Dos daños, dos relojes: cómo calcular la caducidad cuando existen afectación jurídica y ocupación material
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Fuente integrada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de febrero de 2026, proceso promovido por Andrés José Pajón Samper y otros contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Introducción: una sola demanda puede contener varios daños y varios términos
En los litigios de reparación directa es frecuente que una misma intervención estatal produzca consecuencias distintas. Una obra pública puede generar una restricción jurídica sobre el inmueble, una ocupación física, una transformación permanente del terreno, una negociación posterior y una eventual compraventa. Aunque todos esos hechos formen parte de una misma historia, no necesariamente activan un único término de caducidad.
La sentencia de 27 de febrero de 2026 del Consejo de Estado, proferida dentro del proceso promovido por Andrés José Pajón Samper y otros contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., muestra el riesgo de construir la demanda como si existiera un solo daño continuado.
Los actores reclamaron por las restricciones derivadas de una afectación inscrita en el folio de matrícula del predio San Joaquín y por la ocupación material de una parte del inmueble para ejecutar las obras de canalización del río Salitre. La Sala entendió que se trataba de dos imputaciones autónomas: una vinculada con la eficacia jurídica de la afectación y otra relacionada con la intervención física permanente.
Cada imputación tenía un hecho generador, una fecha de consolidación y un reloj procesal diferente. El primer término comenzó cuando la afectación perdió eficacia de pleno derecho. El segundo se relacionó con la terminación de las obras en el predio y, como mínimo, con el momento en que los propietarios ya conocían y podían dimensionar el daño.
El caso ofrece una regla metodológica esencial para el litigante: antes de calcular la caducidad, debe descomponer la demanda en daños jurídicamente diferenciables. Una cronología única puede ocultar que algunas pretensiones ya vencieron, aunque otros hechos hayan ocurrido después.
Fuente: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de febrero de 2026.
El contexto fáctico: afectación, entrega material, obras y compraventa
En 1995, la Empresa de Acueducto declaró de utilidad pública una zona necesaria para ejecutar el proyecto de canalización del río Salitre. Dentro del área requerida se encontraba una parte del predio San Joaquín, identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-452429.
La oferta de compra fue inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria en 1996. Posteriormente, dentro del proceso de sucesión del propietario original, se autorizó la entrega material del inmueble a la entidad para ejecutar las obras de canalización y terraceo.
Los demandantes atribuyeron a la Empresa de Acueducto dos grupos de consecuencias. Por una parte, sostuvieron que la anotación registral y la falta de adquisición oportuna limitaron las facultades de uso, goce, disposición y explotación económica del predio. Por otra, afirmaron que la ocupación y las obras transformaron físicamente el terreno, modificaron el curso del río y redujeron sus posibilidades urbanísticas.
En 2009, la entidad presentó una oferta actualizada por 22.475,01 metros cuadrados, correspondiente al área efectivamente ocupada, por valor de $3.682.440.000. Los propietarios aceptaron y la compraventa se perfeccionó en diciembre de ese año.
La demanda de reparación directa fue presentada el 17 de enero de 2012. Para decidir si era oportuna, el Consejo de Estado no tomó la fecha de la compraventa como punto de partida común. Separó las imputaciones y calculó cada una conforme a su propia configuración.
Primera imputación: la afectación jurídica del inmueble
La primera reclamación se relacionaba con la inscripción de la oferta de compra y con las restricciones jurídicas que, según los actores, esa anotación produjo sobre el derecho de propiedad.
La Sala examinó el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, según el cual la afectación por causa de una obra pública tenía una duración inicial de tres años y podía renovarse hasta un máximo de seis. La renovación no surgía automáticamente por la sola continuidad del proyecto: requería una actuación de la Administración.
En el proceso no se acreditó que el inmueble hubiera sido adquirido durante el período inicial ni que la afectación hubiera sido renovada. Por esa razón, el Consejo de Estado concluyó que perdió eficacia de pleno derecho el 2 de agosto de 1999.
La pérdida de eficacia no dependía de la expedición de un acto posterior que declarara terminada la afectación. El efecto se producía por ministerio de la ley, al cumplirse el plazo sin adquisición ni renovación.
El primer reloj comenzó cuando la afectación dejó de ser jurídicamente obligatoria
Para la Sala, el daño atribuido a la afectación debía analizarse desde el momento en que esta perdió eficacia. Desde entonces, las facultades jurídicas de disposición sobre el inmueble quedaron restablecidas.
El término de dos años venció el 3 de agosto de 2001. La demanda de enero de 2012 fue presentada más de una década después de ese límite.
La permanencia formal de la anotación en el folio de matrícula no cambió el cómputo. La sentencia distinguió entre la existencia material de una inscripción y la eficacia jurídica de la afectación que le servía de fundamento.
