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166-TRIBUTARIO

La DIAN publicó una liquidación en su página web, pero debía enviarla al correo registrado en el RUT: las consecuencias de una notificación irregular

Notificación electrónica y terminación por mutuo acuerdo  |  Consejo de Estado, expediente 29047

La notificación que puede cambiar el rumbo de un procedimiento

Una liquidación oficial puede estar expedida y existir en los archivos de la administración, pero eso no significa que haya sido comunicada al contribuyente conforme a la ley. La diferencia importa: de la notificación depende la posibilidad real de ejercer los recursos y comprender qué actuación está en curso. En la controversia entre Interasesores Asesores Empresariales Administrativos S. A. y la DIAN, la discusión sobre una dirección electrónica registrada en el RUT se convirtió en la puerta de entrada a un mecanismo de terminación por mutuo acuerdo.

La particularidad del caso exige precisión. Fue el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el que concluyó que la liquidación oficial no se notificó de manera adecuada. En segunda instancia, el Consejo de Estado tomó esa conclusión como premisa no controvertida, porque la parte demandante no tenía reparos contra ella y el debate de apelación se concentró en otro asunto: la congruencia de la sentencia frente a las razones efectivamente invocadas por la DIAN para negar el beneficio. Así, el fallo permite estudiar las consecuencias procesales de la irregularidad sin atribuirle a la Sección Cuarta una revisión de fondo que no realizó.

Qué ocurrió con la liquidación oficial de renta de 2014

La sociedad presentó su declaración de renta de 2014 y fue objeto de fiscalización. La DIAN formuló el requerimiento especial 322402019000173 del 2 de agosto de 2019. Posteriormente expidió la Liquidación Oficial de Revisión 322412020000103 del 16 de junio de 2020, cuya notificación intentó mediante remisión a la dirección física de la contribuyente en Bogotá.

El envío postal fue devuelto bajo la causal «no existe». La DIAN acudió entonces a un aviso publicado en su página web el 16 de julio de 2020. Meses después, el 30 de noviembre de ese año, Interasesores solicitó la terminación por mutuo acuerdo prevista en el artículo 119 de la Ley 2010 de 2019, tomando como actuación de referencia el requerimiento especial. La administración rechazó su petición mediante el Acta 63 del 9 de diciembre de 2020: sostuvo que ya existía una liquidación oficial notificada y en firme, de modo que no quedaba una actuación susceptible de terminación por mutuo acuerdo.

La contribuyente respondió que la DIAN había ignorado la dirección electrónica inscrita en el RUT. El litigio, por tanto, no comenzó como una discusión abstracta sobre la conveniencia del correo electrónico: se trataba de determinar si el acto que la DIAN consideraba definitivo podía oponerse a una empresa que afirmaba no haber sido notificada por el canal legalmente exigido.

El correo del RUT y el parágrafo 4.º del artículo 565 del Estatuto Tributario

En la sentencia de primera instancia, el Tribunal aplicó el parágrafo 4.º del artículo 565 del Estatuto Tributario, en el contexto normativo de los actos discutidos. Consideró que, cuando el contribuyente había informado una dirección electrónica en el RUT, la administración debía emplearla para notificar la liquidación oficial. En este expediente se tuvo por acreditado que la sociedad registraba desde 2016 un correo electrónico para notificaciones.

Por ello, no bastaba que la DIAN hubiera remitido el acto a la dirección física, recibido la devolución del envío y publicado después un aviso en su página web. Según el Tribunal, ese itinerario omitió la notificación electrónica que correspondía practicar. El juzgador concluyó que la liquidación no fue debidamente notificada y que la contribuyente solo conoció su existencia cuando la DIAN la mencionó al negar el mecanismo de terminación por mutuo acuerdo.

No debe generalizarse esta decisión como si toda publicación web fuera inválida en cualquier procedimiento tributario. Lo determinante fue la combinación de hechos probados —correo registrado, método escogido y publicación posterior— con el régimen de notificación que el Tribunal estimó aplicable al acto concreto. Una defensa debe reconstruir precisamente esa secuencia y contrastarla con la norma vigente en el momento de la actuación.

Por qué la irregularidad importaba para la terminación por mutuo acuerdo

La consecuencia práctica fue inmediata. Si la liquidación oficial no había sido notificada en debida forma, no podía tratarse sin más como el último acto conocido por la contribuyente para negar la solicitud. El Tribunal consideró viable que Interasesores pidiera el beneficio con referencia al requerimiento especial, cuya notificación y conocimiento no estaban en discusión.

