Sentencia T-355 de 2025: un fallo que redefine la prescripción de créditos UPAC y protege la vivienda digna
Introducción
Más de tres décadas después de la crisis del sistema UPAC, sus efectos aún resuenan en los despachos judiciales colombianos. Miles de familias que contrajeron créditos hipotecarios en los años noventa continúan enfrentando litigios por deudas que, en muchos casos, han superado con creces el valor del inmueble. La falta de reestructuración de los créditos bajo la Ley 546 de 1999 ha generado un escenario de indefinición que amenaza el derecho a la vivienda y la seguridad jurídica.
En este contexto, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-355 de 2025, resolvió una acción de tutela que trasciende el caso individual y proyecta efectos sociales y financieros de gran alcance.
El caso que llegó a la Corte
Ramón Guillermo Cuéllar Ochoa buscó que se declarara la prescripción de la acción cambiaria derivada de un pagaré en UPAC suscrito en 1993. El juzgado de conocimiento negó sus pretensiones bajo el argumento de que la obligación no era exigible por falta de reestructuración. El Tribunal Superior de Bogotá ratificó esa postura, lo que llevó al accionante a presentar acción de tutela.
La Corte debía definir si la falta de reestructuración podía impedir el inicio del cómputo de la prescripción, prolongando indefinidamente la vigencia del crédito.
La decisión de la Corte Constitucional
La Sala Cuarta de Revisión determinó que condicionar la prescripción a la reestructuración del crédito desconoce la naturaleza imperativa de esta figura jurídica. La Corte precisó que:
– La prescripción corre desde el vencimiento del título valor, no desde la eventual reestructuración.
– La reestructuración es una carga del acreedor, no del deudor.
– Permitir que la prescripción dependa de la voluntad del acreedor convertiría la obligación en perpetua, vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la justicia y a la vivienda digna.
Impacto en la actualidad
1. Defensa para los deudores hipotecarios: los fallos que niegan prescripciones por ausencia de reestructuración pierden sustento. Esto fortalece la posición de quienes aún enfrentan procesos derivados de créditos antiguos en UPAC.
2. Seguridad jurídica para el sistema financiero: aunque la decisión pueda significar la pérdida de algunas acciones ejecutivas, reafirma que la certeza en las relaciones contractuales es esencial para la confianza en el mercado.
3. Equilibrio social: la Corte reconoce que prolongar indefinidamente la vigencia de las deudas hipotecarias afecta el derecho a la vivienda y perpetúa situaciones de inequidad.
Conclusión
La Sentencia T-355 de 2025 no solo resuelve una tutela particular, sino que proyecta un mensaje de equidad y estabilidad. En un momento en que el país busca fortalecer la confianza en el crédito y garantizar el acceso a vivienda digna, este fallo recuerda que las instituciones jurídicas como la prescripción no son meras formalidades, sino mecanismos de protección frente al abuso y la incertidumbre.
Su importancia en la actualidad es evidente: devuelve certidumbre a deudores y claridad a los operadores jurídicos, consolidando un precedente que equilibra intereses financieros con derechos fundamentales y que reitera la vigencia de la seguridad jurídica como pilar del Estado Social de Derecho.
