El proceso se originó en la demanda de nulidad por simulación de varios contratos que, según los actores, encubrían operaciones inexistentes. La controversia se centró en la valoración que hizo el Tribunal de pruebas documentales, testimoniales y confesionales.
La DIAN precisó que:
– Estos contribuyentes sí podían acogerse al SIMPLE en 2023, en virtud de la Sentencia C-540 de 2023, que revivió la norma que los habilitaba.
– La ausencia en el listado de la Resolución 000203 de 2024 no impide el reconocimiento, porque dicho listado tiene carácter informativo y no constitutivo de derechos.
Corte Suprema ordena indemnización por negligencia médica que dejó inválida a una menor. La decisión marca un precedente trascendental en la defensa del derecho fundamental a la salud y refuerza la obligación de las EPS e IPS de garantizar una atención médica adecuada, oportuna y conforme a los estándares científicos
El alto tribunal concluyó que los actos fueron expedidos por una autoridad sin competencia funcional, lo que los hace nulos de pleno derecho, incluso si la empresa incumplió materialmente la obligación de declarar.
– Primera instancia: el Juzgado negó las pretensiones, considerando que no hubo dolo ni culpa del banco.
– Tribunal de Medellín: revocó la decisión y condenó a Bancolombia a pagar $6.700 millones, bajo el argumento de que prosperar las excepciones implicaba presunción de culpa del ejecutante
Tras fracasar los intentos de casación, Humberto Arias Bejarano, vinculado como litisconsorte cuasinecesario, acudió al recurso de revisión. Alegó que había surgido un documento clave: un poder otorgado a Hinestrosa Mejía, anexo a la escritura, que supuestamente demostraba la validez del negocio.
El comercio electrónico se ha convertido en una de las formas más comunes de adquirir bienes y servicios. Sin embargo, también ha aumentado el riesgo de fraudes, incumplimientos y productos que no corresponden a lo ofrecido.
Por esta razón, el Estatuto del Consumidor colombiano (Ley 1480 de 2011, artículo 51) establece el derecho a la Reversión del Pago, una herramienta clave para proteger al comprador cuando realiza pagos con tarjetas de crédito, débito o mediante sistemas de pago electrónico
En cualquier relación de consumo, la información es poder. Para que exista un mercado justo, los consumidores deben contar con datos claros, suficientes y verificables acerca de los bienes y servicios que adquieren. Por ello, el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011, artículos 23 a 27) consagra el Derecho a la Información, imponiendo a productores y proveedores la obligación de suministrar mensajes veraces y comprensibles.
Este derecho no solo garantiza la libre elección, sino que protege al consumidor de prácticas engañosas y lo empodera para tomar decisiones responsables.
1. Tiempo de espera
– El tribunal arbitral ordenó que los conductores recibieran el 70% del valor de la hora cuando se vieran obligados a detenerse por causas ajenas a su voluntad.
– La empresa alegaba que esto modificaba la jornada laboral, pero la Corte concluyó que se trataba de un beneficio adicional y no de una alteración del tiempo de trabajo
La Corte determinó que hubo culpa médica al apartarse de la lex artis, es decir, las reglas de la buena práctica médica. Los profesionales de salud no actuaron con la diligencia exigida y omitieron medidas que pudieron evitar el daño
La controversia tuvo origen en un proceso de nulidad absoluta de un contrato de compraventa de derechos herenciales. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Cali declaró nulo el negocio jurídico por falta de consentimiento, al concluir que la persona que intervino en la operación no contaba con un poder válido para celebrar la compraventa.
El caso que llegó a la Corte
La decisión se originó en un proceso de responsabilidad civil extracontractual relacionado con los daños causados a un inmueble por la construcción de un edificio. En dicho proceso, dos de los demandados fueron condenados al pago de perjuicios materiales y morales.
La controversia se originó en un proceso reivindicatorio sobre el predio rural “El Chocó”, ubicado en el municipio de Tenjo. Uno de los involucrados había adquirido en remate judicial una cuota ideal del inmueble, correspondiente al 33,33 % del derecho de dominio.
La Corte Constitucional profirió la Sentencia SU-277 de 2025, que marcó un antes y un después en la supervisión del sistema de salud en Colombia.
En ella, la Sala Plena amparó el derecho fundamental al debido proceso de EPS Sanitas y sus accionistas, al dejar sin efectos la intervención forzosa administrativa ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante concepto jurídico emitido (radicado 2025ER0076627), respondió a una serie de consultas sobre arrendamientos y propiedad horizontal. El documento aclara que el canon de arrendamiento y la cuota de administración son obligaciones distintas, reguladas por leyes diferentes, y explica cómo deben manejarse sus incrementos y responsabilidades de pago
En un fallo histórico, la Corte Constitucional recordó que el acceso a la justicia no puede estar condicionado a formalismos extremos. La Sentencia SU-204 de 2025 resolvió un caso en el que se había negado la reparación directa a la familia de una víctima por no aportar a tiempo los registros civiles que acreditaban su parentesco. La Corte dejó sin efectos la decisión del Consejo de Estado y abrió la puerta a que los jueces decreten pruebas de oficio y flexibilicen la carga probatoria en situaciones que comprometen derechos fundamentales.
La Sentencia T-228 de 2025 de la Corte Constitucional de Colombia se ha convertido en un referente ineludible para el derecho comercial y el mercado de seguros de vida. Este fallo analiza la figura de la reticencia —regulada en el artículo 1058 del Código de Comercio— y establece nuevos límites para las aseguradoras que intentan negar el pago de pólizas por omisión o inexactitud en la declaración del asegurado.
El pronunciamiento marca un antes y un después en la protección al consumidor financiero, en la garantía del derecho a la vivienda digna y en la forma en que deben interpretarse los contratos de seguro en Colombia.
Consejo de Estado anula liquidación de la DIAN por renta 2012 a favor de FADESA de Colombia S.A.S.
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 24 de julio de 2025 (Rad. 13001-23-33-000-2016-01027-01, Exp. 29870, ponencia de Luis Antonio Rodríguez Montaño), declaró la nulidad de la liquidación oficial de revisión emitida por la DIAN contra FADESA de Colombia S.A.S., correspondiente al impuesto de renta del año gravable 2012.
Corte Suprema precisa exigibilidad de obligaciones en contratos de joint venture inmobiliarios
Introducción
El sector inmobiliario colombiano suele estructurar proyectos mediante contratos de joint venture, que combinan capital, predios y gestión empresarial. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en la sentencia SC593-2025 (Rad. 05001-31-03-020-2021-00127-01), analizó un caso sobre la construcción de un complejo hotelero en Medellín y fijó una regla de gran impacto: no puede alegarse incumplimiento de una obligación mientras el plazo contractual para cumplirla siga vigente
Cláusulas Abusivas en los Contratos de Consumo: lo que debes evitar
Introducción
Al momento de firmar un contrato, muchos consumidores aceptan condiciones sin leer o sin comprender su alcance. Esta práctica, común en contratos de adhesión como los de telefonía, servicios financieros o pólizas de seguros, puede esconder disposiciones que limitan injustificadamente los derechos del consumidor.
El Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011, artículos 42 a 44) regula las llamadas cláusulas abusivas, definiéndolas y prohibiendo aquellas que generan un desequilibrio injustificado entre las partes.
