporte y se encuentra en el área del corredor férreo nacional. Durante años, su avalúo catastral fue de $13.800 millones, pero en 2013 el valor subió a más de $51.000 millones. Esa actualización multiplicó el impuesto predial a pagar, y el Distrito le cobró al Ministerio más de $1.000 millones por un solo año.
El Ministerio alegó que el predio debía estar exento, porque formaba parte de una vía férrea —es decir, de uso público— y, por tanto, no era objeto del tributo. Sin embargo, el Consejo de Estado confirmó que el cobro era válido, porque no existía prueba técnica suficiente que demostrara ese uso público. El mensaje fue claro: mientras el terreno figure como propiedad privada en el catastro, el impuesto debe pagarse.
Las consecuencias financieras del descuido
Este caso no solo deja una enseñanza jurídica, sino una alerta financiera para todos los propietarios y entidades:
1. Un avalúo puede triplicar tus obligaciones
El salto de $13.800 millones a $51.000 millones no fue un error aislado: así funcionan los avalúos catastrales automáticos, que se actualizan sin depender de la realidad del mercado. Un cambio así puede convertir una propiedad sostenible en una bomba fiscal. Y si no se reclama a tiempo, la administración asume que el contribuyente está de acuerdo.
2. Los impuestos siguen corriendo, reclames o no
Mientras el propietario intenta demostrar que el avalúo es excesivo, el cobro no se detiene. Cada mes se acumulan intereses, sanciones y actualizaciones, afectando el flujo de caja y generando un pasivo que crece como bola de nieve.
3. El silencio cuesta caro
El Consejo de Estado dejó claro que no basta con decir “el predio es de uso público”. Si no hay planos, certificaciones del IGAC o resoluciones que lo respalden, la palabra no vale frente al catastro. En otras palabras, quien no prueba, paga.
Lección práctica para propietarios y empresarios
Este fallo enseña algo simple pero poderoso: el avalúo catastral es un arma de doble filo.
• Si se revisa, se puede corregir y evitar sobrecostos.
• Si se ignora, se convierte en una deuda impagable.
Por eso, todo propietario o empresa debería:
• Revisar el avalúo cada año. Si el valor sube sin justificación, hay que solicitar revisión antes de que llegue la factura del predial.
• Guardar toda la documentación del predio. Títulos, planos y certificados técnicos son la única defensa en caso de cobro.
• Consultar con un profesional. Un perito o abogado especializado puede detectar errores que el ciudadano común no nota.
• Actuar rápido. Los plazos para reclamar son cortos; después, el impuesto se vuelve exigible y los intereses no se detienen.
Un ejemplo que puede pasarle a cualquiera
Imagina que tu avalúo sube de $200 millones a $600 millones sin que hayas hecho mejoras en el inmueble. El impuesto predial puede pasar de $1.5 millones a más de $4 millones anuales. Si no reclamas en el año en que ocurre, los próximos pagos se calcularán sobre ese nuevo valor. En pocos años, el sobrecosto puede superar los $10 millones, sin contar los intereses de mora.
Conclusión de Balance Legal
El caso del Ministerio de Transporte demuestra que el impuesto predial no perdona: ni a las familias, ni a las empresas, ni siquiera al propio Estado. En el mundo financiero y tributario, la pasividad es el error más caro. Cada año, revisar tu avalúo y tus facturas no es burocracia: es autodefensa económica. Porque, al final, los impuestos no esperan —y la DIAN, las alcaldías y los catastros tampoco olvidan.
Cómo un descuido contable puede costarte un millón: la historia real de una empresa que perdió por no tener pruebas
En Colombia, no son solo los grandes evasores los que pierden con la DIAN. A veces, basta con no guardar un papel, no tener un soporte o firmar sin revisar para que una empresa quede atrapada en una sanción que puede arruinarla. Eso fue lo que le ocurrió a Sistema de Alcantarillado, Aseo y Agua Natural S.A.S. ESP, una compañía que terminó perdiendo una batalla tributaria de casi mil millones de pesos, no por fraude, sino por desorden contable.
Cuando la exención no evita la sanción: la historia de Neocars y el impuesto de Pereira
Cuando el beneficio no exime del deber
Neocars S.A.S. recibió una buena noticia en 2016: el municipio de Pereira le otorgó una exención total del impuesto de industria y comercio (ICA) por diez años, gracias a su ubicación en la zona franca internacional.
Sin embargo, lo que parecía una ventaja fiscal se convirtió en un problema costoso: la empresa presentó su declaración dos años y medio tarde, y el municipio le impuso una sanción por extemporaneidad superior a $645 millones.
El caso llegó al Consejo de Estado, y su resultado dejó una lección poderosa sobre cómo la forma, el tiempo y el detalle de un trámite pueden marcar la diferencia entre un beneficio y una sanción.
CONTACTANOS
Balancelegal@balancelegal.co
