Cuando te cobran un impuesto que no existe: la historia del cobro millonario que el Consejo de Estado tumbó
En Colombia, los impuestos parecen llegar antes que las explicaciones. A veces, las entidades cobran sin mirar el calendario o sin comprobar si el contribuyente realmente recibe el servicio. Eso fue lo que vivió Perenco Colombia Limited, una empresa del sector petrolero que terminó enfrentando un cobro multimillonario del impuesto de alumbrado público en el municipio de Aguazul (Casanare). El caso llegó hasta el Consejo de Estado, y la decisión se convirtió en una lección nacional sobre cómo proteger las finanzas frente a los errores de la administración tributaria.
Lo que pasó
En 2017, el municipio de Aguazul le exigió a Perenco pagar el impuesto de alumbrado público correspondiente al año 2016, basándose en un acuerdo municipal expedido ese mismo año. El problema: el acuerdo solo empezó a regir desde 2017, y además, el pozo petrolero de la empresa no estaba dentro del área donde se presta el servicio de alumbrado.
En otras palabras, le cobraron por un servicio que no usaba, y con una norma que aún no existía cuando supuestamente nació la obligación.
El Consejo de Estado fue contundente: no se puede cobrar un impuesto con base en una norma que no estaba vigente, ni exigir el pago de un servicio que no se presta en la zona del contribuyente. Con ese argumento, el alto tribunal anuló el cobro, dejando en claro que ni los municipios ni las empresas están por encima del principio de legalidad.
Las consecuencias financieras de un error así
Este caso muestra que los errores normativos y administrativos no son simples tecnicismos: tienen efectos reales sobre la economía de las empresas y de los ciudadanos.
1. Pagos indebidos que desangran las finanzas
Cuando una entidad cobra mal un impuesto, la empresa puede terminar pagando millones sin obligación legal. Es dinero que se saca del flujo de caja, reduce la inversión y afecta la competitividad. En muchos casos, ese dinero nunca se devuelve fácilmente.
2. Intereses, sanciones y desgaste
Si el contribuyente no se defiende a tiempo, los cobros indebidos acumulan intereses y se vuelven casi imposibles de revertir. Además, el proceso de defensa consume meses de trabajo, abogados y recursos que pudieron usarse en el crecimiento del negocio.
3. Desconfianza y parálisis empresarial
Cuando las empresas perciben que los municipios actúan sin claridad normativa, pierden confianza para invertir localmente. Esto se traduce en menos empleos, menos dinamismo económico y una relación más tensa entre el sector privado y el Estado.
Lo que enseña el caso Perenco
El mensaje del Consejo de Estado es tan simple como poderoso: No todo lo que llega con sello oficial es legal.
En temas tributarios, cada empresario —grande o pequeño— debe hacer tres cosas fundamentales:
1. Verificar la vigencia de la norma antes de pagar cualquier impuesto nuevo.
2. Comprobar que realmente recibe el servicio por el que le cobran.
3. Guardar soporte de todo pago: facturas, correspondencia y documentos del catastro o la alcaldía.
Un solo error en estos pasos puede costar años de litigio o millones en pagos indebidos.
Un ejemplo para entenderlo
Imagina que tu municipio crea un nuevo impuesto ambiental el 30 de diciembre, pero al mes siguiente te cobra por todo el año anterior. Eso es exactamente lo que le pasó a Perenco: le aplicaron un impuesto de manera retroactiva. El Consejo de Estado recordó que ninguna administración puede exigir tributos por periodos anteriores a su creación. Y aunque parezca evidente, en la práctica muchas alcaldías siguen cometiendo ese error.
Conclusión de Balance Legal
La historia de Perenco no es solo la de una empresa petrolera: es la de cualquier ciudadano o empresario que alguna vez recibió un cobro sin sentido. El fallo demuestra que la legalidad es la primera defensa del bolsillo. Cuando un impuesto nace sin respaldo o sin servicio, no es obligación, es abuso.
La enseñanza final es clara:
• No se trata de evadir, sino de defenderse con conocimiento.
• El contribuyente que entiende la ley protege su dinero.
• Y en Colombia, eso equivale a tener educación financiera y sentido de justicia.
