Cuando las empresas cobran lo que no deben: la sanción que protege tu bolsillo
Una decisión reciente de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) envía un mensaje claro a todos los ciudadanos: nadie debe pagar por servicios que ya no utiliza. La Resolución 17209 del 2 de abril de 2025 confirmó una multa millonaria contra UNE EPM Telecomunicaciones S.A. por no tramitar la solicitud de cancelación de un contrato presentada por un usuario. Este caso revela cómo la defensa oportuna del consumidor puede evitar pérdidas innecesarias y fortalecer la cultura de protección financiera en el país.
El caso: un ciudadano que no se rindió
En noviembre de 2021, un usuario solicitó la terminación de su servicio de comunicaciones con UNE EPM. Había cumplido el tiempo de permanencia y ya no hacía uso del servicio. Sin embargo, la empresa no procesó su solicitud a tiempo y continuó facturándole, a pesar de que el servicio debía finalizar el 1 de diciembre de ese año. Ante la falta de respuesta efectiva, el ciudadano acudió a la Superintendencia de Industria y Comercio.
La investigación y la sanción
La Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones inició un proceso administrativo y determinó que la empresa había vulnerado los derechos del consumidor. La sanción ascendió a $49.060.404, equivalente a 54 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La Superintendencia confirmó que la empresa incumplió con su deber de atender de manera oportuna, efectiva e integral la solicitud del usuario.
El derecho a terminar un contrato
La normativa establece que cualquier usuario puede solicitar la terminación de su contrato en cualquier momento y por cualquier medio de atención autorizado. El proveedor no puede oponerse, exigir documentos adicionales ni demorar el proceso. En este caso, UNE EPM recibió la solicitud tres días antes del corte de facturación, pero demoró un mes en retirarle el servicio, generando cobros indebidos. Esa omisión fue considerada una falta grave a los derechos del consumidor.
El mensaje de la Superintendencia
La decisión confirmó que los proveedores deben respetar los plazos y procedimientos para atender las peticiones de los usuarios. Cada solicitud de terminación debe resolverse en el periodo de facturación correspondiente, y no hacerlo afecta directamente el patrimonio del consumidor. Además, la autoridad recordó que su función es proteger el interés general y garantizar que las empresas actúen con diligencia, transparencia y respeto.
Conclusión: cuidar tu dinero es un acto de poder
Este caso demuestra que conocer y ejercer tus derechos puede evitar pérdidas y fortalecer tu independencia financiera. Cuando una empresa te cobra por un servicio que ya cancelaste, no estás ante un simple error: estás frente a una vulneración a tu economía personal. Reclamar, insistir y dejar constancia son herramientas de defensa. Balance Legal te recuerda que cada factura injusta que pagas sin reclamar es un voto a favor del abuso empresarial. Cuidar tu dinero empieza por saber decir: hasta aquí.
