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171-TRIBUTARIO

La DIAN puede ampliar el tiempo para revisar una declaración, pero no basta con ordenar una inspección: la prueba que marca la diferencia

Firmeza de declaraciones · Inspección tributaria · Suspensión de términos

Introducción: un plazo que parecía vencido

Una clínica presentó su declaración de renta y, años después, recibió un requerimiento especial de la DIAN. Su defensa apuntó al calendario: si el plazo para revisar la declaración había vencido, la autoridad ya no podía modificarla. Pero la controversia mostró por qué una fecha de vencimiento calculada sin revisar las suspensiones puede convertirse en un argumento procesal fallido.

En la sentencia del 17 de septiembre de 2026, la Sección Cuarta examinó la declaración del impuesto de renta de 2017 de Clínica Uros S. A. S. y resolvió dos cuestiones determinantes: cuándo se entiende efectivamente practicada una inspección tributaria y qué efectos tuvo la suspensión de términos durante la emergencia sanitaria de 2020. El resultado fue adverso para la contribuyente: el requerimiento especial notificado el 9 de julio de 2021 llegó dentro del tiempo legal.

La lección para el litigante no consiste en memorizar un plazo. Consiste en reconstruir toda su trayectoria: fecha inicial, norma de firmeza, correcciones que pudieran incidir en el cómputo, actos de inspección, actividad probatoria real y períodos extraordinarios de suspensión.

El caso: una declaración de 2017 y un requerimiento de 2021

Clínica Uros presentó su declaración de renta de 2017 el 13 de abril de 2018 y la corrigió el 26 de octubre del mismo año, sin modificar el saldo a pagar. La DIAN expidió la liquidación oficial de revisión del 9 de marzo de 2022: adicionó ingresos, rechazó otras partidas e impuso sanción por inexactitud. La clínica demandó dichos actos y el Tribunal Administrativo del Huila negó sus pretensiones.

En apelación, la contribuyente sostuvo que la declaración ya estaba en firme cuando la administración notificó el requerimiento especial el 9 de julio de 2021. Alegó que una inspección notificada el 9 de abril de ese año no produjo suspensión, porque —según su planteamiento— se había practicado demasiado tarde. También sostuvo que la suspensión ocasionada por la pandemia debía computarse desde la Resolución DIAN 030 de 2020 y no desde la Resolución 022.

Estos argumentos conducían a una discusión de competencia temporal: si el requerimiento era extemporáneo, la administración habría perdido la oportunidad de revisar la declaración. La Sección Cuarta no asumió que el auto de inspección bastara por sí mismo; examinó qué ocurrió realmente después de notificado.

La regla decisiva: la inspección debe producir actividad probatoria

El inciso primero del artículo 706 del Estatuto Tributario prevé que, cuando se practique inspección tributaria de oficio, el término para notificar el requerimiento especial se suspende durante tres meses contados desde la notificación del auto que decreta la diligencia. La expresión “se practique” es decisiva: la jurisprudencia de la Sección Cuarta exige que dentro de ese plazo se recaude al menos una prueba.

En otras palabras, no son equivalentes tres actuaciones diferentes: expedir un auto de inspección, notificarlo y ejecutar diligencias probatorias. El auto marca el inicio del período de suspensión previsto legalmente, pero su eficacia exige actividad investigativa efectiva. De lo contrario, bastaría una decisión formal para extender los plazos de fiscalización sin cumplir la finalidad de la norma.

La sentencia recoge esta exigencia mediante precedentes de 2014, 2016, 2023 y 2024, especialmente la decisión del 22 de agosto de 2024, expediente 28121. No exige que toda la investigación quede terminada durante los tres meses ni que se produzca la decisión de fondo en ese mismo lapso. La condición que resalta es que al menos una actuación probatoria haya sido practicada oportunamente.

Lo que ocurrió en la inspección de Clínica Uros

El auto comisorio de inspección fue expedido y notificado electrónicamente el 9 de abril de 2021. El 12 de abril la DIAN expidió un requerimiento ordinario solicitando, entre otros documentos, planillas de seguridad social, contratos laborales y certificados de retención; dicho requerimiento se notificó el 13 de abril y recibió respuesta el 27 de abril. La administración también solicitó información a la Caja de Compensación Familiar del Huila y obtuvo contestación.

