La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la sentencia SL325-2025 del 12 de febrero de 2025, resolvió el recurso de casación interpuesto por la Fiduciaria La Previsora S.A., en representación del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Caprecom liquidado. El caso enfrentó al ex trabajador Fredys Lozano García contra la entidad en liquidación, y giró en torno al reconocimiento de un contrato realidad, la aplicación de la convención colectiva de trabajo de Sintracaprecom, y la condena al pago de prestaciones e indemnizaciones, incluida la sanción moratoria del Decreto 797 de 1949.
El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido popularmente como el 4×1000, es un impuesto que se cobra en Colombia cada vez que una persona realiza ciertas transacciones financieras, como retirar dinero de una cuenta bancaria. Aunque muchos lo ven como un simple descuento, detrás de este gravamen hay un sustento legal y doctrinal importante que deben conocer los estudiantes de derecho y cualquier ciudadano.
Meta descripción: Explicación sencilla para estudiantes de derecho sobre la diferencia entre cesión gratuita de bienes fiscales y enajenación de bienes municipales. Basado en el Concepto MinVivienda con radicado 2025ER0067630, la Constitución y la Ley 1955 de 2019.
Daños patrimoniales y extrapatrimoniales en responsabilidad médica: lecciones de la SC072-2025
La sentencia SC072-2025 (Rad. 2013-00141-01) de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resolvió un caso de responsabilidad médica por una falla en la atención de una menor que quedó en invalidez. Este fallo es una oportunidad única para que los estudiantes de derecho comprendan cómo se estructuran los daños patrimoniales y extrapatrimoniales en Colombia.
El joint venture como contrato atípico en Colombia: claves desde la Corte Suprema
El joint venture es una figura que, aunque no está regulada en el Código Civil ni en el Código de Comercio, ha tomado gran relevancia en el desarrollo empresarial e inmobiliario en Colombia. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en la sentencia SC593-2025 (Rad. 05001-31-03-020-2021-00127-01), profundizó en la naturaleza de este contrato y aclaró aspectos clave sobre su exigibilidad y cumplimiento. Este fallo se convierte en un material esencial para estudiantes de derecho que quieran comprender cómo funcionan los contratos atípicos y cuáles son sus efectos jurídicos.
En el CPACA (Ley 1437 de 2011), las actuaciones administrativas son el cauce formal por el que las autoridades adoptan decisiones que afectan a los ciudadanos. Estas actuaciones se guían por los principios del artículo 3 (debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad). Comprender su arquitectura —inicio, instrucción y decisión— permite al estudiante detectar vicios, ejercer defensas y anticipar estrategias.
El cobro coactivo es la facultad administrativa para hacer efectivo, sin necesidad de acudir previamente a un juez, el pago de obligaciones a favor de entidades públicas. El Título IV del CPACA (arts. 98–101) fija quiénes pueden usarlo, qué documentos prestan mérito ejecutivo, cómo se aplican las reglas de procedimiento y qué actos son demandables ante la jurisdicción contenciosa. Esta guía está pensada para estudiantes, con enfoque práctico y sin salirnos del texto vigente del CPACA.
