Cuando la expropiación no borra el derecho a una indemnización justa

La lección que deja la Corte sobre interés público, propiedad privada y reparación integral

Artículo para todo público y actualidad jurídica

Hay decisiones judiciales que recuerdan una verdad que a veces se pierde en medio de las grandes obras públicas: el desarrollo del país no puede construirse a costa de borrar, sin más, el patrimonio de los particulares. Ese es el trasfondo humano y jurídico de la providencia SC1701-2025, en la que la Corte Suprema de Justicia estudió un proceso de expropiación promovido por la Agencia Nacional de Infraestructura contra UNIBAN, dentro de un proyecto vial de utilidad pública.

La discusión no giró alrededor de si el Estado podía o no expropiar. De hecho, la propia sociedad afectada no se opuso a que el bien pasara al dominio estatal. Lo verdaderamente sensible estaba en otro punto: cuánto debía pagarse por esa expropiación y hasta dónde llegaba el deber de indemnizar. Allí aparece una tensión que resulta crucial para cualquier ciudadano, empresario o productor: cuando el interés general se impone sobre la propiedad privada, la compensación no puede ser simbólica, improvisada ni desarticulada de la realidad económica del afectado.

Por eso esta sentencia deja una enseñanza de alto valor para Balance Legal. La expropiación no es un simple traslado forzoso de un inmueble. Es una intervención severa sobre la esfera patrimonial de una persona o de una empresa y, precisamente por eso, exige una reparación seria, constitucionalmente justificada y procesalmente demostrada.

La propiedad privada cede, pero no desaparece sin reparación

El punto de partida de la providencia es claro: la Constitución permite que, por motivos de utilidad pública e interés social, el Estado expropie bienes privados. Esa posibilidad responde a una lógica comprensible en sociedades modernas: hay carreteras, puentes, corredores logísticos y obras estratégicas que no podrían ejecutarse si el interés individual tuviera siempre la última palabra.

Pero esa misma Constitución impone una condición igual de importante: la expropiación debe ir acompañada de indemnización. Y no de cualquier indemnización, sino de una que sea justa. Ese matiz es decisivo, porque marca la diferencia entre una actuación estatal legítima y una intervención que termina trasladando al particular el costo económico de una decisión pública.

En otras palabras, el mensaje de fondo es poderoso: el interés público puede prevalecer, pero no está autorizado para empobrecer injustamente al expropiado. Cuando una persona o una empresa entrega parte de su predio para que una obra avance, no solo se afecta el valor físico del terreno. También pueden alterarse actividades productivas, cadenas logísticas, rendimientos económicos, infraestructura complementaria y condiciones de explotación del bien.

Por qué esta discusión importa más de lo que parece

Muchas veces, cuando se habla de expropiación, el debate se simplifica en exceso: se piensa que basta con pagar el precio del terreno y cerrar el asunto. Sin embargo, en la práctica, la afectación puede ser mucho más amplia. Un predio rural o empresarial no vale solo por sus metros cuadrados. Vale también por lo que produce, por la manera en que está articulado a una operación económica y por los ingresos que permite generar.

Eso explica por qué, en este caso, la discusión llegó a temas como el daño emergente y el lucro cesante. El primero se relaciona con las pérdidas o gastos que sufre el afectado como consecuencia directa de la expropiación. El segundo mira hacia algo todavía más delicado: las ganancias que deja de percibir quien explotaba productivamente el inmueble.

Cuando el bien expropiado forma parte de una actividad económica en marcha, ignorar esos componentes puede traducirse en una compensación incompleta. Y una compensación incompleta, aunque venga envuelta en lenguaje administrativo o judicial, deja de ser plenamente justa.

La gran lección: la justicia de la indemnización no se presume, se construye

Ahora bien, la providencia también deja una advertencia importante: que la indemnización deba ser justa no significa que el proceso pueda desprenderse de las reglas que la organizan. La reparación integral no se improvisa ni se declara en abstracto. Tiene que estar jurídicamente sustentada y procesalmente acreditada.

Ahí está uno de los mayores aportes del fallo. La sentencia permite entender que en expropiación conviven dos planos que deben caminar juntos. Por un lado, está el plano constitucional, que protege al afectado y exige una compensación seria. Por el otro, está el plano procesal, que define cómo se contradice un avalúo, cuándo debe aportarse un dictamen, qué oportunidad tiene cada parte y qué consecuencias produce dejar pasar ese momento.

Vista así, la expropiación no es un proceso donde baste invocar principios generales de equidad. Es un escenario donde la justicia material necesita ser canalizada por una técnica procesal adecuada. Y eso tiene enorme importancia práctica: una empresa puede tener razón en que su actividad productiva fue afectada, pero si no demuestra esa afectación en la oportunidad y con la forma exigida por la ley, la discusión puede resolverse en su contra.

Una decisión que habla también de empresa, producción y territorio

Esta providencia tiene además un valor especial para el sector empresarial y agroindustrial. Cuando una expropiación recae sobre predios que forman parte de una operación productiva, la discusión ya no es solo inmobiliaria. Es también económica. La pérdida o afectación del bien puede alterar cosechas, procesos logísticos, accesos, movilidad interna, infraestructura complementaria y rentabilidad esperada.

Por eso, este tipo de casos obliga a mirar la expropiación con una visión más completa. No se trata únicamente de cuánto vale el lote en el mercado. Se trata de entender qué papel jugaba ese bien dentro de una actividad empresarial concreta y qué tan profunda fue la afectación que produjo la intervención estatal.

Para una página como Balance Legal, esta enseñanza es muy valiosa: el derecho de propiedad no se agota en el título sobre un terreno. En contextos productivos, también se conecta con la capacidad real de generar valor, sostener una operación y proteger una inversión.

Conclusión

La providencia SC1701-2025 recuerda algo esencial en un Estado de derecho: la expropiación puede ser legítima, necesaria e incluso indispensable para ejecutar proyectos de interés general, pero nunca debe tratar al particular como si fuera una pieza prescindible del desarrollo. Cuando el Estado ocupa, transforma o absorbe una parte del patrimonio privado para cumplir un fin público, adquiere también el deber de reparar con seriedad las consecuencias de esa decisión.

La gran enseñanza no es que el interés privado siempre prevalezca, ni que la utilidad pública deba frenarse. La verdadera lección es más equilibrada y más civilizada: el progreso no se opone a la propiedad, pero sí exige que, cuando deba sacrificarla, lo haga con reglas claras, respeto patrimonial y compensaciones que realmente respondan al daño causado.

En tiempos donde la infraestructura sigue siendo presentada como sinónimo de modernización, esta sentencia recuerda que el desarrollo solo es jurídicamente legítimo cuando también sabe indemnizar con justicia.

Consejos clave para el lector

• En procesos de expropiación, no basta con revisar el valor comercial del predio. También debe analizarse si la actividad económica desarrollada en él sufrió afectaciones reales.
• Cuando el bien expropiado hace parte de una operación productiva, el debate sobre lucro cesante puede ser determinante para lograr una compensación adecuada.
• Las garantías constitucionales del expropiado son reales, pero deben hacerse valer con soporte técnico y dentro de las oportunidades procesales previstas por la ley.
• Para empresarios y productores, una expropiación no debe entenderse solo como una pérdida de terreno, sino como una posible alteración integral del negocio.

Fuente base del artículo: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, providencia SC1701-2025, 5 de agosto de 2025.