La controversia partió de una acción reivindicatoria. La demandante sostenía ser propietaria de un inmueble en Floridablanca porque lo había adquirido mediante compraventa debidamente elevada a escritura pública e inscrita en el folio de matrícula. Desde esa base, pidió que los demandados le restituyeran el predio y le pagaran los frutos correspondientes. Sin embargo, el litigio dio un giro decisivo cuando apareció un dato que cambió toda la lectura del caso: los vendedores de la actora habían adquirido previamente el bien por donación, y esa donación fue anulada en sede penal al comprobarse que había sido obtenida mediante abuso de condiciones de inferioridad contra el anterior titular.
Según el artículo 713 del Código de Comercio, el cheque es un título valor que contiene una orden incondicional de pago, dada por el girador a un banco (girado), para que pague a la vista una suma determinada de dinero al beneficiario o tenedor legítimo.
El proceso inició cuando Leasing Bancolombia (hoy Bancolombia S.A.) presentó una demanda ejecutiva con base en un pagaré por más de $4.408 millones, derivado de un contrato de leasing financiero destinado a la adquisición de una prensa hidráulica de alta tecnología para extrusión de aluminio.
La sentencia SL1622-2025 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia es especialmente útil para los estudiantes, porque permite entender con claridad cuándo una AFP puede ser responsable por los perjuicios causados al afiliado y por qué, incluso existiendo una mala asesoría, esa responsabilidad no siempre se concreta en el caso específico.
LOS HECHOS QUE ORIGINARON EL CASO
El 3 de abril de 2005, Yamileth Lenis Parrales acudió a la clínica en trabajo de parto. Inicialmente, el médico general diagnosticó que no era necesario hospitalizarla. Horas más tarde regresó con líquido amniótico meconiado, signo de riesgo que requería atención inmediata. Sin embargo, la respuesta médica fue tardía e inadecuada:
Para los estudiantes, este fallo es un manual práctico sobre los límites de la justicia arbitral, la relación entre equidad y legalidad en la solución de conflictos colectivos, y el impacto del teletrabajo en la negociación sindical.
El proceso de pertenencia es el procedimiento judicial mediante el cual el poseedor solicita al juez que declare que ha adquirido la propiedad de un bien, demostrando que lo ha poseído como dueño durante el tiempo que la ley exige. En palabras sencillas: si alguien actúa como dueño, de manera pública y pacífica, la ley le otorga el reconocimiento jurídico de propiedad.
El proceso surgió a partir de un conflicto entre una empresa y una entidad financiera vigilada. La sociedad afectada acudió a la acción de protección al consumidor financiero, pero los jueces de instancia rechazaron su pretensión bajo el argumento de que solo las personas naturales podían ser consideradas consumidores.
En febrero de 2025, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió un caso que vuelve a poner sobre la mesa un tema clásico del derecho privado: la simulación en los contratos. La sentencia SC068-2025 (Rad. 2009-00264-01) estudió una demanda de simulación absoluta sobre la venta de derechos herenciales dentro de una sucesión familiar. Para los estudiantes de derecho, este fallo es una oportunidad de oro para comprender cómo se estructura esta figura y qué exige la Corte para declararla.
El laudo arbitral es la decisión de un tribunal de arbitramento conformado para resolver un conflicto colectivo de trabajo cuando no se logra un acuerdo directo.
– Tiene la misma fuerza que una sentencia.
– Es obligatorio para las partes.
– Puede ser revisado por la Corte Suprema a través del recurso de anulación, pero no en cualquier caso, solo si hay errores graves como extralimitación de funciones o inequidad manifiesta.
La Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), en su artículo 42, define como abusivas aquellas cláusulas que generan un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor, afectando el tiempo, modo o lugar en que puede ejercer sus derechos. Ejemplos típicos de cláusulas abusivas en arrendamientos incluyen: imponer pagos adicionales no previstos en la ley, limitar injustificadamente el derecho a terminar el contrato, o trasladar al arrendatario todas las cargas extraordinarias de la copropiedad sin contraprestación.