Esta conclusión tiene una consecuencia litigiosa importante: no siempre puede alegarse que la restricción continúa por el solo hecho de que la anotación no haya sido cancelada. Si la ley hizo cesar sus efectos, el reloj procesal puede haber comenzado mucho antes.
Segunda imputación: la ocupación material y permanente
La segunda reclamación no dependía de la anotación registral. Se refería a la entrada física de la entidad al predio y a la ejecución de obras de canalización, adecuación de la ronda y terraceo.
El Consejo de Estado calificó la intervención como una ocupación con vocación de permanencia. Las obras no buscaban un uso transitorio del terreno, sino una transformación definitiva que exigía la adquisición del área intervenida.
En este tipo de casos, el cómputo se relaciona con la terminación de la obra en el inmueble afectado o con el momento en que el propietario pudo conocer y dimensionar el daño.
El análisis no debía esperar necesariamente la culminación de todo el proyecto de infraestructura. Lo relevante era establecer cuándo finalizaron las intervenciones sobre el predio concreto o cuándo sus consecuencias ya eran identificables para los propietarios.
El segundo reloj se conectó con la terminación y el conocimiento del daño
El expediente no permitió fijar con absoluta precisión la fecha exacta de terminación de cada obra sobre el inmueble. Sin embargo, la Empresa de Acueducto informó en agosto de 2006 que los trabajos se encontraban ejecutados en un ciento por ciento.
Además, los demandantes presentaron una solicitud de conciliación el 5 de noviembre de 2008. En esa actuación reconocieron que conocían la terminación de las obras y los perjuicios que atribuían a la ocupación.
La Sala utilizó esa manifestación como un punto temporal seguro: a más tardar en noviembre de 2008, los propietarios conocían y podían dimensionar el daño.
En consecuencia, el término para demandar transcurrió entre el 6 de noviembre de 2008 y el 8 de noviembre de 2010. La acción presentada el 17 de enero de 2012 era extemporánea también frente a esta segunda imputación.
Por qué no era correcto utilizar una sola fecha para todo el caso
La compraventa de 2009 era un hecho relevante, pero no tenía la capacidad de unificar todos los términos. La afectación jurídica había perdido eficacia desde 1999 y la ocupación ya podía ser conocida y dimensionada, como mínimo, en 2008.
El negocio posterior resolvió la adquisición del área intervenida, pero no trasladó hacia adelante el nacimiento de daños anteriores. Tampoco convirtió en oportunas reclamaciones cuyo término ya había comenzado por hechos autónomos.
La sentencia demuestra que una misma actuación estatal puede producir una secuencia de daños, pero cada uno debe ser individualizado. La existencia de un evento posterior no reinicia automáticamente la caducidad de todos los anteriores.
Para el abogado, el error consiste en narrar la historia como una afectación ininterrumpida que solo terminó con la compraventa. Esa construcción puede confundir permanencia de los efectos con permanencia de la oportunidad procesal.
Efecto permanente no equivale a término indefinido
La ocupación transformó de manera definitiva el terreno y sus efectos podían continuar después de terminadas las obras. Sin embargo, la persistencia del resultado no significaba que naciera un daño nuevo cada día.
La caducidad se calcula desde la consolidación del daño o desde su conocimiento, no desde el último día en que sus consecuencias sigan siendo visibles.
Esta distinción protege la seguridad jurídica. Si la permanencia física de una obra mantuviera abierta la acción de manera indefinida, las controversias por ocupación permanente nunca cerrarían.
El litigante debe separar la permanencia del efecto de la fecha en que el daño se configuró y pudo ser comprendido. Esa fecha es la que activa el reloj procesal.
Conocimiento del daño y conocimiento de toda su cuantía
El propietario no necesita contar con la liquidación económica definitiva para que comience el término. La sentencia valoró el momento en que los demandantes conocían la terminación de las obras y podían dimensionar los perjuicios atribuidos a la ocupación.
El hecho de que años después se obtuviera una oferta actualizada o se concretara el precio de compraventa no significaba que antes fuera imposible conocer la existencia y naturaleza del daño.
La posibilidad de cuantificar con mayor precisión una reclamación puede mejorar la prueba, pero no necesariamente retrasa el nacimiento de la acción. Confundir conocimiento del daño con determinación final de su valor puede conducir a un cálculo tardío.
La conciliación solo suspende un término vigente
Los demandantes presentaron una nueva solicitud de conciliación el 31 de octubre de 2011. Para esa fecha, según la Sala, el término relacionado con la ocupación material había vencido desde noviembre de 2010.
La conciliación extrajudicial puede suspender la caducidad mientras el plazo todavía está corriendo. No tiene la capacidad de restaurar un término ya agotado.
La consecuencia estratégica es directa: el cálculo debe hacerse antes de presentar la solicitud de conciliación. Esta actuación no puede utilizarse como un mecanismo de rescate cuando la acción ya caducó.
También debe revisarse el objeto de cada conciliación y su relación con las pretensiones posteriores. No toda actuación extrajudicial anterior conserva de forma general la posibilidad de demandar cualquier daño relacionado con el mismo proyecto.
