El caso giró alrededor de un exrepresentante legal, Cristian Alexis Díaz, a quien la DIAN intentó cobrar impuestos supuestamente pendientes de una sociedad que ya había sido disuelta y liquidada. La pregunta de fondo era: ¿se le puede cobrar a alguien deudas de una empresa que ya no existe?
La DIAN fundamenta su posición en el principio del efecto útil, respaldado por la Corte Constitucional en las sentencias C-499 de 1998 y C-569 de 2004. Este principio indica que las normas deben interpretarse de manera que produzcan efectos jurídicos reales y no se tornen inocuas. Bajo esta lógica, exigir que el representante legal sea responsable de IVA haría inoperante la sanción del artículo 669 E.T.
De acuerdo con el Estatuto Tributario, pueden optar por el SIMPLE quienes:
– Sean personas naturales o jurídicas con ingresos brutos dentro de los topes establecidos.
– Cumplan con las condiciones de ley, como estar al día en sus obligaciones tributarias.
– No estén inhabilitados por pertenecer a actividades excluidas del régimen.
El caso se originó en un proceso de responsabilidad civil extracontractual. María del Carmen Correa Hernández demandó a Roberto Elías Ruiz Fernández, Ángela Patricia Saldarriaga Jaramillo y Jaime León Quiroz por los daños causados a su inmueble como consecuencia de la construcción del Edificio Liverpool.
Disan Colombia S.A. declaró el producto como medicamento veterinario, por su uso terapéutico en aves y cerdos, bajo licencia del ICA y con fórmula médica.
– La DIAN, en cambio, lo reclasificó como preparación alimenticia para animales, imponiendo mayor carga tributaria y sanción
Este fallo resulta especialmente valioso en el ámbito académico porque explica cómo la prescripción adquisitiva extraordinaria puede operar como una excepción capaz de extinguir la acción reivindicatoria, incluso cuando el demandante ostenta un título válido. A continuación, analizamos la decisión con un enfoque formativo, pensado para estudiantes que buscan comprender los fundamentos reales del Derecho de cosas y del proceso civil.
Según la Ley 820 de 2003:
– Es la contraprestación que el arrendatario paga al arrendador por usar un inmueble destinado a vivienda urbana.
– Se fija por acuerdo entre las partes.
– No puede superar el 1% del valor comercial del inmueble ni exceder dos veces el avalúo catastral (art. 18).
¿Estaban legitimados los accionantes para interponer la tutela?
– Regla general: la acción la ejerce el representante legal de la persona jurídica.
– Excepción: cuando existe un vacío de representación, como ocurre tras una intervención administrativa, los accionistas pueden actuar en defensa de sus derechos y de los de la
El canon de arrendamiento sube cada 12 meses desde la firma del contrato. La cuota de administración depende de la asamblea, que suele ser en los primeros meses del año. Por eso, es común que no coincidan: el canon puede subir en julio (si el contrato inició en esa fecha), mientras que la cuota subió en marzo.
Este fallo aborda uno de los dilemas más difíciles del derecho patrimonial de familia: qué ocurre cuando una persona conforma una unión marital de hecho, pero mantiene vigente una sociedad conyugal con otra persona. La decisión resulta fundamental para los estudiantes de derecho porque redefine la manera de proteger los derechos económicos sin desconocer la ley.
La cláusula resolutoria expresa es un acuerdo mediante el cual las partes pactan que el contrato se terminará si ocurre un incumplimiento específico. A diferencia de la resolución judicial, no siempre requiere acudir a un juez para producir efectos.
Una vez esa sentencia quedó en firme, uno de los intervinientes acudió al recurso extraordinario de revisión, afirmando que existía un documento —un poder— que no había podido aportar en el proceso y que, de haber sido valorado, habría cambiado el sentido de la decisión.
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la sentencia SL325-2025 del 12 de febrero de 2025, resolvió el recurso de casación interpuesto por la Fiduciaria La Previsora S.A., en representación del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Caprecom liquidado. El caso enfrentó al ex trabajador Fredys Lozano García contra la entidad en liquidación, y giró en torno al reconocimiento de un contrato realidad, la aplicación de la convención colectiva de trabajo de Sintracaprecom, y la condena al pago de prestaciones e indemnizaciones, incluida la sanción moratoria del Decreto 797 de 1949.
El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido popularmente como el 4×1000, es un impuesto que se cobra en Colombia cada vez que una persona realiza ciertas transacciones financieras, como retirar dinero de una cuenta bancaria. Aunque muchos lo ven como un simple descuento, detrás de este gravamen hay un sustento legal y doctrinal importante que deben conocer los estudiantes de derecho y cualquier ciudadano.
Meta descripción: Explicación sencilla para estudiantes de derecho sobre la diferencia entre cesión gratuita de bienes fiscales y enajenación de bienes municipales. Basado en el Concepto MinVivienda con radicado 2025ER0067630, la Constitución y la Ley 1955 de 2019.
Daños patrimoniales y extrapatrimoniales en responsabilidad médica: lecciones de la SC072-2025
La sentencia SC072-2025 (Rad. 2013-00141-01) de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resolvió un caso de responsabilidad médica por una falla en la atención de una menor que quedó en invalidez. Este fallo es una oportunidad única para que los estudiantes de derecho comprendan cómo se estructuran los daños patrimoniales y extrapatrimoniales en Colombia.
El joint venture como contrato atípico en Colombia: claves desde la Corte Suprema
El joint venture es una figura que, aunque no está regulada en el Código Civil ni en el Código de Comercio, ha tomado gran relevancia en el desarrollo empresarial e inmobiliario en Colombia. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en la sentencia SC593-2025 (Rad. 05001-31-03-020-2021-00127-01), profundizó en la naturaleza de este contrato y aclaró aspectos clave sobre su exigibilidad y cumplimiento. Este fallo se convierte en un material esencial para estudiantes de derecho que quieran comprender cómo funcionan los contratos atípicos y cuáles son sus efectos jurídicos.
En el CPACA (Ley 1437 de 2011), las actuaciones administrativas son el cauce formal por el que las autoridades adoptan decisiones que afectan a los ciudadanos. Estas actuaciones se guían por los principios del artículo 3 (debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad). Comprender su arquitectura —inicio, instrucción y decisión— permite al estudiante detectar vicios, ejercer defensas y anticipar estrategias.
El cobro coactivo es la facultad administrativa para hacer efectivo, sin necesidad de acudir previamente a un juez, el pago de obligaciones a favor de entidades públicas. El Título IV del CPACA (arts. 98–101) fija quiénes pueden usarlo, qué documentos prestan mérito ejecutivo, cómo se aplican las reglas de procedimiento y qué actos son demandables ante la jurisdicción contenciosa. Esta guía está pensada para estudiantes, con enfoque práctico y sin salirnos del texto vigente del CPACA.
