La demandante solicitó que se declarara judicialmente la existencia de una filiación de crianza respecto de dos menores de edad, a quienes había cuidado y acompañado tras el fallecimiento de su padre biológico
La demandante promovió acción de pertenencia alegando haber adquirido el dominio de un inmueble por prescripción adquisitiva. Sustentó su pretensión en una posesión prolongada ejercida en un contexto de convivencia familiar.
La sentencia SL1006-2025 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ofrece una precisión relevante y vigente sobre estos temas, al delimitar el alcance de la ineficacia del traslado pensional y los efectos jurídicos que produce la devolución de saldos dentro del régimen de ahorro individual.
La Sección Cuarta reiteró un criterio jurisprudencial sólido: una vez el acto administrativo que determina la obligación tributaria queda en firme, el procedimiento de cobro coactivo no puede convertirse en un nuevo escenario para cuestionar su legalidad. El artículo 829-1 del Estatuto Tributario es claro al prohibir que, en sede de cobro, se debatan asuntos que debieron discutirse en la vía administrativa o judicial correspondiente.
La sentencia SC1757-2025 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia constituye un verdadero fallo de unificación en materia de protección al consumidor financiero. La decisión corrige interpretaciones restrictivas de los jueces de instancia y fija un criterio claro sobre el alcance subjetivo de la Ley 1328 de 2009, el principio de especialidad normativa y el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.
El litigio se originó en la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2013, en la cual GIRAG S.A. registró una pérdida fiscal y solicitó la devolución del saldo a favor. Posteriormente, la DIAN adelantó un proceso de fiscalización que culminó con la adición de ingresos, el rechazo de costos y gastos —principalmente por castigo de cartera— y la imposición de sanción por inexactitud
Antes de la Ley 2466 de 2025, el contrato de aprendizaje era concebido como una modalidad especial de vinculación, cuyo objetivo principal era la formación del aprendiz y no la prestación ordinaria de un servicio productivo. El aprendiz recibía un apoyo de sostenimiento económico y su cobertura en materia de seguridad social era limitada.
La Corte Constitucional, en la Sentencia T-228 de 2025, fijó un precedente de gran trascendencia al revisar un caso donde una aseguradora negó el pago de un seguro de vida ligado a un crédito de vivienda de interés social por supuesta reticencia del asegurado. El fallo no solo protege derechos fundamentales de la accionante, sino que también ofrece lecciones cruciales para la interpretación y aplicación del derecho comercial en materia de seguros
El litigio tuvo origen en una acción de impugnación del reconocimiento de paternidad extramatrimonial promovida por Digna Rosa Zúñiga Zúñiga, hermana del causante Humberto Zúñiga Zúñiga, quien en vida reconoció expresamente a Shara Gabriela Zúñiga Bastidas como su hija ante la Registraduría y reiteró esa voluntad en actos notariales
El Tribunal aceptó esa interpretación, considerando que la cláusula operaba de manera automática (ipso iure), sin reparar en la calidad de incumplido de quien la invocaba. Este entendimiento fue objeto de reproche en sede de casación
La Corte parte de una premisa esencial: el acceso a la administración de justicia es un derecho constitucional. En consecuencia, su ejercicio no genera responsabilidad per se. Solo de manera excepcional, cuando se demuestra que el derecho de acción fue ejercido de forma desviada de su finalidad, puede configurarse responsabilidad civil.
La Subsección A del Consejo de Estado confirmó la decisión en 2023, sosteniendo que (i) la carga probatoria corresponde a los demandantes (art. 105 Decreto 1260 de 1970), (ii) no procedía aportar documentos en apelación salvo en los supuestos del artículo 214 del CCA, y (iii) el juez contencioso no tenía obligación de decretar pruebas de oficio.
Los familiares acudieron entonces a la acción de tutela, alegando defectos fácticos, exceso ritual manifiesto, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
El núcleo del debate fue la existencia de un defecto sustantivo, es decir, la expedición de un acto administrativo sin atender normas y precedentes constitucionales obligatorios.
El caso es paradigmático porque reafirma que incluso las autoridades técnicas están subordinadas a la jurisprudencia de la Corte Constitucional
En los litigios de seguros, los abogados enfrentan el reto de probar la existencia del siniestro, la cuantía de la pérdida y la responsabilidad del asegurador. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en la sentencia SC651-2025, abordó un caso de seguro multirriesgo empresarial, fijando lineamientos claros sobre la obligación esencial del asegurador y la carga probatoria del asegurado. Este fallo es clave para los profesionales que asesoran empresas o litigan reclamaciones contra aseguradoras.
La figura de la prescripción extintiva de la acción cambiaria ha sido uno de los temas más controvertidos dentro del derecho comercial colombiano, especialmente cuando se trata de obligaciones originadas en créditos hipotecarios pactados en UPAC. El tránsito legislativo hacia la UVR, la expedición de la Ley 546 de 1999 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional —con hitos como la Sentencia SU-813 de 2007— abrieron interrogantes sobre la exigibilidad de tales créditos y el impacto de la reestructuración en los plazos de prescripción.
La sentencia SL792-2025 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral (12 de febrero de 2025, Rad. 76001-31-05-005-2018-00565-01) resolvió un caso de pensión de sobrevivientes solicitada por los padres de un trabajador fallecido.
La Acción del Consumidor ante la Superintendencia Financiera: cuándo procede y cómo ejercerla
El consumidor colombiano no solo interactúa con empresas de bienes y servicios, sino también con entidades financieras: bancos, aseguradoras, fiduciarias, comisionistas de bolsa, entre otros.
En este sector, dada su complejidad y el desequilibrio entre entidades y usuarios, el Estado ha creado mecanismos especiales de protección bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
Uno de estos mecanismos es la acción o reclamación del consumidor financiero, que le permite defender sus derechos cuando una entidad financiera incumple sus obligaciones legales o contractuales
Acuerdos de revisión salarial y discriminación por salud: lecciones de la sentencia SL687-2025
Introducción
La sentencia SL687-2025 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral (12 de febrero de 2025), marca un precedente clave sobre la eficacia de los acuerdos de revisión de contratos laborales celebrados durante la pandemia y la prohibición de discriminación salarial por motivos de salud.
Cálculo actuarial y pensión de trabajadores domésticos: análisis de la sentencia SL729-2025
Introducción
La sentencia SL729-2025 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral (19 de febrero de 2025), constituye un precedente clave para los profesionales del derecho laboral y pensional. La Corte abordó la situación de una trabajadora del servicio doméstico con más de 30 años de labores y múltiples periodos sin aportes pensionales, y precisó cómo debe aplicarse el cálculo actuarial en estos casos.
Facultades y Restricciones de los Árbitros Laborales: Análisis de la Sentencia SL592-2025
Introducción
La Sentencia SL592-2025 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral (5 de marzo de 2025), ofrece a los litigantes y asesores laborales criterios claros para evaluar la validez de los laudos arbitrales. En ella se resolvió el recurso de anulación interpuesto por Isagen S.A. ESP contra el laudo arbitral del 11 de octubre de 2023 (adicionado el 30 de octubre) en el conflicto colectivo con el sindicato SINTRAISAGEN. El fallo delimita con precisión las facultades de los tribunales de arbitramento y establece restricciones frente a materias reservadas a la autocomposición o al ámbito empresarial.