Esos datos, visibles en la relación que la propia Sala hace del expediente administrativo, destruyeron la premisa fáctica de la apelación: sí hubo recaudo probatorio dentro de los tres meses siguientes a la notificación del auto. La información entregada por la clínica —particularmente los certificados de retención— sirvió incluso para identificar diferencias con los ingresos declarados.

Por esa razón, el Consejo de Estado concluyó que la inspección se practicó efectivamente y que procedía la suspensión de tres meses. En la defensa tributaria, discutir la eficacia de una inspección exige examinar el expediente, la fecha de cada requerimiento, su propósito y las respuestas recibidas; no es suficiente afirmar que el cierre o informe de la diligencia ocurrió después.

La pandemia también alteró el calendario

La segunda controversia fue la duración de la suspensión extraordinaria de términos en 2020. La clínica alegó que la Resolución DIAN 022 de 18 de marzo no suspendió los términos de firmeza y que la suspensión solo debía contarse desde la Resolución 030. La Sala rechazó esa lectura restrictiva.

Con apoyo en la sentencia del 2 de julio de 2026, expediente 29339, y en el análisis judicial de la Resolución 022 realizado en el expediente 25571, reiteró que las suspensiones generales adoptadas por la DIAN en el marco de la emergencia comprendieron los términos de firmeza. La interrupción del cómputo abarcó 75 días: del 19 de marzo al 1.º de junio de 2020, y los términos se reanudaron el 2 de junio.

Esta conclusión no convierte cualquier resolución de suspensión administrativa en una regla universal para todos los períodos tributarios. Corresponde a las disposiciones extraordinarias examinadas por la Sala y a los efectos temporales expresamente reconocidos en el fallo. Precisamente por eso importa identificar las resoluciones aplicables y la jurisprudencia que haya definido su alcance.

El cómputo final que resolvió el litigio

El plazo máximo para presentar la declaración era el 16 de abril de 2018; de acuerdo con el artículo 714 del Estatuto Tributario, el término inicial de tres años conducía al 16 de abril de 2021. La corrección del 26 de octubre de 2018 no alteró ese cómputo porque no cambió el saldo a pagar.

La suspensión extraordinaria de 75 días movió el límite al 30 de junio de 2021. A ella se sumaron los tres meses de suspensión por la inspección efectivamente practicada, llevando el vencimiento al 30 de septiembre de 2021. El requerimiento especial, notificado el 9 de julio de 2021, fue oportuno. Por ello la Sala descartó tanto la firmeza alegada como la falta de competencia temporal y la falsa o falta de motivación que la contribuyente pretendía derivar de la supuesta extemporaneidad.

Enseñanzas para quienes litigan

Primera: no construir el cargo de firmeza únicamente sobre la fecha de presentación. Es indispensable determinar la fecha legal de vencimiento para declarar y el efecto real de las correcciones. Segunda: diferenciar la mera notificación del auto de inspección de las pruebas practicadas; el expediente administrativo, más que el nombre del documento, indica si operó la suspensión.

Tercera: separar las suspensiones ordinarias de aquellas extraordinarias y explicar cada tramo del calendario con normas y fechas. Cuarta: al impugnar una inspección, precisar qué diligencia se realizó, cuándo se solicitó o recibió la información y por qué no constituiría prueba dentro del término; una alegación genérica pierde fuerza ante el registro de actuaciones concretas.

Esta sentencia reafirma una idea básica de técnica litigiosa: un día puede cambiar el resultado de una demanda, pero ese día solo se identifica correctamente cuando se reconstruye todo lo que sucedió antes. En un proceso tributario, el calendario también se prueba.

Fuente

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 17 de septiembre de 2026, radicación 41001-23-33-000-2023-00290-01 (29844), M. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Clínica Uros S. A. S. contra DIAN. La exposición se limita a los hechos, normas y precedentes citados en esta providencia.

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