Cuando el Estado expropia: una lección clave sobre indemnización y pruebas en el proceso judicial
Para muchos estudiantes de Derecho, la expropiación suele estudiarse como una figura excepcional, lejana y puramente teórica. Sin embargo, en la práctica, es una herramienta frecuente del Estado para desarrollar obras públicas y proyectos de infraestructura. La sentencia SC1701-2025 de la Corte Suprema de Justicia ofrece una lección clara y pedagógica sobre cómo funciona realmente este proceso y cuáles son las cargas procesales que no pueden ignorarse.
¿De qué trató este caso?
El proceso fue promovido por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con el fin de expropiar dos franjas de terreno pertenecientes a una empresa privada, necesarias para la construcción de un proyecto vial de interés público. Aunque la propietaria del predio no se opuso a la expropiación, sí manifestó desacuerdo con el valor de la indemnización ofrecida.
El debate no giró alrededor de si el Estado podía expropiar, sino sobre cuánto debía pagar y qué pruebas podían tenerse en cuenta para fijar la indemnización.
La expropiación y la indemnización: una relación inseparable
La Constitución colombiana permite la expropiación por motivos de utilidad pública o interés social, pero impone una condición esencial: el pago de una indemnización previa, justa y plena.
En términos sencillos, esto significa que cuando el Estado obliga a un particular a desprenderse de su propiedad, debe compensarlo económicamente de forma adecuada. Esa indemnización puede incluir el valor del inmueble y, en ciertos casos, perjuicios adicionales como el daño emergente o el lucro cesante.
La gran enseñanza procesal: los tiempos sí importan
Uno de los puntos más importantes de esta sentencia para los estudiantes es la carga procesal que recae sobre el demandado en los procesos de expropiación.
La ley exige que, si el propietario no está de acuerdo con el avalúo presentado por la entidad expropiante, debe controvertirlo dentro del término legal y aportar oportunamente un dictamen pericial. Si no lo hace a tiempo, pierde la oportunidad de que ese dictamen sea valorado por el juez.
En este caso, la empresa afectada presentó su dictamen pericial fuera del término legal, lo que llevó a que los jueces concluyeran que no podía tenerse en cuenta como prueba válida.
¿Puede el juez corregir la inactividad de las partes?
La Corte Suprema fue clara: el juez no puede suplir la falta de diligencia de las partes. Si una prueba no se aporta en el momento procesal correcto, no basta con que haya sido discutida posteriormente para que adquiera validez.
Esta idea refuerza un principio fundamental del proceso civil: las decisiones judiciales solo pueden basarse en pruebas regular y oportunamente incorporadas al expediente.
¿Qué deben aprender los estudiantes de este fallo?
Esta sentencia deja varias lecciones prácticas. Primero, que el Derecho no solo protege derechos, sino que también exige disciplina procesal. Segundo, que en procesos técnicos como la expropiación, la prueba pericial es determinante, pero solo si se presenta correctamente.
Finalmente, enseña que conocer la norma no es suficiente: hay que entender los tiempos, las cargas y las consecuencias de no actuar oportunamente.
Conclusión: una lección que va más allá del aula
La sentencia SC1701-2025 demuestra que en el Derecho procesal los derechos no se pierden solo por no tener razón, sino también por no ejercerlos en el momento adecuado. Para quien se está formando como abogado, esta es una advertencia temprana pero invaluable.
La expropiación no es solo una figura constitucional: es un escenario real donde el conocimiento técnico y la diligencia procesal marcan la diferencia.