La decisión procesal no resolvió la responsabilidad de la entidad
El Consejo de Estado revocó la sentencia que había negado las pretensiones y, en su lugar, declaró la caducidad de la acción de reparación directa.
El cambio en la parte resolutiva es relevante. Negar las pretensiones supone, en principio, un examen de fondo que concluye que el demandante no demostró la responsabilidad o el derecho reclamado. Declarar la caducidad significa que el juez no puede estudiar materialmente la controversia porque la acción fue presentada fuera del plazo.
Por esa razón, la sentencia no definió si la afectación produjo los perjuicios alegados, si la ocupación fue jurídicamente imputable, si el avalúo fue suficiente o si la compraventa compensó todos los daños.
El resultado fue exclusivamente procesal: las dos imputaciones llegaron tarde.
Metodología para calcular la caducidad en casos con varios daños
El primer paso es listar cada daño reclamado sin mezclarlos. Restricción jurídica, ocupación material, transformación física, pérdida de explotación y adquisición posterior pueden tener relaciones entre sí, pero deben estudiarse individualmente.
El segundo paso es identificar el hecho generador de cada imputación. En el caso, la afectación se relacionaba con la inscripción y su vigencia legal; la ocupación, con la ejecución de obras permanentes sobre el predio.
El tercer paso es establecer la fecha de consolidación. Para la afectación, fue la pérdida de eficacia de pleno derecho. Para la ocupación, la terminación de la obra o, como mínimo, el conocimiento demostrable de sus efectos.
El cuarto paso es verificar actos que puedan suspender el término, como la conciliación, pero solo después de confirmar que el plazo seguía vigente.
El quinto paso es construir una línea de tiempo por cada imputación. Una sola cronología general puede ocultar que los relojes comenzaron en años diferentes.
Errores de litigio que la sentencia ayuda a prevenir
El primer error es presentar todas las consecuencias de una obra pública como un único daño continuado. La Sala puede encontrar imputaciones autónomas con términos distintos.
El segundo es utilizar la fecha de la compraventa como punto de partida universal. El negocio posterior no necesariamente reinicia los plazos de afectaciones o ocupaciones ya conocidas.
El tercero es equiparar la permanencia de una anotación con la vigencia de sus efectos jurídicos. La afectación puede haber perdido eficacia por mandato legal.
El cuarto es esperar la culminación total de un proyecto por fases, cuando las obras en el predio específico ya terminaron.
El quinto es creer que la continuidad del perjuicio físico mantiene la acción abierta. Los efectos permanentes no producen un nuevo término cada día.
El sexto es acudir a conciliación sin haber calculado previamente la caducidad. Solo se suspende lo que todavía existe.
Recomendaciones estratégicas para la demanda
La demanda debe incluir una tabla o línea de tiempo separada por imputación. Para cada daño conviene registrar el acto o hecho generador, la fecha de conocimiento, la consolidación, las actuaciones extrajudiciales y el vencimiento estimado.
También debe explicarse por qué una fecha posterior resulta jurídicamente relevante. No basta citar una negociación, un avalúo o una compraventa; es necesario demostrar cómo ese hecho modifica el conocimiento o la consolidación del daño.
Cuando no exista certeza absoluta sobre la terminación de la obra, deben aportarse comunicaciones, actas, informes técnicos, fotografías y solicitudes anteriores que permitan establecer el primer momento en que el daño era identificable.
Si existen varias imputaciones, la conciliación debe reflejarlas con precisión. Su objeto debe corresponder con las pretensiones que se llevarán posteriormente a la jurisdicción.
Finalmente, el abogado debe trabajar con el escenario temporal más conservador. Esperar a la fecha más favorable sin asegurar la acción puede convertir un caso probatoriamente fuerte en un proceso que nunca llegue al fondo.
Conclusión
La sentencia sobre el predio San Joaquín demuestra que una misma obra pública puede activar varios relojes de caducidad. La afectación jurídica y la ocupación material no eran dos nombres para el mismo daño, sino imputaciones autónomas.
La primera comenzó a correr cuando la afectación perdió eficacia de pleno derecho el 2 de agosto de 1999 y venció en agosto de 2001. La segunda se calculó, como mínimo, desde el conocimiento demostrado en noviembre de 2008 y venció en noviembre de 2010.
La compraventa de 2009 no unificó ni reinició los términos. La conciliación de 2011 tampoco podía revivir una acción ya caducada. La demanda presentada en enero de 2012 llegó tarde frente a ambos daños.
Para el litigante, la lección es precisa: antes de discutir responsabilidad, causalidad o cuantía, debe identificar cuántos daños contiene la historia y desde cuándo corre el reloj de cada uno. En reparación directa, una cronología mal construida puede cerrar el proceso antes de que el juez estudie una sola prueba sobre el fondo.
