Enseñar a conducir también puede generar IVA: por qué el Consejo de Estado negó la exclusión tributaria a una escuela de automovilismo
La naturaleza del programa, y no la simple actividad de enseñar, determina el tratamiento tributario.
Una escuela, dos formas de entender la educación
¿Enseñar a una persona a conducir un vehículo es prestar un servicio educativo? Evidentemente involucra enseñanza, instructores, teoría y práctica. Pero de esa constatación no se sigue, necesariamente, que el servicio esté excluido del impuesto sobre las ventas. Precisamente esa diferencia entre el lenguaje cotidiano y la categoría jurídica del servicio fue el centro del litigio entre el Centro de Enseñanza Automovilística Edusoft Ltda. y la DIAN.
La entidad reclasificó de oficio a la sociedad como responsable del IVA. Edusoft defendió que su actividad pertenecía a la educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH) y que, por tanto, sus cursos estaban comprendidos en la exclusión del numeral 5 del artículo 476 del Estatuto Tributario. El Consejo de Estado, en sentencia del 17 de septiembre de 2026, confirmó el resultado adverso a la institución: los cursos de conducción examinados no reunían los rasgos legales exigidos para ser tratados como educación no formal, hoy denominada ETDH.
La decisión enseña a los litigantes que una exclusión tributaria exige un examen normativo y probatorio del servicio concreto. No se configura por analogía con actividades parecidas ni por el mérito social de la capacitación ofrecida.
Qué se discutió y cuál fue la decisión
En octubre de 2022 la DIAN exhortó a Edusoft a reclasificarse voluntariamente como responsable del IVA. La institución rechazó la solicitud y explicó por qué consideraba sus servicios excluidos. Tras insistir en su posición, la administración profirió la Resolución 1164 del 22 de noviembre de 2022 y efectuó la reclasificación de oficio. Esa resolución fue el acto demandado.
Edusoft alegó que contaba con licencias de la Secretaría de Educación de Manizales y del Ministerio de Transporte, y que tenía programas inscritos en el Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET). Consideraba que el marco educativo y la regulación específica de los centros de enseñanza automovilística (CEA) justificaban aplicar la exclusión del IVA. Cuestionó, además, que la DIAN usara un concepto administrativo para negar el carácter educativo de su actividad.
El Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones. La Sección Cuarta confirmó esa sentencia y mantuvo la validez de la reclasificación. Su examen se concentró en una pregunta delimitada: ¿los servicios prestados por este CEA estaban excluidos del IVA por corresponder a educación no formal? La respuesta fue negativa, atendidas las características y exigencias normativas de los programas examinados. Es importante no ampliar artificialmente el alcance de la decisión: la Sala no estableció que toda capacitación impartida por cualquier CEA, bajo cualquier programa y circunstancia, deba tributar de idéntica manera.
La regla del artículo 476: exclusión objetiva, no etiqueta educativa
El numeral 5 del artículo 476 del Estatuto Tributario, según el texto transcrito y aplicado por la sentencia, excluye del IVA los servicios de educación prestados por establecimientos de educación preescolar, primaria, media e intermedia, superior y especial o no formal, reconocidos como tales por el Gobierno nacional, y los servicios de educación prestados por personas naturales a dichos establecimientos.
Esta formulación impone una tarea de clasificación: comprobar que el servicio corresponde jurídicamente a la categoría educativa mencionada. No basta que el prestador se anuncie como academia, expida certificados de asistencia o enseñe una destreza. Tampoco basta que la finalidad del servicio pueda ser provechosa para el trabajo. El análisis se dirige a la naturaleza legal del programa, su objeto, características, requisitos y régimen de autorización.
La Ley 115 de 1994 describió la educación no formal como aquella destinada a complementar, actualizar o suplir conocimientos y a formar en aspectos académicos o laborales, sin sujetarse al sistema de niveles y grados de la educación formal. Posteriormente, la Ley 1064 de 2006 cambió la denominación a educación para el trabajo y el desarrollo humano, reconociendo su importancia en la formación de aptitudes ocupacionales. La modificación terminológica no convirtió, por ese solo hecho, toda instrucción especializada en un programa de ETDH para efectos tributarios.