El Código Civil, en su artículo 1766, reconoce que la simulación absoluta ocurre cuando las partes fingen un contrato que en realidad nunca existió, con la intención de engañar a terceros o producir efectos distintos de los declarados.
La Corte reiteró que para que prospere la declaración de simulación absoluta deben concurrir dos elementos indispensables:
– La causa simulandi: el motivo que impulsa a las partes a aparentar un negocio inexistente.
– El concilium simulandis: el acuerdo consciente y fraudulento entre las partes para dar apariencia de legalidad a lo que en realidad no existe.
¿Qué es la lex artis ad hoc?
La lex artis es el conjunto de reglas de la ciencia y de la práctica profesional que el médico debe observar en cada intervención. El calificativo “ad hoc” significa que se valora de acuerdo con las circunstancias particulares del paciente y del momento.
¿Qué dice el artículo 98 del Código de Comercio?
El artículo 98 señala:
“La sociedad comercial es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social”.
En otras palabras, la sociedad nace cuando dos o más individuos deciden unir esfuerzos y recursos para llevar a cabo una actividad económica común, con la expectativa de obtener ganancias que se repartirán entre ellos.
Según el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 523 de 2021 (incorporado en el Decreto 1077 de 2015, art. 2.1.2.2.2.5), la cesión gratuita de bienes fiscales es un procedimiento mediante el cual los municipios entregan a título gratuito predios fiscales ocupados, siempre que los ocupantes cumplan con requisitos específicos. La resolución administrativa que otorga la cesión constituye título de dominio, inscribible en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
La lex artis es el conjunto de reglas de la ciencia y de la práctica profesional que el médico debe observar en cada intervención. El calificativo “ad hoc” significa que se valora de acuerdo con las circunstancias particulares del paciente y del momento.
La sentencia SC698-2025 de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural es una clase práctica sobre el recurso extraordinario de revisión en su causal octava (art. 355 CGP). El caso se originó en un proceso de responsabilidad civil extracontractual por accidente de tránsito, en el que los demandados acudieron a la revisión alegando una nulidad por omisión en la incorporación de pruebas. La Corte rechazó el recurso y dejó varias enseñanzas sobre los alcances y límites de esta figura procesal.
La sentencia SL1740-2025 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia constituye un referente fundamental para los estudiantes, pues explica con claridad qué es la pensión familiar, cuáles son sus requisitos legales y hasta dónde puede llegar el reglamento sin desconocer la ley.
El proceso fue promovido por una mujer que, tras la muerte de su sobrino, asumió de manera constante y responsable el cuidado de sus dos hijos menores de edad. Aunque los niños conservaban el vínculo biológico con su madre, la demandante ejerció durante años funciones propias de la maternidad: asumió gastos, acompañó su formación académica y estuvo presente en los momentos más importantes de su vida
El litigio nació alrededor de un contrato de fiducia mercantil inmobiliaria para desarrollar el proyecto VIS “Ciudadela La Hacienda” en Tuluá. Las sociedades Vivienda para todos de Colombia S.A.S. y Construcciones de Colombia J&J S.A.S., integrantes del Consorcio Vivienda para todos San Cristóbal, demandaron a Alianza Fiduciaria S.A. mediante la acción de protección al consumidor financiero, buscando la terminación y liquidación del fideicomiso.
– Patrimonial (arts. 1613 y 1614 C.C.): comprende el daño emergente (gastos médicos, cirugías, medicamentos) y el lucro cesante (ingresos dejados de percibir por la víctima o sus familiares).
– Extrapatrimonial: incluye el perjuicio moral, el daño a la salud, el daño a la vida de relación y la afectación de bienes constitucionalmente protegidos, como la dignidad y la integridad (art. 5 CADH y art. 10 del Protocolo de San Salvador).
