RECURSO OBLIGATORIO DE RECONSIDERACIÓN, INEPTA DEMANDA Y RIESGO PROCESAL:
LECCIONES PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES A PARTIR DE LA SENTENCIA 29132 (31 DE JULIO DE 2025)
Introducción
La Sentencia 29132 del Consejo de Estado (31 de julio de 2025) revela un error procesal que afecta tanto a empresas como a abogados litigantes: la falta de interposición del recurso obligatorio de reconsideración convierte una demanda en inepta y cierra toda posibilidad de discutir la legalidad del acto sancionatorio. El caso de Termotécnica Coindustrial S.A. muestra cómo una omisión interna, un error de representación o un descuido en la gestión del expediente puede dejar en firme sanciones millonarias, incluso cuando existen argumentos sustantivos para controvertirlas.
El problema jurídico: la sanción por no declarar y el recurso que nunca existió
La empresa fue sancionada por no declarar el ICA del año 2009 por un valor de $424.250.100. Según la demandante, la resolución que decidió el recurso de reconsideración fue notificada a una persona sin legitimidad —el contador Alexander Luna—, quien no era representante legal, ni apoderado, ni agente oficioso. Termotécnica alegó que esta indebida representación violaba el debido proceso, generaba falsa motivación y debía llevar a la nulidad del acto. Sin embargo, la propia empresa reconoció que ese recurso no fue interpuesto por una persona autorizada y que, en realidad, ella nunca presentó el recurso obligatorio.
El punto decisivo: sin recurso obligatorio, no hay acción judicial
El tribunal y luego el Consejo de Estado reafirmaron un principio esencial del CPACA: cuando el ordenamiento exige agotar un recurso obligatorio, su omisión hace que la demanda sea inepta. El recurso de reconsideración era requisito de procedibilidad en este caso. Como la sociedad no lo presentó —y además rechazó la legitimidad de la persona que lo hizo—, no podía discutirse la legalidad de los actos sancionatorios. La controversia sobre falsas motivaciones, indebida notificación o interpretación normativa quedó sin estudio por un simple error procesal.
Impacto para empresas y profesionales: el riesgo procesal como riesgo financiero
Este caso muestra que, en muchos escenarios, las sanciones tributarias no se pierden por los argumentos de fondo, sino por fallas de procedimiento. Las empresas suelen confiar trámites a personal administrativo, contadores o terceros sin verificar poderes, representaciones o registros. El resultado es crítico:
1. Un recurso mal presentado es equivalente a no presentarlo.
2. La jurisdicción contenciosa no puede subsanar errores imputables al contribuyente.
3. Una sanción discutible puede quedar en firme sin revisión judicial.
4. La empresa termina pagando no por la sanción, sino por el error procesal.
El Consejo de Estado fue claro: la apelante insistió en la supuesta irregularidad del acto que resolvió el recurso, pero nunca desvirtuó el hecho central de que la sociedad no interpuso el recurso obligatorio.
El trasfondo del caso: ¿era exigible la declaración anual de ICA?
La empresa defendió que presentó seis declaraciones bimestrales del ICA y que, en consecuencia, no podía ser sancionada por omitir la declaración anual. Citó jurisprudencia previa y conceptos de la Procuraduría que parecían respaldar su postura. Sin embargo, nada de esto fue analizado por la Sala, porque el requisito procesal no se cumplió. Los argumentos sustanciales quedaron por fuera del debate judicial.
Lecciones prácticas para empresas y profesionales
1. El recurso de reconsideración debe ser presentado por quien tenga personería válida.
2. Los contadores no representan a la empresa salvo poder expreso o norma habilitante.
3. Las notificaciones deben revisarse internamente con control estricto.
4. La falta de un recurso obligatorio no puede corregirse en sede judicial.
5. El riesgo procesal debe gestionarse como riesgo financiero: un error cuesta dinero.
6. La coordinación entre áreas contables, jurídicas y administrativas es indispensable.
Conclusión
La Sentencia 29132 demuestra que la técnica procesal es un componente decisivo en la defensa tributaria. La omisión del recurso obligatorio de reconsideración convirtió la demanda en inepta, impidiendo revisar la legalidad de la sanción por no declarar el ICA. La enseñanza para empresas y profesionales es clara: el cumplimiento riguroso de los requisitos procesales es indispensable para proteger los intereses económicos y garantizar una defensa efectiva.
“Zapatero a sus zapatos: El contador prepara los números, pero el abogado debe revisar la representación legal y firmar los recursos. Ahorrarse el abogado en la etapa administrativa le costó a esta empresa $400 millones.”
Nota final
Balance Legal acompaña a empresas y equipos jurídicos en la revisión estratégica de procedimientos, la presentación adecuada de recursos y la prevención de errores que ponen en riesgo la defensa y el patrimonio empresarial.