Dos regímenes educativos con exigencias diferentes
El Decreto 4904 de 2009, compilado en el Decreto 1075 de 2015, contempla dos modalidades de programas de ETDH: formación laboral y formación académica. Los primeros preparan para desempeños específicos en los sectores productivos y requieren, para su registro, una intensidad mínima de 600 horas, de las cuales al menos la mitad corresponde a formación práctica. Los segundos buscan adquirir conocimientos y habilidades en ámbitos académicos y culturales, entre otros, y exigen una duración mínima de 160 horas.
La formación de conductores se rige, en cambio, por las disposiciones examinadas de la Ley 769 de 2002, el Decreto 1500 de 2009 y la Resolución 3245 de 2009. Su objetivo inmediato es preparar a quien aspira a obtener el certificado de capacitación en conducción o el de instructor de conducción, mediante componentes teóricos y prácticos reglados. La providencia señala intensidades que, dependiendo de la categoría de licencia, oscilan entre 36 horas para A1 y 65 horas para C3.
La diferencia no es simplemente numérica. La Sala comparó finalidad, propósito, metodología y duración de los cursos. Entendió que los programas de conducción analizados no correspondían a las tipologías de formación laboral o académica propias de ETDH. Por eso descartó que la sola semejanza en la existencia de clases teóricas y prácticas permitiera aplicar la exclusión.
Para un abogado, este razonamiento exige especial cautela: los requisitos de duración citados tienen su fuente en el régimen de programas ETDH que la Sala comparó con los cursos específicos del expediente; no constituyen una regla universal aislada para resolver cualquier beneficio fiscal en educación.
La antigua remisión normativa tampoco resolvía el caso
Edusoft invocó que la legislación de tránsito había vinculado a los CEA con la educación no formal. La Sección Cuarta analizó ese antecedente y encontró una diferencia de alcance. La versión original del artículo 15 de la Ley 769 de 2002 remitía a la Ley 115 de 1994 y sus reglamentos «en lo pertinente a educación no formal» al regular la constitución y funcionamiento de los centros. Según la sentencia, esa referencia se relacionaba con reglas de constitución y funcionamiento, pero no suponía que todos sus cursos pasaran automáticamente a ser servicios de educación no formal.
Además, la Ley 1397 de 2010 modificó ese artículo 15 y eliminó la remisión a las normas sobre educación no formal. Desde entonces la disposición indica que el Ministerio de Transporte reglamentará la constitución y funcionamiento de los CEA conforme a la ley.
La demandante también se apoyó en expresiones contenidas en los considerandos del Decreto 1500 de 2009. La Sala recordó que los considerandos explican los motivos de la regulación, pero no constituyen por sí mismos mandatos normativos que creen o modifiquen situaciones jurídicas. En consecuencia, tales expresiones no podían ampliar el alcance de una exclusión establecida por la ley tributaria.
Esta parte del fallo es especialmente relevante en litigios sobre beneficios: una referencia histórica, un considerando o una remisión reglamentaria no sustituyen la identificación de la norma vigente que otorgue el tratamiento fiscal pedido.
Un desacierto del Tribunal que no cambió el resultado
La Sección Cuarta rechazó expresamente un criterio empleado en primera instancia. El Tribunal había sugerido que la exclusión podía depender del propósito personal por el cual alguien tomara el curso: conducir para conseguir empleo, por ejemplo, en lugar de hacerlo por interés particular. Para el Consejo de Estado, esa tesis convertía la aplicación del IVA en una calificación subjetiva, difícil de verificar y no prevista por la ley.