El proceso se originó con la demanda de Carlos Humberto Arias Guinand, quien solicitó declarar la nulidad absoluta por falta de consentimiento de la compraventa de derechos herenciales contenida en la Escritura Pública No. 439 del 1º de marzo de 2014 (Notaría Sexta de Cali). También pidió el pago de perjuicios por más de dieciséis mil millones de pesos.
1. ¿Qué son ingresos propios y qué son ingresos de terceros?
ASPLABEL alegaba que los más de $5.000 millones adicionados por la DIAN no eran ingresos suyos, sino de los productores de plátano que representaba. El Consejo de Estado dijo que no basta con reclasificar en la contabilidad una cuenta como “ingresos recibidos para terceros”. Para que esos ingresos no se consideren propios del contribuyente, se necesita un soporte jurídico claro: contratos, actas o pruebas que demuestren que el dinero efectivamente pertenece a otro
En el sistema pensional colombiano existen dos regímenes principales: el Régimen de Prima Media (RPM), administrado por Colpensiones, y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), administrado por fondos privados.
– La demandante trabajó como empleada doméstica desde 1973 hasta 2007.
– Solo se registraron aportes al sistema de pensiones a partir de 1995, dejando más de 22 años sin cotizaciones.
Este fallo es especialmente formativo porque muestra cómo el sistema jurídico protege el acceso a la justicia, pero al mismo tiempo exige lealtad, buena fe y diligencia. En este artículo analizamos la decisión con un enfoque pedagógico, pensado para estudiantes que están aprendiendo a identificar cuándo el ejercicio del derecho a litigar se mantiene dentro de la legalidad y cuándo cruza la frontera hacia la responsabilidad civil extracontractual.
Un ejemplo reciente de este debate lo ofrece la Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 24 de julio de 2025 (Rad. 05001-23-33-000-2016-02484-01), en el caso Enecon S.A.S. vs. UGPP, que gira en torno a la validez de las liquidaciones oficiales emitidas por la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP).
El proceso se originó en una acción reivindicatoria promovida por una copropietaria del predio rural denominado “El Chocó”, ubicado en el municipio de Tenjo, Cundinamarca. La demandante sostuvo que el señor Pablo Mauricio Castro Ávila ocupaba materialmente una porción específica del inmueble sin tener derecho para ello.
Este caso ofrece enseñanzas clave para los estudiantes de derecho, pues desarrolla principios constitucionales, normas del Código Sustantivo del Trabajo y criterios internacionales sobre igualdad y no discriminación.
El hijo fallecido era afiliado a la ARL Positiva S.A., y sus padres reclamaron la pensión de sobrevivientes.
– La administradora negó la prestación, alegando que no existía dependencia económica de los padres respecto de su hijo.
El artículo 24 aclara que los listados de actos mercantiles y no mercantiles son declarativos y no limitativos. Esto significa que la lista no es cerrada: el juez puede considerar mercantil una actividad aunque no aparezca expresamente en el Código, si por su naturaleza encaja dentro del comercio
La empresa interpuso recurso de reconsideración el 6 de julio de 2015. La DIAN tenía un año para resolverlo y notificarlo (hasta el 6 de julio de 2016).
– Aunque expidió la resolución en mayo de 2016, la notificó de forma irregular: el edicto se fijó el 22 de junio, antes de que venciera el plazo de notificación personal.
El ciudadano William Hernando Suárez Sánchez demandó la nulidad del artículo 201 del Acuerdo 032 de 2016, que fijó las tarifas del impuesto de alumbrado público en Sogamoso, argumentando que el cobro debía limitarse a las zonas urbanas y centros poblados, excluyendo las zonas rurales sin luminarias. Afirmó que el Concejo Municipal excedió su competencia al establecer tarifas con porcentajes
Este fallo es especialmente formativo porque explica por qué no siempre es posible impugnar un reconocimiento paterno, aun cuando existan dudas —o incluso certeza— sobre la ausencia de vínculo biológico. A continuación, analizamos esta decisión con un enfoque pedagógico, pensado para estudiantes que están aprendiendo a comprender la lógica profunda de las acciones de estado.
