CUANDO UNA DEVOLUCIÓN SE CONVIERTE EN SANCIÓN: LA HISTORIA DE UNA EMPRESA QUE CREYÓ QUE LA DIAN NO PODÍA SANCIONARLA
Introducción:
En litigio tributario, uno de los errores más graves es creer que la sanción por devolución improcedente depende de que la liquidación oficial esté en firme. Muchas empresas consideran que mientras exista una demanda o una discusión abierta, la DIAN no puede sancionar. Esta sentencia demuestra lo contrario y explica por qué la sanción puede imponerse incluso cuando el acto principal sigue en litigio.
Historia real:
Una empresa solicitó la devolución de un saldo a favor. Más adelante, en un proceso de fiscalización, la DIAN determinó que la devolución no era procedente. Con base en ello, profirió una liquidación oficial de revisión y luego inició el proceso de sanción por devolución improcedente, exigiendo la restitución de lo devuelto junto con los intereses correspondientes.
La empresa argumentó que la liquidación oficial no estaba en firme porque había sido demandada y que, por tanto, no podía imponerse sanción. También buscó la reducción prevista en el artículo 640 del Estatuto Tributario. La Sala concluyó que la sanción era procedente, porque la improcedencia había sido demostrada en sede administrativa y no era necesario esperar el resultado del litigio de determinación.
El error crítico:
Uno de los errores frecuentes es creer que la sanción depende de la firmeza del acto de determinación. El proceso sancionatorio es autónomo y no está condicionado a la sentencia judicial del litigio principal. La devolución improcedente se sanciona por el hecho mismo de haber recibido valores que no correspondían, según la verificación administrativa. La discusión judicial sobre la liquidación no suspende ni impide la sanción. Además, no aplicaba la reducción del artículo 640 del Estatuto Tributario porque el contribuyente no aceptó los hechos ni realizó pago voluntario.
La sentencia también introduce una distinción esencial para litigantes: la DIAN puede imponer la sanción mientras el litigio avanza, pero su cobro coactivo queda suspendido hasta que la jurisdicción confirme si la devolución fue improcedente. Esto significa que el abogado debe litigar la sanción, pero entender que su ejecución depende del resultado del proceso principal.
Sustento normativo:
– Artículo 670 del Estatuto Tributario: establece la sanción por devolución improcedente.
– Artículo 640 del Estatuto Tributario: reducción de sanciones en casos en los que el contribuyente acepta los hechos.
– Artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo: confirma la autonomía de las actuaciones administrativas.
– Jurisprudencia citada por la Sala: precisa que los procesos sancionatorios no dependen de la firmeza del acto de determinación.
Lo que confirmó la autoridad:
La DIAN actuó conforme a la ley al imponer la sanción. La improcedencia había sido demostrada administrativamente. La firma o no firma de la liquidación no condiciona la sanción. La reducción del artículo 640 no procedía porque la empresa estaba en litigio y no había aceptación de los hechos.
Lección para litigantes:
1. El proceso sancionatorio es independiente del proceso de determinación.
2. La existencia de una demanda no impide la imposición de la sanción.
3. Lo relevante es el hecho verificable de la devolución improcedente.
4. La reducción del artículo 640 solo procede cuando existe aceptación y pago inmediato.
5. El litigante debe anticipar sanciones paralelas cuando se solicitan devoluciones con riesgos.
6. Aunque son procesos autónomos, existe un vínculo inevitable: si el contribuyente gana el litigio sobre el impuesto y se confirma que el saldo a favor era real, la sanción decae automáticamente. En este caso, la empresa perdió ambos pleitos, y ello definió el resultado.
Conclusión:
Esta decisión evidencia que la sanción no depende de la firmeza de la liquidación, sino del hecho comprobado de la devolución improcedente. La defensa tributaria requiere anticipación y conocimiento técnico para evitar que un trámite de devolución termine en una sanción con intereses incrementados. En Balance Legal, estos detalles no se pasan por alto. Se actúa con estrategia, precisión y técnica para proteger los intereses de los contribuyentes.
Fuente: Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, Radicado 25000-23-37-000-2023-00491-01.
