Cuando el Estado expropia y el tiempo juega en contra: la Corte Suprema envía un mensaje claro a los propietarios
Las grandes obras públicas suelen traer progreso, pero también conflictos. Carreteras, puentes y proyectos de infraestructura implican, en muchos casos, que el Estado deba tomar terrenos privados mediante expropiación. Una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia recordó que, en estos procesos, no solo importa cuánto se paga, sino cuándo y cómo se discute ese pago.
El caso que llegó hasta la Corte
La controversia surgió por la construcción de un proyecto vial de interés nacional. La Agencia Nacional de Infraestructura solicitó la expropiación de parte de un predio perteneciente a una empresa privada. Aunque la propietaria no se opuso a entregar el terreno, sí cuestionó el valor de la indemnización reconocida por el Estado.
El conflicto escaló hasta la Corte Suprema porque la empresa alegaba que debía recibir una compensación mayor por los perjuicios causados, incluyendo la afectación a su actividad productiva.
La clave de la decisión: no basta con inconformarse
La Corte fue contundente: en los procesos de expropiación no basta con manifestar desacuerdo. La ley exige que quien no esté conforme con el avalúo del Estado actúe dentro de los plazos legales y aporte las pruebas técnicas necesarias.
En este caso, la empresa presentó su peritaje fuera del término establecido. Ese solo hecho fue suficiente para que los jueces descartaran la prueba y se mantuviera el avalúo inicial presentado por la entidad pública.
¿Y la indemnización justa?
Muchas personas creen que la indemnización por expropiación siempre debe incluir todos los perjuicios posibles. Sin embargo, la Corte aclaró que el derecho a una compensación justa no elimina las reglas del proceso.
Si los perjuicios no se prueban correctamente y a tiempo, el juez no puede reconocerlos, así se trate de una empresa que desarrolla una actividad económica en el predio afectado.
Por qué esta sentencia importa hoy
Esta decisión tiene un impacto directo en propietarios, empresarios y ciudadanos cuyos inmuebles pueden verse afectados por proyectos de infraestructura.
El mensaje es claro: la expropiación no es un trámite automático ni improvisado. Quien quiera discutir el valor de la indemnización debe hacerlo de manera técnica, oportuna y conforme a la ley.
Conclusión: derechos sí, pero con responsabilidad
La sentencia SC1701-2025 marca un precedente importante en materia de expropiación. El Estado puede tomar la propiedad privada por razones de interés general, pero los propietarios también tienen deberes procesales que no pueden ignorar.
En un país donde las obras públicas avanzan a gran ritmo, esta decisión recuerda que la defensa de los derechos patrimoniales exige atención, asesoría oportuna y acción dentro de los tiempos que fija la ley.