El proceso analizado corresponde a una acción de impugnación del reconocimiento de paternidad extramatrimonial. Una hermana del presunto padre fallecido acudió a la justicia solicitando que se declarara que una menor no era hija de su hermano, a pesar de que este la había reconocido formalmente como tal.
1. ¿Qué significa la competencia en materia tributaria?
La competencia es la facultad legal que tiene una autoridad para actuar. En el caso tributario, la DIAN está organizada por direcciones:
– Dirección de Grandes Contribuyentes (Bogotá): atiende a las sociedades clasificadas como grandes contribuyentes.
– Direcciones seccionales: atienden a los demás contribuyentes según territorio.
El proceso fue promovido por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con el fin de expropiar dos franjas de terreno pertenecientes a una empresa privada, necesarias para la construcción de un proyecto vial de interés público. Aunque la propietaria del predio no se opuso a la expropiación, sí manifestó desacuerdo con el valor de la indemnización ofrecida.
El caso giró alrededor de un exrepresentante legal, Cristian Alexis Díaz, a quien la DIAN intentó cobrar impuestos supuestamente pendientes de una sociedad que ya había sido disuelta y liquidada. La pregunta de fondo era: ¿se le puede cobrar a alguien deudas de una empresa que ya no existe?
La DIAN fundamenta su posición en el principio del efecto útil, respaldado por la Corte Constitucional en las sentencias C-499 de 1998 y C-569 de 2004. Este principio indica que las normas deben interpretarse de manera que produzcan efectos jurídicos reales y no se tornen inocuas. Bajo esta lógica, exigir que el representante legal sea responsable de IVA haría inoperante la sanción del artículo 669 E.T.
De acuerdo con el Estatuto Tributario, pueden optar por el SIMPLE quienes:
– Sean personas naturales o jurídicas con ingresos brutos dentro de los topes establecidos.
– Cumplan con las condiciones de ley, como estar al día en sus obligaciones tributarias.
– No estén inhabilitados por pertenecer a actividades excluidas del régimen.
El caso se originó en un proceso de responsabilidad civil extracontractual. María del Carmen Correa Hernández demandó a Roberto Elías Ruiz Fernández, Ángela Patricia Saldarriaga Jaramillo y Jaime León Quiroz por los daños causados a su inmueble como consecuencia de la construcción del Edificio Liverpool.
Disan Colombia S.A. declaró el producto como medicamento veterinario, por su uso terapéutico en aves y cerdos, bajo licencia del ICA y con fórmula médica.
– La DIAN, en cambio, lo reclasificó como preparación alimenticia para animales, imponiendo mayor carga tributaria y sanción
Este fallo resulta especialmente valioso en el ámbito académico porque explica cómo la prescripción adquisitiva extraordinaria puede operar como una excepción capaz de extinguir la acción reivindicatoria, incluso cuando el demandante ostenta un título válido. A continuación, analizamos la decisión con un enfoque formativo, pensado para estudiantes que buscan comprender los fundamentos reales del Derecho de cosas y del proceso civil.
Según la Ley 820 de 2003:
– Es la contraprestación que el arrendatario paga al arrendador por usar un inmueble destinado a vivienda urbana.
– Se fija por acuerdo entre las partes.
– No puede superar el 1% del valor comercial del inmueble ni exceder dos veces el avalúo catastral (art. 18).
¿Estaban legitimados los accionantes para interponer la tutela?
– Regla general: la acción la ejerce el representante legal de la persona jurídica.
– Excepción: cuando existe un vacío de representación, como ocurre tras una intervención administrativa, los accionistas pueden actuar en defensa de sus derechos y de los de la
El canon de arrendamiento sube cada 12 meses desde la firma del contrato. La cuota de administración depende de la asamblea, que suele ser en los primeros meses del año. Por eso, es común que no coincidan: el canon puede subir en julio (si el contrato inició en esa fecha), mientras que la cuota subió en marzo.