El beneficio tributario debe determinarse por requisitos legales objetivos, no por la motivación íntima de cada estudiante. Dos personas podrían asistir al mismo programa con objetivos diferentes, sin que esa sola circunstancia cambie su naturaleza jurídica. Esta crítica de la Sala, sin embargo, no condujo a anular la reclasificación: por las razones normativas previamente estudiadas, los cursos examinados seguían sin satisfacer las condiciones de la exclusión.
La distinción sirve para elaborar recursos de apelación precisos. Demostrar que un fundamento accesorio de la sentencia es incorrecto no garantiza su revocatoria cuando subsiste otro fundamento suficiente para sostener la decisión.
Ejemplo hipotético: el destino laboral del alumno no decide el IVA
Imaginemos dos alumnos que cursan exactamente el mismo programa ordinario de conducción, ofrecido por una institución con la misma habilitación y los mismos contenidos. La primera persona aprende a manejar para trasladarse con su familia; la segunda, con la intención de trabajar como conductor. Si la clasificación fiscal cambiara exclusivamente por esa intención, el prestador tendría que adivinar y fiscalizar los planes personales del usuario para determinar un impuesto.
La regla que muestra la sentencia es otra: identificar el programa efectivamente impartido y confrontarlo con los requisitos objetivos de la categoría educativa contemplada en la exclusión. El ejemplo ilustra la lógica de la decisión; no describe dos alumnos reales del proceso ni sustituye la evaluación jurídica de otros cursos distintos.
Herramientas para una defensa tributaria bien construida
Antes de reclamar una exclusión de IVA vinculada con educación, conviene definir con exactitud el servicio: nombre, plan curricular, finalidad, duración, modalidad, tipo de certificación y autoridad que autorizó la oferta. Después, debe identificarse la disposición tributaria de exclusión y los elementos que exige. Solo entonces tiene sentido confrontar el marco sectorial con la descripción del hecho económico.
En segundo lugar, hay que distinguir entre la habilitación para funcionar como institución y la calificación del programa para el beneficio fiscal. La discusión sobre el valor de licencias y registros merece un análisis autónomo, pero la lección básica es que ningún documento debe atribuirse un alcance que la autoridad emisora no le concedió.
En tercer lugar, conviene separar los conceptos administrativos de los mandatos legales. Edusoft cuestionó la interpretación de un concepto de la DIAN basado en una comunicación del Ministerio de Educación. La controversia terminó resolviéndose mediante las normas que definían la formación ETDH y la capacitación de conductores, no por la mera existencia de un concepto.
Finalmente, la defensa debe refutar todos los pilares de la reclasificación: la clasificación jurídica del servicio, su régimen especial y las consecuencias tributarias derivadas. Concentrarse únicamente en que se trata de una actividad «educativa» o en su utilidad para conseguir empleo no alcanza, por sí solo, el estándar que dejó esta sentencia.
Conclusión: enseñar no es sinónimo automático de excluir
El caso Edusoft deja una advertencia para las empresas educativas y sus asesores. La prestación de un servicio que transmite conocimientos no conduce necesariamente a una exclusión del IVA. El reconocimiento debe construirse desde la norma tributaria y los requisitos objetivos del régimen educativo que esa norma incorpora.
La Sección Cuarta confirmó que los cursos de conducción examinados no podían equipararse, para efectos de la exclusión solicitada, a los programas de educación no formal o ETDH. Al mismo tiempo, descartó que el IVA dependa de las intenciones personales del alumno. Esa combinación —rigor en la clasificación y rechazo de subjetividades— ofrece una guía precisa para el litigante: en materia de exclusiones, importa menos cómo se describe comercialmente el servicio que lo que jurídicamente es y puede demostrarse que es.
Fuente
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 17 de septiembre de 2026, rad. 17001-23-33-000-2023-00052-01 (30067), M. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Demandante: Centro de Enseñanza Automovilística Edusoft Ltda. Demandada: DIAN. Salvamento de voto anunciado en la providencia, sin texto incluido en el documento examinado. Artículo elaborado exclusivamente a partir de la sentencia; el ejemplo señalado es hipotético.
