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172-CUIDA TUS FINANZAS

Creyó que su operador le ofrecía un descuento, pero terminó en otra compañía: la SIC confirmó una multa de $502 millones

Una llamada para ofrecer una rebaja de apenas $5.000 terminó convirtiéndose en una lección sobre uno de los derechos más importantes de quienes utilizan telefonía móvil: nadie debería cambiar de operador sin saber, de manera clara y consciente, qué está autorizando. En el expediente revisado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una usuaria creyó que le estaban mejorando su plan de Claro. Lo que realmente se tramitaba era la portabilidad de sus líneas hacia Movistar.

La historia tiene un detalle poco común: la autoridad no se limitó a repetir la queja. Examinó una grabación, contrastó las palabras del asesor con las preguntas de la usuaria y distinguió entre tres cargos distintos. Dos quedaron confirmados; uno fue archivado. Por eso la sanción inicial de $718.229.188 se redujo a $502.000.000. La decisión permite entender cuándo una oferta telefónica deja de ser información suficiente y por qué el consentimiento exige algo más que continuar una conversación.

La oferta que parecía venir del operador de siempre

Durante la llamada comercial, el asesor se presentó como representante de Telefónica y mencionó que una línea que la usuaria tenía con Claro aparecía beneficiada con una “oferta gratis”. La propuesta fue explicada como si se tratara de una mejora del servicio existente. En el expediente se recoge una rebaja de $5.000: el valor mensual pasaría de $39.900 a $34.900. Para quien escucha rápidamente una promoción, puede parecer una simple oportunidad de pagar menos por lo mismo.

Sin embargo, la usuaria no estaba segura de quién hablaba ni de cuál era el verdadero alcance del ofrecimiento. Preguntó expresamente: “¿Tú me estás llamando de CLARO, cierto?”. El asesor respondió: “Sí señora, de Telefónica como le cuento”. Esa combinación de afirmación y rectificación fue decisiva. La SIC advirtió que, si la respuesta hubiera sido realmente precisa, el asesor habría aclarado que no llamaba desde Claro. En cambio, la contestación podía reforzar el malentendido que la propia conversación venía generando.

La confusión no aparece únicamente en aquella frase. Cuando la usuaria explicó a otra persona lo que acababa de aceptar, manifestó que entendía la promoción como un bono relacionado con Claro. También dio a entender que recogería una tarjeta SIM en un punto de ese operador. Estos fragmentos fueron valorados por la autoridad como indicios de que no había comprendido que estaban adelantando un traslado hacia una compañía diferente.

Una cosa es aceptar una rebaja y otra autorizar una portabilidad

La portabilidad numérica permite conservar un número telefónico al cambiar de proveedor. Pero conservar el número no significa permanecer vinculado a la misma empresa. Precisamente allí estuvo el problema de esta historia: el asesor explicó aspectos de una oferta y de la entrega de una SIM, pero la SIC encontró que no se comunicó claramente el paso esencial, esto es, que las líneas pasarían a Movistar.

La Superintendencia sostuvo que la información brindada no fue clara, veraz, suficiente y comprobable, como exige el régimen de protección de usuarios de comunicaciones. La usuaria había preguntado por la identidad del operador, se mostró desconcertada ante el ofrecimiento y nunca recibió, en los términos exigibles, una explicación inequívoca sobre la portabilidad. Aun así, dos líneas terminaron trasladadas. Respecto de una de ellas, la autoridad observó incluso que en la llamada examinada no se suministró información sobre su portación.

La conclusión jurídica no depende de que se haya pronunciado alguna vez el nombre “Telefónica”. En una contratación telefónica importa el contexto completo: cómo se presenta la propuesta, qué entiende razonablemente la persona, cuáles dudas expresa y si se le responde con claridad. Para la SIC, mencionar una marca no corrigió las respuestas contradictorias ni la ausencia de una explicación comprensible del cambio de operador. El derecho de elección libre no puede ejercerse de manera real cuando falta información esencial.

La prueba que cambió el sentido del caso: escuchar la conversación completa

Las grabaciones constituyeron un elemento probatorio central. Permitieron examinar no solo las afirmaciones de la empresa, sino la forma en que la usuaria reaccionó, preguntó y describió lo que había entendido. La autoridad valoró expresiones literales del asesor, la alusión a una “oferta gratis”, el supuesto descuento y las respuestas que alimentaron la confusión. Su razonamiento muestra por qué una venta telefónica no puede evaluarse únicamente a partir de una frase aislada en la que una persona parece aceptar.

Pensemos en un ejemplo hipotético: alguien recibe una llamada en la que le anuncian que su plan actual tendrá más datos y un valor inferior. Pregunta si su operador de siempre está haciendo el cambio y obtiene una respuesta ambigua. Luego recibe una SIM de otra empresa. Aunque haya manifestado interés en pagar menos, no necesariamente comprendió que autorizaba el traslado de su número. El ejemplo no reproduce nuevos hechos del expediente; ilustra por qué identificar claramente la empresa y el objeto de la contratación resulta indispensable.