Esa conclusión favorable sobre la notificación, sin embargo, no significó que el Tribunal concediera finalmente la demanda. En su examen de otros requisitos del artículo 119 de la Ley 2010 de 2019, sostuvo que la sociedad había pagado insuficientemente el porcentaje de sanciones exigido, porque calculó indebidamente una reducción relacionada con el rechazo de pérdidas fiscales. Por esa nueva razón negó las pretensiones.

La Sección Cuarta revocó esa decisión. Explicó que la DIAN solo había rechazado la terminación por mutuo acuerdo por la supuesta firmeza de la liquidación oficial; no había fundado sus actos en una insuficiencia del pago de sanciones. Al introducir ese fundamento distinto, el Tribunal se pronunció sobre un aspecto ajeno a la motivación administrativa y a la controversia delimitada por las partes, vulnerando la congruencia externa y las oportunidades de defensa.

La sentencia de segunda instancia anuló el acta y las resoluciones que negaron la solicitud, y declaró el derecho de la contribuyente a acceder al mecanismo respecto de la renta de 2014. Es importante señalar que la Sala no resolvió de fondo si la reducción de la sanción por rechazo de pérdidas podía acumularse con el beneficio de terminación por mutuo acuerdo.

Cómo convertir esta enseñanza en una defensa probatoria

La utilidad práctica del caso no consiste en recomendar que se desconozcan liquidaciones oficiales por el solo hecho de no haber llegado a una bandeja de entrada. Se trata de exigir una verificación documental completa del acto y del canal de notificación. En un litigio semejante, el abogado necesitaría identificar la versión del RUT vigente para la fecha, la dirección electrónica reportada, la constancia del envío o de su ausencia, los documentos de devolución del correo físico y la fecha de publicación del aviso.

Después debe vincular esas pruebas con una consecuencia jurídica concreta: qué recurso podía interponerse, cuándo empezó a correr un término o qué acto administrativo podía considerarse oponible al interesado. El expediente de Interasesores demuestra que alegar una notificación irregular solo es útil cuando se explica cómo esa irregularidad afecta el trámite cuya legalidad está siendo examinada.

Ejemplo hipotético: una empresa registra correctamente un correo de notificaciones en su RUT, pero la administración envía una liquidación a una sede que ya no opera y la publica en su portal luego de recibir el sobre devuelto. Si la normativa aplicable exige notificación electrónica, el abogado deberá demostrar la inscripción previa del correo y precisar por qué la vía utilizada no satisfizo la notificación del acto. El ejemplo ilustra el método de análisis; no reemplaza la comprobación de los hechos ni permite anticipar automáticamente el resultado de otro proceso.

Una advertencia que evita conclusiones excesivas

La nota 4 de la página 4 de la providencia contiene una observación relevante: la conclusión del Tribunal sobre la falta de notificación también podría suscitar preguntas acerca de los plazos que tenía la DIAN para expedir y notificar válidamente la liquidación oficial, y la eventual firmeza de la declaración privada. No obstante, el Consejo de Estado dijo expresamente que no podía reabrir ese asunto porque no fue sometido al debate procesal correspondiente.

Esa precisión es tan importante como el resultado favorable a Interasesores. El fallo no declaró, como cuestión autónoma decidida en esta controversia, que la declaración privada hubiera quedado en firme por vencimiento del término de revisión. Tampoco convirtió cualquier deficiencia de notificación en un derecho automático a obtener todos los beneficios tributarios. Su decisión estuvo delimitada por la razón usada por la DIAN para denegar la terminación y por los reparos válidamente planteados en el proceso.

Conclusión: notificar no es simplemente publicar

En este expediente, la diferencia entre el correo inscrito en el RUT y la publicación en la página web fue jurídicamente significativa. El Tribunal estableció que la DIAN debió observar la notificación electrónica, y el Consejo de Estado preservó esa conclusión no controvertida al resolver la apelación. El desenlace también dejó una lección adicional: el juez no puede sustituir el fundamento del rechazo administrativo por otro que no hizo parte de la discusión.

Para el abogado tributario, el aprendizaje es doble. Hay que auditar cuidadosamente cada notificación y, al mismo tiempo, identificar con exactitud qué motivo administrativo se está combatiendo. Una buena defensa no se agota en probar que el contribuyente no recibió un correo: demuestra cuál era el procedimiento exigible y por qué su incumplimiento cambia el resultado jurídico del caso.

Fuente jurisprudencial

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 27 de agosto de 2026, rad. 25000-23-37-000-2021-00514-01 (29047). Consejera ponente: Claudia Rodríguez Velásquez. Demandante: Interasesores Asesores Empresariales Administrativos S. A. Demandada: DIAN. Véanse especialmente las páginas 3 a 8. Artículo elaborado exclusivamente a partir de la providencia.

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