Este fallo aborda uno de los dilemas más difíciles del derecho patrimonial de familia: qué ocurre cuando una persona conforma una unión marital de hecho, pero mantiene vigente una sociedad conyugal con otra persona. La decisión resulta fundamental para los estudiantes de derecho porque redefine la manera de proteger los derechos económicos sin desconocer la ley.
La cláusula resolutoria expresa es un acuerdo mediante el cual las partes pactan que el contrato se terminará si ocurre un incumplimiento específico. A diferencia de la resolución judicial, no siempre requiere acudir a un juez para producir efectos.
Una vez esa sentencia quedó en firme, uno de los intervinientes acudió al recurso extraordinario de revisión, afirmando que existía un documento —un poder— que no había podido aportar en el proceso y que, de haber sido valorado, habría cambiado el sentido de la decisión.
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la sentencia SL325-2025 del 12 de febrero de 2025, resolvió el recurso de casación interpuesto por la Fiduciaria La Previsora S.A., en representación del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Caprecom liquidado. El caso enfrentó al ex trabajador Fredys Lozano García contra la entidad en liquidación, y giró en torno al reconocimiento de un contrato realidad, la aplicación de la convención colectiva de trabajo de Sintracaprecom, y la condena al pago de prestaciones e indemnizaciones, incluida la sanción moratoria del Decreto 797 de 1949.
El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido popularmente como el 4×1000, es un impuesto que se cobra en Colombia cada vez que una persona realiza ciertas transacciones financieras, como retirar dinero de una cuenta bancaria. Aunque muchos lo ven como un simple descuento, detrás de este gravamen hay un sustento legal y doctrinal importante que deben conocer los estudiantes de derecho y cualquier ciudadano.
Meta descripción: Explicación sencilla para estudiantes de derecho sobre la diferencia entre cesión gratuita de bienes fiscales y enajenación de bienes municipales. Basado en el Concepto MinVivienda con radicado 2025ER0067630, la Constitución y la Ley 1955 de 2019.
Daños patrimoniales y extrapatrimoniales en responsabilidad médica: lecciones de la SC072-2025
La sentencia SC072-2025 (Rad. 2013-00141-01) de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resolvió un caso de responsabilidad médica por una falla en la atención de una menor que quedó en invalidez. Este fallo es una oportunidad única para que los estudiantes de derecho comprendan cómo se estructuran los daños patrimoniales y extrapatrimoniales en Colombia.
El joint venture como contrato atípico en Colombia: claves desde la Corte Suprema
El joint venture es una figura que, aunque no está regulada en el Código Civil ni en el Código de Comercio, ha tomado gran relevancia en el desarrollo empresarial e inmobiliario en Colombia. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en la sentencia SC593-2025 (Rad. 05001-31-03-020-2021-00127-01), profundizó en la naturaleza de este contrato y aclaró aspectos clave sobre su exigibilidad y cumplimiento. Este fallo se convierte en un material esencial para estudiantes de derecho que quieran comprender cómo funcionan los contratos atípicos y cuáles son sus efectos jurídicos.
En el CPACA (Ley 1437 de 2011), las actuaciones administrativas son el cauce formal por el que las autoridades adoptan decisiones que afectan a los ciudadanos. Estas actuaciones se guían por los principios del artículo 3 (debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad). Comprender su arquitectura —inicio, instrucción y decisión— permite al estudiante detectar vicios, ejercer defensas y anticipar estrategias.
El cobro coactivo es la facultad administrativa para hacer efectivo, sin necesidad de acudir previamente a un juez, el pago de obligaciones a favor de entidades públicas. El Título IV del CPACA (arts. 98–101) fija quiénes pueden usarlo, qué documentos prestan mérito ejecutivo, cómo se aplican las reglas de procedimiento y qué actos son demandables ante la jurisdicción contenciosa. Esta guía está pensada para estudiantes, con enfoque práctico y sin salirnos del texto vigente del CPACA.