La enseñanza es concreta: antes de aceptar una oferta telefónica, conviene preguntar el nombre comercial del proveedor que prestará el servicio, si habrá cambio de operador, cuáles números están involucrados, cuánto se pagará realmente y desde qué fecha se activará. Una respuesta evasiva o contradictoria es motivo suficiente para no avanzar hasta que todo quede explicado de modo verificable.

La SIC también corrigió un cargo a favor de la empresa

El expediente contenía otra controversia: una tarjeta SIM no fue entregada oportunamente a pesar de que una línea fue activada. La SIC explicó que no basta activar administrativamente una línea si el usuario no recibe el instrumento necesario para utilizarla: la entrega de la SIM forma parte de una portabilidad efectiva. Sin embargo, esa constatación no resolvía por sí sola quién era responsable de la falla.

Al revisar los soportes, la Delegatura encontró que Movistar había enviado la tarjeta a la dirección que le comunicaron y había intentado entregarla, sin conseguirlo por deficiencias en la información de la dirección. Consideró que esas circunstancias no podían imputarse al operador en ese cargo. Por esa razón desestimó y archivó el primero de los tres cargos y ordenó disminuir la multa. Es una distinción importante: una situación perjudicial para un usuario no autoriza, por sí misma, a responsabilizar a la empresa si la prueba demuestra una causa que no le es atribuible.

Los otros dos cargos tuvieron un desenlace distinto. La información confusa y la falta de una elección libre e informada sí quedaron acreditadas. Por ello, aunque se corrigió parcialmente la decisión inicial, subsistió una sanción considerable. Esta valoración diferenciada fortalece la enseñanza del caso: cada infracción debe analizarse a partir de sus propios hechos, pruebas y fundamentos jurídicos.

¿Qué significan realmente los $502 millones?

La Resolución 48272 del 22 de julio de 2025 modificó el valor de la multa, inicialmente fijado en $718.229.188, y la estableció en $502.000.000 después de archivar el cargo relativo a la entrega de la SIM. La cantidad es llamativa, pero debe interpretarse correctamente: se trata de una sanción administrativa a favor de la Nación, no de una indemnización entregada a la usuaria ni de una suma que un consumidor pueda reclamar automáticamente por vivir una situación semejante.

La SIC examinó las normas aplicables, el derecho de los usuarios a escoger libremente el proveedor y la obligación de recibir información adecuada sobre los servicios ofrecidos. También valoró la gravedad de las conductas confirmadas y los criterios legales de graduación. La cifra final, por tanto, no significa que una rebaja de $5.000 haya producido un perjuicio patrimonial de $502 millones; refleja la respuesta sancionatoria del Estado frente a las infracciones comprobadas.

Enseñanzas para cuidar el bolsillo y conservar el control de tu línea

Primera: identifica al proveedor, no solo al asesor. Que una persona mencione el nombre de una compañía en una llamada no sustituye la explicación expresa de cuál operador prestará finalmente el servicio. Si dicen que mejorarán el plan, pregunta si seguirás con la empresa actual o si están solicitando portabilidad.

Segunda: pide que te expliquen el alcance de cada autorización. Conviene verificar número por número qué líneas quedarán involucradas, qué plan se contrata, su precio y el momento de activación. Conservar el número telefónico no significa conservar el contrato con el proveedor anterior.

Tercera: deja constancia de lo sucedido. Si adviertes un traslado que no comprendiste o una contratación que no coincide con lo ofrecido, presenta una reclamación describiendo las frases y circunstancias relevantes, solicita el examen de la grabación y conserva el número de radicado y las respuestas. La decisión demuestra el valor de contrastar el relato del usuario con la evidencia disponible.

Cuarta: distingue publicidad atractiva de información suficiente. Una oferta económica puede ser legítima, pero la decisión de contratar exige comprender su objeto. La aparente ventaja de un descuento jamás debería ocultar un cambio de proveedor que el ciudadano no ha escogido conscientemente.

Conclusión: el consentimiento informado vale más que una promoción

Este caso no enseña que las empresas tengan prohibido ofrecer planes o competir por clientes. Enseña algo más elemental: competir por un usuario no autoriza a presentarle una portabilidad como si fuera únicamente un descuento en su servicio actual. La claridad no es un adorno de la venta, sino la condición que permite elegir libremente.

La SIC escuchó lo ocurrido, encontró responsabilidad en dos conductas y descartó otra cuando las pruebas favorecieron al operador. Esa es la principal lección para el público: ni el tamaño de la marca ni la apariencia de una oferta reemplazan el derecho a entender lo que se está contratando. Antes de decir “sí” a una rebaja por teléfono, asegúrate de saber a quién se lo estás diciendo y qué cambio estás autorizando.

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 48272 del 22 de julio de 2025, radicación 22-45537 (versión pública).

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